El Estado audita su propia fiebre: El fraude de licencias médicas se transforma en una crisis de confianza sistémica

El Diagnóstico: De la Denuncia al Terremoto Institucional

Lo que comenzó a fines de mayo como un dato estadístico impactante —más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica— ha madurado, dos meses después, en una crisis de confianza que corroe los cimientos del Estado. La revelación de la Contraloría General de la Repúbica no fue solo una anécdota de "pillería" a gran escala; fue el primer síntoma de una enfermedad sistémica cuya metástasis ha alcanzado a todos los poderes del Estado, forzado renuncias de altos cargos y extendido la sospecha al sector privado.

Hoy, el debate ya no se centra en el viaje de vacaciones pagado con un reposo fraudulento. La discusión, ahora más profunda, apunta a las fallas estructurales de fiscalización, la laxitud ética en la administración pública y la dolorosa pregunta de si la cultura de "hacerse el leso", como la describió un columnista de La Tercera, se ha vuelto una práctica endémica.

La Fiebre de Cada Poder del Estado

La evolución del escándalo ha sido un espejo de las debilidades institucionales. La primera reacción vino desde el Ejecutivo, con la solicitud de renuncia a Pamela Gana, la ahora ex superintendenta de Seguridad Social (SUSESO). Su salida, confirmada a mediados de junio por el Ministerio del Trabajo, fue la consecuencia directa de una segunda auditoría de Contraloría que desnudó el caos interno de la entidad fiscalizadora: más de 5.100 cuentas activas de personas fallecidas, demoras de hasta 427 días en resolver sanciones y procesos manuales que ponían en riesgo la integridad de los datos. La SUSESO, el organismo llamado a controlar, estaba fuera de control.

El Poder Judicial, por su parte, acusó recibo del golpe. En un pleno extraordinario, la Corte Suprema estableció un protocolo para que jueces y funcionarios se autodenunciaran por el uso irregular de licencias, centralizando las investigaciones en las fiscalías judiciales. Fue un movimiento preventivo, un intento por limpiar la casa antes de que el escrutinio externo se hiciera insostenible, reconociendo implícitamente que sus propias filas no eran inmunes al problema.

El Congreso, aunque no ha sido el foco principal de la investigación, se ha visto envuelto en el debate, con parlamentarios de distintas bancadas exigiendo medidas y discutiendo proyectos de ley para endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de control, como el acceso a cuentas bancarias institucionales propuesto por el senador Iván Flores.

La Reacción Gremial: Entre la Condena y la Defensa

El escándalo también generó tensiones en el mundo gremial, mostrando la diversidad de posturas. El Colegio Médico (Colmed) fue tajante. Su presidenta, Anamaría Arriagada, calificó a los profesionales que venden certificados falsos como "delincuentes de bata blanca", anunciando querellas y la activación de sus tribunales de ética. La declaración apuntaba a una de las raíces del problema: la complicidad de algunos médicos en la emisión de licencias sin fundamento clínico.

En la vereda opuesta, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) salió en defensa de sus asociados. Sus dirigentes criticaron duramente a la contralora Dorothy Pérez, acusándola de vulnerar la presunción de inocencia y de tener "motivaciones políticas y mediáticas". Este contrapunto evidenció la complejidad del fenómeno: mientras una parte de la sociedad exigía sanciones ejemplares, los sindicatos alertaban sobre una generalización que podía afectar a quienes sí cumplían con la normativa.

El Contagio: Del Sector Público al Privado y la Fama

Si algo ha demostrado el tiempo es que el virus del fraude no distinguía entre sector público y privado. A principios de julio, la SUSESO, ya bajo una nueva dirección interina, anunció que la investigación se ampliaría a más de 2,8 millones de trabajadores del sector privado, solicitando a la PDI el cruce de datos de viajes. El escándalo, que parecía confinado a los funcionarios del Estado, se convertía oficialmente en un problema nacional.

La transversalidad del fenómeno quedó aún más expuesta con casos mediáticos, como la querella presentada por el animador Francisco Saavedra contra una extrabajadora que acumuló 1.100 días de licencia mientras, presuntamente, viajaba por el extranjero. Este tipo de casos, junto a otros de corrupción como el del desaforado diputado Mauricio Ojeda, aunque por una arista distinta, alimentaron la percepción ciudadana de una crisis de probidad generalizada.

Prognosis: Un Reposo Roto y la Larga Rehabilitación de la Confianza

El tema está lejos de cerrarse. La investigación masiva en el sector privado apenas comienza y las responsabilidades administrativas y penales en el aparato estatal siguen su curso. Lo que queda, por ahora, es la constatación de que el sistema de licencias médicas, un pilar de la seguridad social, presenta grietas profundas que fueron ignoradas por años. Como señaló una columna de opinión, estas fueron "sorpresas evitables".

La crisis ha forzado al Estado a mirarse al espejo y confrontar sus propias debilidades. La rehabilitación de la confianza pública será un proceso largo y complejo que requerirá más que sumarios y renuncias. Exigirá una reforma estructural a los mecanismos de fiscalización, pero sobre todo, un cambio cultural que revalorice la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El reposo, por ahora, está roto, y la recuperación de la fe pública requerirá una terapia de shock basada en la transparencia y la acción decidida.