La industria del salmón se defiende del crimen organizado: Mientras un fraude millonario expone sus debilidades internas

La industria del salmón se defiende del crimen organizado: Mientras un fraude millonario expone sus debilidades internas
2025-08-04

* En los últimos meses, el gobierno ha creado una fuerza de tarea para combatir el robo de salmones por parte de bandas criminales.

* Paralelamente, un fallo arbitral condenó a los antiguos dueños de Australis a pagar casi US$300 millones por ocultar sobreproducción, revelando un grave escándalo corporativo.

* Ambas crisis contrastan con la imagen de sostenibilidad e innovación que la industria proyecta, abriendo un debate sobre la viabilidad de su modelo de desarrollo en el sur de Chile.

La Doble Crisis del "Oro Rosado"

Hace apenas dos meses, en el exclusivo Teatro del Lago en Frutillar, la industria salmonera desplegaba su máxima influencia. El Salmón Summit 2025, organizado por SalmonChile, reunió a figuras presidenciales como Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Antonio Kast, junto a líderes de la SOFOFA y la CPC. El mensaje era claro y optimista: la salmonicultura es un motor de innovación, desarrollo descentralizado y sostenibilidad para el sur de Chile, un pilar de la "economía azul" que alimenta a millones en el mundo y sostiene más de 86.000 empleos.

Sin embargo, mientras se discutía el futuro, el presente de la industria ya estaba marcado por dos crisis profundas que avanzaban en paralelo. A 90 días de esos discursos, la narrativa de progreso choca con una realidad de crimen y engaño que cuestiona los cimientos del segundo sector exportador más importante del país.

Frente 1: La Infiltración del Crimen Organizado

El 18 de julio, la Subsecretaría de Seguridad Pública oficializó un problema que la industria venía denunciando en voz baja: la creación de una “Fuerza de Tarea Anti-Robo de Salmones”. La medida no respondía a robos menores, sino a una amenaza de crimen organizado. Según las autoridades, bandas estructuradas no solo roban cargamentos completos —con 51 casos policiales registrados entre 2023 y 2024—, sino que utilizan las ganancias para financiar otros mercados ilícitos como el tráfico de drogas y la adquisición de armas.

La mesa de trabajo, que integra a Carabineros, la PDI, el SII, Sernapesca y los propios gremios como SalmonChile y el Consejo del Salmón, busca fortalecer la trazabilidad del producto. El objetivo es cerrar las brechas en la cadena de valor que permiten a estas organizaciones criminales operar. La iniciativa estatal confirma que el problema escaló de un asunto de seguridad privada a una amenaza para la seguridad pública regional, evidenciando la vulnerabilidad logística de una industria que mueve miles de millones de dólares.

Frente 2: El Fraude que Sacude la Confianza Corporativa

Casi simultáneamente, el 2 de agosto, un terremoto sacudió el corazón financiero del sector. Un tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago emitió un fallo histórico en el caso que enfrentaba a la gigante china Joyvio, actual dueña de la salmonera Australis Seafoods, y su antiguo propietario, el empresario chileno Isidoro Quiroga.

El laudo condenó a Quiroga a devolver cerca de US$300 millones a Joyvio. La razón: haber incumplido el contrato de venta al entregar información incompleta sobre el cumplimiento ambiental de la empresa. En el fondo, el fallo validó la acusación de que Australis había incurrido en una sobreproducción sistemática y no declarada para inflar artificialmente su valor antes de la venta en 2019.

Aunque el tribunal descartó el “dolo” (intención maliciosa), sí determinó que los vendedores omitieron información relevante. La defensa de Quiroga calificó el fallo de “insólito”, argumentando que la empresa siempre actuó según la interpretación de la norma vigente en ese momento y que fue un cambio de criterio posterior de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) lo que generó el conflicto. Sostienen que Joyvio, con sus asesores, conocía perfectamente los riesgos de la industria.

Más allá de la batalla legal que continuará con recursos de nulidad, el caso Australis dejó al descubierto una cultura de operar en los límites de la regulación ambiental, una práctica que, según fuentes del sector, no sería exclusiva de una sola compañía. El escándalo no solo genera un “precedente nefasto” para futuras inversiones, como alega la defensa, sino que instala una profunda desconfianza sobre la gobernanza y la transparencia corporativa de la industria.

Una Industria en la Encrucijada

La situación actual es de una disonancia profunda. Por un lado, una industria que se asocia con Noruega para liderar la acuicultura del futuro y que se presenta como actor clave del desarrollo. Por otro, una actividad económica infiltrada por el crimen organizado y manchada por un escándalo de fraude que revela graves fallas internas.

Las dos crisis, aunque de naturaleza distinta, se retroalimentan. La falta de controles rigurosos y la cultura de maximizar la producción a cualquier costo, como sugiere el caso Australis, crean un entorno de informalidad que puede ser explotado por redes criminales. La pregunta que queda abierta es si la industria salmonera tiene la capacidad de realizar una autocrítica profunda y reformar sus prácticas.

El futuro del “oro rosado” chileno ya no depende solo de su competitividad en los mercados internacionales o de su capacidad para innovar. Su supervivencia como industria estrella depende ahora de su habilidad para recuperar la confianza, demostrando con hechos que la sostenibilidad y la legalidad son más que conceptos para un summit. El debate sobre el modelo de desarrollo para el sur de Chile está, más que nunca, sobre la mesa.

La historia revela la convergencia de múltiples crisis —económica, de seguridad y de reputación— en una industria clave para la economía nacional. Su evolución, desde problemas ambientales históricos hasta la infiltración del crimen organizado y escándalos de fraude corporativo, permite un análisis profundo sobre la fragilidad de un modelo de desarrollo y la capacidad de respuesta del Estado y del sector privado ante amenazas complejas y multifactoriales.