El INDH pasa de guardián a vigilado: La crisis que transformó un conflicto laboral en un debate sobre su existencia

Pregunta y Respuesta: Desentrañando la Metamorfosis del INDH

Lo que hace tres meses comenzó como un paro de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por demandas de conciliación laboral, ha mutado en un campo de batalla que redefine los límites de su autonomía. Hoy, la discusión no gira en torno a las condiciones de trabajo, sino sobre la existencia misma del organismo, su poder para interponer querellas y la responsabilidad de quienes lo dirigen. Una propuesta de ley para que los consejeros paguen de su bolsillo los costos de juicios perdidos es solo el último capítulo de una historia que expone la fragilidad de una institución clave en un Chile polarizado.

1. ¿Cómo un conflicto laboral se convirtió en una crisis institucional?

Todo comenzó en junio de 2025. La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) convocó a un paro para exigir a la entonces directora, Consuelo Contreras, medidas efectivas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Este conflicto interno, centrado en la gestión, abrió una fisura que fue rápidamente aprovechada por actores externos. El diputado Daniel Lilayu (UDI) vio una oportunidad y solicitó a la Contraloría General de la República que evaluara aplicar descuentos salariales a los huelguistas, argumentando que el INDH, como servicio público, está sujeto a su fiscalización.

Este movimiento transformó una disputa gremial en un debate sobre el control y la disciplina de un organismo autónomo. La Contraloría acogió la solicitud y pidió un informe al INDH, marcando el primer paso en la escalada de presiones externas sobre la institución.

2. ¿Qué fuerzas políticas están interviniendo y con qué objetivos?

La crisis ha servido de plataforma para dos visiones antagónicas sobre el rol del INDH en el Estado chileno.

• La ofensiva por la restricción y el control: Sectores de la derecha han intensificado sus críticas, acusando al Instituto de “activismo judicial” y de una persecución sistemática contra las fuerzas de orden, especialmente tras el estallido social de 2019. Esta postura se materializó en dos frentes. Primero, la amenaza existencial del candidato presidencial José Antonio Kast de cerrar el organismo si llega al poder. Segundo, una estrategia legislativa concreta: diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron en agosto un proyecto de ley para que las querellas del INDH requieran unanimidad de su Consejo o, en su defecto, que los consejeros que las aprueben asuman personalmente los costos si el juicio se pierde. Argumentan su propuesta con cifras: de 2.809 querellas por el estallido, solo 51 (1,82%) han resultado en condenas, mientras que el INDH ha sido condenado a pagar millonarias costas en casos emblemáticos como el del ex carabinero Sebastián Zamora.

• La defensa de la autonomía institucional: En respuesta, el gobierno del Presidente Gabriel Boric movió sus piezas. A principios de julio, nombró a la excanciller Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nueva integrante del Consejo del INDH. Este nombramiento fue interpretado como un intento de blindar al Instituto con una figura de peso y trayectoria internacional. El nuevo director, Yerko Ljubetic, ha asumido un rol de defensor público de la institución, declarando que la “responsabilidad del Estado trasciende los gobiernos” y que el INDH es un compromiso permanente de Chile con los derechos humanos, no un organismo sujeto a los vaivenes políticos de turno.

3. ¿Por qué el estallido social de 2019 es el fantasma que recorre esta crisis?

Es imposible entender la actual ofensiva contra el INDH sin retroceder a octubre de 2019. Durante la revuelta social, el Instituto asumió un rol protagónico en la denuncia de violaciones a los derechos humanos, presentando miles de acciones judiciales contra agentes del Estado. Esta actuación le granjeó el reconocimiento de organizaciones civiles y víctimas, pero también una profunda animadversión de sectores de la derecha y de las propias instituciones de orden y seguridad.

Para sus críticos, el INDH actuó con “populismo judicial”, interponiendo querellas sin sustento suficiente, lo que generó un daño reputacional a funcionarios que luego fueron absueltos. Para sus defensores, el Instituto cumplió con su mandato legal de proteger a los ciudadanos frente a un uso desmedido de la fuerza estatal. El bajo número de condenas es visto por los primeros como prueba de la irresponsabilidad del INDH, y por los segundos, como una muestra de las dificultades para alcanzar justicia en el sistema penal.

4. ¿En qué estado se encuentra el debate y qué sigue ahora?

El tema está lejos de cerrarse; ha evolucionado a una nueva etapa, más compleja y peligrosa para la autonomía institucional. La discusión ya no es sobre si la dirección del INDH gestiona bien o mal los recursos o al personal. El debate de fondo es sobre su diseño, sus atribuciones y su financiamiento.

El proyecto de ley de RN, más allá de su viabilidad legislativa, ha instalado con éxito un marco de desconfianza sobre el accionar del Instituto. La crisis interna dejó al INDH en una posición vulnerable, y las fuerzas políticas que buscan reducir su poder han capitalizado esa debilidad. El guardián de los derechos humanos en Chile está ahora bajo una intensa vigilancia, y su capacidad para actuar con la independencia que su mandato requiere enfrentará su prueba más dura en el Congreso y en la arena de la opinión pública.