La Deuda de Etcheberry Mueve el Piso del Sistema Tributario: Más allá de la renuncia, los tres futuros de la confianza pública y la reforma que nadie quiso hacer hasta ahora

Introducción: La Grieta se Vuelve Abismo

Que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) no pagara sus impuestos es más que una ironía. Es la manifestación de una fractura profunda entre el Estado y la ciudadanía. El caso de Javier Etcheberry, quien adeudó por nueve años las contribuciones de una de sus propiedades, no surgió en el vacío. Ocurrió sobre un terreno fértil de descontento, donde expertos ya calificaban el impuesto territorial como una “caja negra” y ciudadanos, especialmente adultos mayores, lo sentían como un “castigo” por tener una vivienda.

La renuncia de Etcheberry cierra el capítulo del escándalo personal, pero abre uno mucho más complejo: el del futuro de la confianza en las instituciones y la inevitable reforma de un sistema que se volvió indefendible. A continuación, proyectamos la evolución de esta crisis en tres fases.

Fase 1: La Implosión de la Confianza (Finales de 2025)

El primer efecto es la implosión. La renuncia de Etcheberry era inevitable. Las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmando que el director “pudo haber hecho más”, fueron la señal de que el gobierno necesitaba cortar por lo sano para contener el daño. El argumento de Etcheberry —ser una víctima más de la burocracia— no solo fue inverosímil, sino que insultó la inteligencia de millones de chilenos que sí cumplen con sus obligaciones a pesar de esa misma burocracia.

Esta fase se caracteriza por la pérdida total de credibilidad del principio de igualdad ante la ley. La percepción de un doble estándar, donde la élite tiene excusas y el ciudadano común tiene multas, se solidificó. El desafío inmediato para el gobierno será encontrar un sucesor para el SII que combine una capacidad técnica incuestionable con una probidad a toda prueba. Cualquier error en esta elección solo profundizará la crisis.

Fase 2: El Campo de Batalla Político (2026)

Superada la crisis personal, el debate se moverá hacia el sistema. Las contribuciones se instalarán como un tema central de la agenda política, especialmente de cara a las próximas elecciones. Dos fuerzas principales chocarán en este campo de batalla:

• La Vía Populista: Surgirán propuestas para eliminar o reducir drásticamente el impuesto territorial. Políticos de distintos sectores buscarán capitalizar el descontento ciudadano con promesas de alivio fiscal inmediato. El discurso se centrará en proteger a la clase media y a los jubilados, presentando el impuesto como un abuso. Esta vía es atractiva electoralmente, pero ignora que las contribuciones son una fuente vital de financiamiento para los municipios.

• La Vía Técnica: En paralelo, expertos, centros de estudio y políticos más moderados insistirán en que el problema no es el impuesto en sí, sino su diseño arcaico y regresivo. Propondrán una reforma estructural basada en ideas que llevan años discutiéndose: vincular el pago a la capacidad económica del contribuyente, transparentar los avalúos con tecnología y datos abiertos, y modernizar una ley que, en esencia, tiene casi cien años.

El factor de incertidumbre clave será la persistencia de la indignación ciudadana. Si la presión social se mantiene alta, la balanza podría inclinarse hacia soluciones populistas y de corto plazo. Si el debate logra encauzarse hacia la búsqueda de soluciones sostenibles, una reforma técnica se vuelve más factible.

Fase 3: La Bifurcación Estructural (2027 y más allá)

Una vez que el ciclo electoral pase, el futuro del impuesto territorial y de la confianza pública se definirá en una de estas dos direcciones:

• Escenario A (El más probable): El Arreglo Cosmético. Siguiendo la tradición chilena de los consensos y los cambios incrementales, el sistema político podría optar por una reforma superficial. Se aprobaría una ley que introduce mejoras marginales: una calculadora online para estimar el pago, un ajuste en los tramos exentos o un nuevo canal para reclamos. Sin embargo, la lógica fundamental del impuesto —su base de cálculo opaca y su desconexión con la capacidad de pago— permanecería intacta. El resultado sería la consolidación del cinismo. La ciudadanía percibiría el cambio como una maniobra para calmar los ánimos sin resolver el problema de fondo, y la confianza en el Estado seguiría deteriorándose.

• Escenario B (El más deseable): La Reforma Fundacional. Un gobierno con un fuerte mandato político y un amplio acuerdo en el Congreso podría aprovechar la crisis como una oportunidad única para una reforma real. Esto implicaría diseñar una nueva ley de impuesto territorial desde cero, basada en principios modernos. Podría incluir una exención a la vivienda principal para adultos mayores y familias de bajos ingresos, el uso de modelos de valoración masiva con datos públicos y un sistema de pago simple y predecible. Este camino sería políticamente costoso, ya que generaría ganadores y perdedores. No obstante, sería la única vía para empezar a reconstruir la confianza rota. Sería una señal potente de que el Estado es capaz de corregirse a sí mismo y de que la ley, finalmente, puede ser igual para todos.

El caso Etcheberry fue el detonador, pero la carga explosiva se acumuló durante décadas de injusticia percibida. El futuro no está escrito. Dependerá de si la clase política tiene el coraje de optar por la difícil senda de la reforma estructural o si prefiere el camino fácil de los arreglos superficiales. La decisión no solo definirá el futuro de un impuesto, sino la legitimidad misma del pacto social chileno.