El Financiamiento de la Educación Superior pasa de promesa a campo de batalla:La propuesta que busca reemplazar al CAE enfrenta la sostenibilidad fiscal con la autonomía universitaria

La maduración de una reforma clave

Lo que hace unos meses era un anuncio gubernamental para reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), hoy se ha transformado en un complejo campo de batalla técnico, político y filosófico. La propuesta de un nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES) ha madurado, y con ello, las posturas se han decantado, revelando las profundas tensiones que subyacen en el modelo de desarrollo chileno. A más de 90 días de su ingreso al debate público, la discusión ya no es solo sobre el fin del CAE, sino sobre el diseño de su sucesor y las consecuencias que este tendrá para las finanzas del Estado, el bolsillo de los futuros profesionales y la independencia de las universidades.

El debate ha evolucionado hacia tres frentes principales que definen la controversia: la sostenibilidad fiscal del sistema, la carga financiera real para los estudiantes y la amenaza o fortalecimiento de la autonomía universitaria.

Frente 1: La sostenibilidad fiscal en la mira del experto

El primer gran choque no fue político, sino técnico. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encendió las alarmas al exponer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. En su análisis, el organismo advirtió que el informe financiero del proyecto se basa en “supuestos optimistas” sobre el crecimiento económico, los ingresos y la formalidad laboral de los futuros egresados. Según el CFA, si estos escenarios no se cumplen, el costo fiscal del FES podría ser considerablemente mayor al proyectado.

La advertencia más profunda del Consejo apunta a la naturaleza misma del FES: ¿es un crédito o un impuesto? El organismo recomendó clarificar cómo se registrarán contablemente los fondos, distinguiendo la porción que es un activo recuperable (préstamo) de aquella que operará como un subsidio directo (gasto fiscal). Esta duda técnica alimenta la crítica de que el FES podría ser, en la práctica, un nuevo impuesto al capital humano, con un impacto directo y no del todo transparente sobre el déficit fiscal del país.

Frente 2: ¿Alivio para el estudiante o nueva carga para la clase media?

En el centro del debate ciudadano está la pregunta más directa: ¿pagarán más o menos los estudiantes con el FES que con el CAE? Aquí las visiones son diametralmente opuestas.

Por un lado, académicos como Alexis Cortés (UAH) y Cristóbal Villalobos (PUC) sostienen que, para una mayoría de entre el 60% y el 74% de los egresados, el FES sería financieramente más conveniente. Argumentan que las críticas omiten costos ocultos del CAE, como los copagos durante los años de estudio y los intereses que se devengan desde el inicio. Defienden que la principal fortaleza del FES es su carácter contingente al ingreso: se paga un porcentaje del sueldo, protegiendo a los egresados de las fluctuaciones del mercado laboral.

En la vereda opuesta se sitúa Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), quien califica al FES como un “impuesto muy mal disfrazado”. Sostiene que el sistema perjudicará principalmente a la clase media (deciles 7, 8 y 9), que deberá pagar un 10% de sus ingresos durante 18 años, justo en la etapa de formación de patrimonio y familia. Para Valdés, el proyecto tiene un “olor a campaña electoral presidencial”, al empaquetar una popular condonación del CAE con una reforma estructural de consecuencias “desastrosas” que, a su juicio, no ha sido suficientemente discutida.

Frente 3: La autonomía universitaria, entre la amenaza y la oportunidad

Quizás el debate más profundo es el que atañe al rol de las universidades como conciencia crítica de la sociedad. La dependencia casi total del financiamiento estatal que implicaría el FES ha levantado el fantasma de la intervención política.

Federico Valdés lo resume con una metáfora del ex Presidente Ricardo Lagos: las universidades existen para “desafiar al príncipe”. Teme que la dependencia financiera impida a las casas de estudio criticar a los gobiernos de turno, sean del color que sean. “Yo no quiero que ese día las universidades que quieran plantearse en contra de sus políticas públicas se vean impedidas de hacerlo, porque los tienen atados por temas financieros”, afirma.

Una visión distinta aporta Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado. Si bien reconoce como legítima la preocupación, argumenta que la experiencia con la gratuidad no ha supuesto una merma en la autonomía. Para Corrales, el FES no contiene mecanismos de control ideológico. Sin embargo, ve en este debate una “oportunidad inmejorable” para blindar a las universidades de futuras “tentaciones autoritarias” —aludiendo a la retórica sobre figuras como Trump— elevando tanto la autonomía universitaria como la libertad de cátedra a rango constitucional. De este modo, lo que para unos es una amenaza, para otros es el impulso necesario para un fortalecimiento institucional mayor.

Un debate abierto con futuro incierto

El proyecto FES sigue su trámite legislativo, pero la discusión pública ha demostrado que no se trata de una simple reforma financiera. Es un reflejo de las visiones contrapuestas sobre el rol del Estado, el valor de la educación superior y el equilibrio entre derechos sociales y responsabilidad fiscal. La resolución de estos tres frentes definirá no solo cómo se pagarán las carreras en el futuro, sino también el tipo de relación que Chile quiere construir entre sus profesionales, sus universidades y el poder.