Los hechos son claros y ocurrieron en menos de un mes. Un robo de fusiles de guerra en Valparaíso. Seis suboficiales del Ejército detenidos por traficar cocaína desde la frontera norte. Ovoides de droga encontrados en otra unidad militar en Colchane. Y funcionarios de la Fuerza Aérea implicados en el traslado de ketamina.
Estos no son delitos aislados. Son señales de un fenómeno más profundo: la capacidad del crimen organizado para penetrar las instituciones armadas chilenas. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica, hoy es una realidad documentada. El Estado chileno enfrenta una vulnerabilidad en su núcleo más sensible, aquel que ostenta el monopolio legítimo de la fuerza. La discusión ya no es si puede pasar, sino cómo se va a gestionar una crisis que ya comenzó. El futuro de la seguridad y la integridad del Estado depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
Imaginemos un Chile donde la respuesta a esta crisis fue tibia. Las medidas anunciadas —rotación de personal, más controles— resultaron ser parches insuficientes. La disputa de competencia entre la justicia civil y la militar nunca se resolvió de fondo, creando un espacio de impunidad que el crimen organizado supo aprovechar.
En este futuro, la corrupción no es masiva, sino estratégica. Pequeñas células de militares y suboficiales colaboran con redes criminales. No se trata de ejércitos privados, sino de un goteo constante de favores, información y logística. Rutas de aviones militares son usadas para mover droga en pequeñas cantidades. Armamento fiscal se "pierde" y aparece en manos de bandas que controlan territorios en las ciudades. La contrainteligencia militar, enfocada en amenazas tradicionales, no logra detectar estas redes atomizadas y flexibles.
La confianza pública en las Fuerzas Armadas se desploma. La institución se vuelve opaca, defendiéndose con secretismo. Políticamente, el tema se convierte en un arma arrojadiza entre facciones, impidiendo una estrategia de Estado coherente. Chile no se convierte en un narco-Estado, pero sí en un país donde el Estado ha perdido el control total sobre sus propios instrumentos de defensa, volviéndose una plataforma más segura y eficiente para el crimen transnacional.
Ahora imaginemos un futuro alternativo. Los escándalos de 2025 generaron un shock político y social tan grande que obligaron a tomar medidas drásticas. Hubo un consenso transversal: el problema era estructural y requería una solución de Estado, no un ajuste administrativo.
En este escenario, la decisión más crítica fue una reforma profunda a la justicia militar. Se estableció sin ambigüedades que cualquier delito común cometido por un militar sería competencia exclusiva de la justicia civil. Esto eliminó los vacíos y las disputas que generaban impunidad. Se creó una nueva agencia de asuntos internos, con autonomía real y supervisión civil, encargada de investigar la corrupción en las Fuerzas Armadas y de Orden.
El pacto cívico-militar fue rediseñado. Se modernizaron las doctrinas para incluir la lucha contra la penetración del crimen organizado como una prioridad de la defensa nacional. Se reformó la carrera militar para blindar los procesos de ascenso y fortalecer los controles de confianza. La inversión en contrainteligencia se multiplicó, enfocándose en la detección de redes criminales internas. La confianza no se recuperó de la noche a la mañana, pero el Estado demostró su capacidad de auto-corregirse. Las Fuerzas Armadas que emergieron de esta crisis son más pequeñas, más tecnológicas y, sobre todo, más transparentes y resilientes a la corrupción.
Chile no ha llegado a ninguno de estos dos futuros. Todavía se encuentra en el punto de decisión. El camino que se tome dependerá de respuestas a preguntas fundamentales que deben resolverse hoy:
La narrativa de las "manzanas podridas" es cómoda, pero peligrosa. Asume que el canasto está sano. Los hechos recientes sugieren que hay que revisar el canasto completo. La inocencia, si alguna vez existió, se ha perdido. Lo que viene ahora es una prueba directa a la madurez y resiliencia del Estado chileno.