La "muerte cívica" se instala en la agenda pública: Cuando la sanción perpetua se convierte en la única respuesta a una confianza rota

Preguntas y Respuestas: Desentrañando el debate sobre la "Muerte Cívica"

Hace poco más de dos meses, el término "muerte cívica" irrumpió en el debate legislativo como una propuesta específica para sancionar el fraude con licencias médicas. Hoy, la expresión ha trascendido su origen para convertirse en un concepto que encapsula una profunda crisis de confianza ciudadana hacia la clase política. Ya no se trata solo de un proyecto de ley; es el síntoma de una ciudadanía que, frente a una seguidilla de escándalos de probidad, parece haber agotado su paciencia y ahora debate la pertinencia de la sanción más drástica: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

1. ¿Cómo un proyecto sobre licencias médicas se transformó en un debate nacional?

A fines de mayo, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (Demócratas) presentaron una moción que proponía la "muerte cívica" para funcionarios que utilizaran fraudulentamente licencias médicas. La iniciativa surgió tras un lapidario informe de la Contraloría que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos habían salido del país mientras gozaban de reposo médico. Lo que pudo ser una reacción acotada a un problema específico, actuó como un catalizador. La propuesta conectó inmediatamente con un sentimiento latente de agravio y desconfianza, alimentado por una sucesión de casos que, aunque distintos en su naturaleza, compartían un denominador común: el aparente uso de privilegios y la falta de rendición de cuentas.

2. ¿Qué otros eventos alimentaron esta percepción de crisis sistémica?

El debate sobre la "muerte cívica" se convirtió en el telón de fondo para analizar otros escándalos que emergieron casi en simultáneo, demostrando que el problema era transversal y no exclusivo de un sector político:

• A nivel parlamentario: Un reportaje de investigación expuso cómo las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN) utilizaron semanas distritales y permisos médicos para realizar viajes personales al extranjero, manteniendo intacta su dieta parlamentaria. El caso, que abarcaba ambos extremos del espectro político, reforzó la idea de que las malas prácticas son un problema de la "clase política" en su conjunto, no de un partido. La indignación escaló hasta la presentación de una querella por parte del abogado Luis Mariano Rendón, quien acusó un "robo al dinero de todos los chilenos".

• A nivel municipal: La Contraloría puso en jaque la gestión de la disuelta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), apuntando a irregularidades en proyectos millonarios bajo administraciones de derecha (Lavín, Peñaloza, Torrealba). Casi al mismo tiempo, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), enfrentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral que busca su inhabilitación por cinco años por "notable abandono de deberes", relacionado con el caso Sierra Bella y transferencias a corporaciones. Hassler, por su parte, acusó una "persecución política".

Juntos, estos casos pintaron un cuadro de fallas sistémicas, donde ni el color político ni el nivel de gobierno parecían ser una barrera para la conducta cuestionable.

3. ¿Por qué el sistema político parece incapaz de autorregularse?

La demanda por sanciones drásticas como la "muerte cívica" se intensifica ante la percepción de que el sistema político es incapaz de reformarse a sí mismo. Mientras la ciudadanía clama por probidad, el Congreso evidencia sus propias fracturas. Un ejemplo claro es el complejo panorama que enfrenta la reforma al sistema político, que busca establecer un umbral del 5% de los votos para que los partidos mantengan su representación parlamentaria. El presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri (UDI), admitió que sacar adelante la reforma es "cada vez más difícil", en parte por la resistencia de los partidos más pequeños que se verían afectados.

Esta parálisis legislativa en temas estructurales contrasta con las disputas internas, como las tensiones en el oficialismo evidenciadas por polémicos videos de campaña y declaraciones cruzadas. La incapacidad de generar acuerdos para fortalecer la gobernabilidad crea un vacío que es llenado por propuestas punitivas que, aunque populares, eluden el debate sobre las causas de fondo.

4. ¿Cuáles son las dos caras de la "muerte cívica"?

El debate ha expuesto una tensión fundamental en la forma de entender la justicia y la democracia:

• La perspectiva de la justicia ejemplar: Para sus defensores, la "muerte cívica" es una herramienta necesaria para restaurar la fe pública. Argumentan que las sanciones actuales son insuficientes y que solo una medida drástica y permanente puede disuadir futuras faltas a la probidad. Es una respuesta directa a la demanda ciudadana de que "no se la lleven pelá", estableciendo que la traición a la confianza pública tiene un costo definitivo.

• La perspectiva de los riesgos democráticos: Sus detractores, en cambio, advierten sobre los peligros de una sanción a perpetuidad. ¿Es compatible con los principios de rehabilitación y reinserción que rigen en otras áreas del derecho? ¿Podría convertirse en un arma para la persecución política, donde los tribunales electorales sean instrumentalizados para eliminar adversarios, como sugiere la defensa de la exalcaldesa Hassler? Se plantea que una medida de esta naturaleza podría erosionar derechos fundamentales y abrir la puerta a un populismo punitivo que, en su afán de castigar, debilite las garantías del debido proceso.

5. ¿En qué estado se encuentra el debate?

El proyecto de ley que originó todo sigue su trámite en el Congreso, pero su futuro es incierto. Sin embargo, su principal legado, hasta ahora, no es legislativo, sino cultural. La "muerte cívica" se ha consolidado en el imaginario colectivo como un estándar de exigencia. El debate ya no es si debe haber sanciones, sino cuán severas deben ser. La discusión ha evolucionado de un problema de legalidad a uno de legitimidad, y ha dejado en evidencia que la desconexión entre la ciudadanía y sus representantes ha alcanzado un punto crítico donde las soluciones extremas se vuelven, para muchos, no solo deseables, sino necesarias.