Hace poco más de dos meses, el aterrizaje de un vuelo chárter en Santiago, custodiado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, pasó casi desapercibido. Traía a 44 chilenos deportados. La Moneda lo enmarcó como un acto de cooperación policial para detener a tres prófugos de la justicia chilena. Hoy, tras una seguidilla de vuelos similares, la narrativa ha cambiado drásticamente. Lo que parecía un asunto de crónica roja se ha consolidado como el fin de una era: la del pasaporte chileno como un documento casi mágico, llave de entrada a la primera potencia mundial sin mayores trámites.
La nueva y dura política migratoria de la administración Trump, implementada globalmente, ha disuelto la excepcionalidad de Chile. El programa Visa Waiver, que por años fue un símbolo del estatus del país como socio confiable y desarrollado, hoy pende de un hilo. La situación ha desatado un profundo debate nacional que transita desde la seguridad pública hasta la autopercepción de Chile en el escenario mundial, obligando a una relectura incómoda sobre la fragilidad de los privilegios diplomáticos.
La historia de este reajuste geopolítico se escribió en pocas semanas.
El análisis de la situación revela una profunda divergencia de interpretaciones, tanto dentro como fuera de Chile.
La narrativa de La Moneda: El gobierno chileno ha optado por una estrategia de control de daños. Su discurso público, como lo reflejan las declaraciones de la vocería, insiste en que Chile no es un objetivo específico, sino una víctima más de una política global de "tolerancia cero". Internamente, se recalca la cooperación policial como un esfuerzo para salvar el programa Visa Waiver, compartiendo información sobre delincuentes para evitar un castigo colectivo.
La doctrina de Washington: Desde Estados Unidos, la medida es coherente con una plataforma de seguridad interna y control fronterizo. La deportación de cualquier individuo en situación irregular, sea por cometer delitos o por una falta administrativa como exceder una visa, es parte central de su nueva doctrina. Las masivas protestas en ciudades como Los Ángeles, documentadas por medios como la BBC y La Tercera, demuestran que es una política doméstica con profundas repercusiones internacionales, donde Chile es solo una pieza más del tablero.
El debate en el Congreso chileno: El parlamento se ha convertido en el epicentro de un debate cruzado. Por un lado, diputados como Víctor Pino (Ind.) acusan un mal manejo de la política exterior del gobierno de Boric. Por otro, parlamentarios oficialistas como Carolina Tello (PC) defienden la colaboración policial como la única vía para mitigar el problema. Voces más centristas, como la del senador Matías Walker (Demócratas) o el diputado Ricardo Cifuentes (DC), apuntan a una confluencia de factores: la irresponsabilidad de los "turistas delictuales" chilenos, un contexto internacional volátil con Trump en el poder y la necesidad de que el Estado chileno mejore sus propios controles migratorios.
Esta crisis no surgió de la nada. Durante años, la prensa internacional y las policías de Europa y Norteamérica han reportado sobre bandas de "lanzas" chilenos especializados en robos a viviendas de lujo. Este "turismo delictual" se convirtió en un pasivo estratégico para la diplomacia chilena. La facilidad de ingreso que otorgaba la Visa Waiver fue sistemáticamente abusada, generando una presión creciente sobre el programa mucho antes de la llegada de los vuelos de deportación.
El gobierno de EE.UU. ya había advertido a Chile en múltiples ocasiones sobre la necesidad de mejorar el intercambio de información penal. La nueva política migratoria de la Casa Blanca no creó el problema, pero sí actuó como el catalizador que lo hizo explotar, demostrando que la paciencia del socio norteamericano se había agotado.
Dos meses después del primer vuelo, el panorama es claro: Chile ha perdido un activo diplomático clave. La relación con Estados Unidos ha entrado en una nueva fase, menos anclada en la confianza y más en el realismo pragmático. El "pasaporte mágico" es ahora un documento bajo escrutinio, y cada chileno que viaja a EE.UU. enfrenta una incertidumbre que antes era impensable.
El tema no está cerrado. Ha evolucionado hacia un debate nacional sobre qué tipo de país es Chile y cómo se relaciona con el mundo. La crisis obliga a una reflexión sobre la responsabilidad compartida entre el Estado, que debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de acuerdos, y los ciudadanos, cuyo comportamiento en el extranjero tiene consecuencias directas sobre la reputación y los privilegios de toda una nación. Chile ha sido forzado a mirarse al espejo, y la imagen que devuelve es la de un país menos excepcional de lo que creía.