El Poder Regional se Juega en Tribunales: Cómo el Caso Orrego Redefinirá el Futuro de las Gobernaciones
La crisis que enfrenta el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ha dejado de ser un asunto sobre contratos de coaching o tratos directos. Se ha convertido en el primer gran laboratorio del poder regional en Chile. Las acusaciones de Contraloría y la solicitud de destitución presentada por la oposición no solo ponen en jaque a una figura política; están forzando al límite el diseño institucional de las gobernaciones, un modelo aún en su infancia. Lo que se decida en los tribunales y en el Congreso en los próximos meses definirá el alcance real de la descentralización para la próxima década.
Fase 1: La Batalla Legal y sus Consecuencias Inmediatas (Corto Plazo)
El futuro inmediato de la Gobernación Metropolitana, y por extensión de todas las demás, depende de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Los consejeros de oposición basan su requerimiento en dos causales: notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad. La interpretación que el Tricel haga de estos conceptos será decisiva.
- Escenario de Destitución: Si el Tricel acoge el requerimiento, el impacto será inmediato y profundo. Se sentaría un precedente de que los mecanismos de fiscalización pueden usarse para remover a una autoridad electa por mayoría, incluso si los hechos aún están en investigación penal o administrativa. Esto podría convertir a los Consejos Regionales en plataformas de guerra política permanente, donde la amenaza de destitución se use para paralizar o condicionar la gestión de los gobernadores. La gobernabilidad regional quedaría supeditada a las mayorías políticas del consejo.
- Escenario de Absolución: Si Orrego es absuelto, su figura se fortalecerá legalmente, pero el desgaste político será innegable. Este resultado expondría la solicitud de destitución como una maniobra política sin sustento jurídico suficiente. Sin embargo, también podría interpretarse como una debilidad del sistema de contrapesos, generando presión para reformar la ley y dotar a los consejeros de herramientas de fiscalización más efectivas y menos extremas que la destitución.
Un factor de incertidumbre clave es la investigación penal paralela. Una eventual formalización de Orrego por parte de la Fiscalía podría cambiar drásticamente el escenario, aún si el Tricel lo absuelve.
Fase 2: La Redefinición Institucional (Mediano Plazo)
Independientemente del veredicto, el caso Orrego ha revelado una tensión estructural en el diseño de los gobiernos regionales. Un gobernador con un mandato ciudadano fuerte y control sobre un presupuesto significativo se enfrenta a un consejo fragmentado cuyo principal poder de fiscalización es la opción "nuclear" de la destitución. Esta dinámica es insostenible a largo plazo.
El futuro más probable es una reforma legal correctiva. El Congreso se verá obligado a legislar para evitar que esta crisis se repita en otras regiones. La discusión se centrará en:
- Clarificar las causales de destitución: Definir con precisión qué constituye "notable abandono de deberes" para evitar su uso discrecional.
- Crear sanciones intermedias: Establecer un catálogo de sanciones administrativas o políticas para faltas que no ameriten la destitución.
- Fortalecer la fiscalización continua: Otorgar a los consejeros más atribuciones para supervisar la ejecución presupuestaria y los convenios en tiempo real, no solo a posteriori.
Si no hay acuerdo político para esta reforma, el escenario alternativo es una guerra de trincheras institucionalizada. Los gobernadores actuarían con una cautela paralizante para no dar municiones a sus opositores, mientras los consejos se dedicarían a la búsqueda de errores administrativos en lugar de a la colaboración estratégica. El resultado sería la parálisis y el descrédito de la descentralización.
Fase 3: El Nuevo Equilibrio Político (Largo Plazo)
Esta crisis está destinada a cambiar la forma en que se concibe y ejerce el poder regional. La figura del gobernador, vista por algunos como una potencial plataforma presidencial, ahora se revela como un cargo de alta exposición y vulnerabilidad. Cualquier gobernador con aspiraciones nacionales será sometido a un escrutinio implacable, donde la gestión administrativa se convierte en un campo de batalla político.
A largo plazo, podríamos ver una profesionalización forzada de los roles. Los gobernadores necesitarán equipos jurídicos y administrativos más robustos para blindar su gestión. A su vez, los consejeros regionales deberán pasar de la denuncia mediática a la fiscalización técnica y documentada para que sus acciones tengan peso legal.
En síntesis, el caso Orrego es el primer examen de estrés real del andamiaje regional chileno. Más que determinar el futuro de un político, su resolución establecerá las reglas no escritas del poder regional. La gran pregunta es si este conflicto conducirá a un fortalecimiento institucional que equilibre poder y control, o si inaugurará una era de judicialización y bloqueo político que termine por vaciar de contenido la promesa de la descentralización.