A mediados de 2025, Minera Escondida, el yacimiento de cobre más grande del mundo, celebra un período de prosperidad sin precedentes. Sus informes financieros anuncian ganancias que se duplicaron, superando los US$ 1.380 millones en el primer trimestre, y una producción que alcanzó su mejor nivel en 17 años. Las arcas fiscales también se benefician, con más de US$ 900 millones en impuestos. Sin embargo, a tres meses de que estas cifras se hicieran públicas, una realidad paralela y discordante se vive en los campamentos y hogares de 105 de sus trabajadores y extrabajadores. Para ellos, la bonanza de la compañía se traduce en un descuento mensual en sus liquidaciones de sueldo, un embargo ordenado por la Corte Suprema para devolver un bono de $8,5 millones que recibieron en 2019.
Este caso expone una de las grandes paradojas del modelo económico chileno: ¿cómo pueden coexistir la opulencia corporativa y la precariedad individual dentro de una misma empresa? La respuesta no es simple y se encuentra en una compleja trama de disputas sindicales, decisiones judiciales y estrategias corporativas.
Para entender la deuda actual, es necesario retroceder a 2019. En medio de tensiones internas, un grupo de trabajadores se desafilió del poderoso Sindicato N°1 y, a través de un sindicato interempresa, negoció un convenio colectivo directamente con la compañía. El acuerdo incluyó un Bono de Término de Negociación (BTN) de $8,5 millones para cada uno.
La reacción del Sindicato N°1 fue inmediata y contundente. Presentó una demanda por práctica antisindical, argumentando que la negociación fue ilegal al no cumplir con el quórum necesario y que constituía una estrategia de la empresa para debilitar su poder de negociación y fragmentar a los trabajadores. El argumento central era que se estaba socavando la representatividad del sindicato principal, un pilar del derecho laboral colectivo.
El proceso judicial fue largo. Primero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la denuncia y declaró nulo el acuerdo. La empresa y los trabajadores afectados llevaron el caso hasta la Corte Suprema, pero en junio de 2025, el máximo tribunal ratificó el fallo, dejando sin efecto el bono y ordenando su restitución. La victoria legal del Sindicato N°1 se convirtió en una pesada carga financiera para el centenar de trabajadores involucrados.
La situación actual revela un campo de batalla con al menos tres frentes con lógicas y objetivos distintos:
El tema está lejos de cerrarse. A finales de julio de 2025, el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió la solicitud del Sindicato N°1 y decretó una medida cautelar para suspender la entrega del préstamo ofrecido por BHP. La justicia consideró plausibles los argumentos de práctica antisindical y discriminación, abriendo un nuevo capítulo judicial.
Así, el conflicto ha mutado. Lo que comenzó como una disputa por la legalidad de una negociación colectiva, hoy es un enfrentamiento abierto sobre los límites de la acción corporativa, la integridad de las organizaciones sindicales y el rol del sistema judicial como mediador. Mientras Minera Escondida sigue batiendo récords que impulsan la economía nacional, la historia de estos 105 trabajadores sirve como un recordatorio crítico: en el complejo ecosistema de las relaciones laborales, las cifras macroeconómicas no siempre son un reflejo de la justicia y el bienestar a nivel humano.