Un exembajador no se presenta a su formalización por contrabando: El caso que mide la confianza en la diplomacia chilena
La audiencia de formalización fijada para el 3 de julio en el Juzgado de Garantía de San Antonio no se concretó. El imputado, Camilo Sanhueza Bezanilla, exjefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería, no se presentó. Según la fiscalía, la notificación no fue posible porque el exdiplomático habría proporcionado un domicilio inexistente. Este acto, que podría ser una simple dilación procesal, se ha convertido en el último capítulo de un caso que ha escalado desde un delito de contrabando a un profundo cuestionamiento sobre la probidad y la confianza en las instituciones del Estado.
El origen de la investigación se remonta a la incautación de 16 pieles de animales disecadas en el puerto de San Antonio, ingresadas al país por Sanhueza. La revelación del caso forzó su renuncia inmediata, pero la investigación penal siguió su curso, culminando en la solicitud de formalización por parte del fiscal Rolando Ramírez. La audiencia fue reagendada para agosto, con la advertencia de que una nueva incomparecencia podría derivar en una orden de arresto.
Más que un delito: un síntoma
Sin embargo, a más de dos meses de que el caso se hiciera público, el debate ha desbordado los márgenes del tribunal. El hecho de que un alto funcionario, cuya carrera se construyó sobre la base de la representación y la confianza del Estado chileno, esté siendo investigado por un delito común y, además, parezca eludir a la justicia, ha tocado una fibra sensible en la opinión pública. Lo que se rompió no fue solo la ley aduanera, sino la simbólica "valija diplomática" que debería transportar la integridad del país.
Este episodio no ocurre en el vacío. Se entrelaza con una creciente ansiedad sobre la imagen de Chile en el exterior. Durante mayo y junio, dos vuelos con más de 80 chilenos deportados desde Estados Unidos aterrizaron en Santiago, muchos de ellos acusados de cometer delitos. Este fenómeno, apodado "turismo delictual", ha puesto en jaque la permanencia de Chile en el Programa Visa Waiver, un beneficio exclusivo en la región.
Las reacciones: entre la política y el silencio institucional
En este contexto, el caso Sanhueza actúa como un catalizador. A principios de julio, senadores de la UDI presentaron un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a quienes usen beneficios migratorios para delinquir en el extranjero. "Chile no puede seguir siendo utilizado como plataforma para el turismo delictual", afirmó el senador Enrique van Rysselberghe, argumentando que estos actos "traicionan la confianza de países que han apostado por Chile".
La reacción política contrasta con el manejo institucional. Mientras el poder legislativo propone endurecer las leyes para proteger la reputación del país, desde la Cancillería el caso se ha manejado con la discreción de un sumario administrativo y la confirmación de la renuncia. Esta distancia alimenta preguntas incómodas: ¿Existen controles adecuados para los funcionarios diplomáticos? ¿Es este un caso aislado o un síntoma de grietas más profundas en el servicio exterior, que también ha enfrentado recientemente denuncias de acoso laboral en su embajada en Argentina?
Un debate abierto
El caso de Camilo Sanhueza sigue abierto. La justicia deberá determinar su culpabilidad en el delito de contrabando. Pero la historia ya ha madurado más allá del expediente judicial. Se ha convertido en un espejo que refleja las tensiones entre el privilegio de la función pública y el deber de probidad, y la fragilidad de la reputación internacional de un país en un mundo interconectado. La pregunta que queda en el aire no es solo si el exembajador será condenado, sino si el sistema que lo formó y le otorgó su confianza es capaz de examinarse a sí mismo y reparar las grietas que este caso ha dejado al descubierto.