El Congreso se impone un filtro para gobernar: La reforma del 5% que unió a adversarios y fracturó al oficialismo
Un sistema en terapia intensiva
Han pasado casi dos meses desde que el Senado, en una votación que reconfiguró las alianzas políticas, aprobó la reforma constitucional que busca poner fin a la fragmentación del Congreso. Lo que en junio parecía un avance técnico para mejorar la gobernabilidad, hoy, a inicios de agosto de 2025, se revela como un punto de inflexión con consecuencias profundas y aún impredecibles. La reforma, que establece un umbral del 5% de los votos a nivel nacional para que un partido pueda tener representación en la Cámara de Diputados, no solo ha puesto en jaque la supervivencia de las colectividades más pequeñas, sino que ha provocado una fisura expuesta dentro de la coalición de gobierno y ha instalado una pregunta incómoda: ¿estamos sacrificando diversidad representativa en el altar de una gobernabilidad que podría nunca llegar?
Anatomía de un pacto por la gobernabilidad
El origen de la reforma se encuentra en un diagnóstico ampliamente compartido: con 18 partidos con representación parlamentaria, el Congreso se había vuelto un ecosistema ingobernable, donde alcanzar acuerdos para reformas estructurales era una tarea titánica. Bajo esta premisa, senadores de un espectro que iba desde la UDI hasta el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), forjaron un acuerdo para impulsar la moción.
El 10 de junio, la iniciativa fue aprobada en el Senado por 33 votos a favor y 8 en contra. Además del umbral, la reforma incluyó una norma “antidíscolos” que sanciona con la pérdida del escaño al parlamentario que renuncie al partido por el cual fue electo. Para sus defensores, como el senador Jaime Quintana (PPD), se trataba de poner “por delante el interés nacional”. La postura de Evópoli fue aún más enfática; su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, declaró que apoyarían la medida “aunque desaparezcamos, porque le hace bien a Chile”, encapsulando el argumento de que la estabilidad del país requería un sacrificio partidista.
Las voces del rechazo: “Meter la mano a la urna”
La reacción no se hizo esperar. Desde los partidos más pequeños, la acusación fue directa. El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó el acuerdo como una “vergüenza” y una forma de “meter la mano a la urna” por parte de “partidos en franco declive” que buscan eliminar competencia. Lo llamó un “verdadero cartel”.
Dentro del propio oficialismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron férreamente. Calificaron la reforma de “antidemocrática” y un “traje a la medida” para los partidos tradicionales del extinto sistema binominal. Andrés Couble, del FA, argumentó que el problema no es la cantidad de partidos, sino la falta de representatividad y disciplina interna, y advirtió que un umbral nacional podría generar una “mayor frustración y desafección con la democracia” en regiones donde un candidato popular no logre el escaño por el bajo desempeño nacional de su partido.
La Democracia Cristiana, por su parte, cuestionó la oportunidad de la reforma en un año electoral y su alcance, considerándola un parche electoral en vez de una solución sistémica.
La fractura oficialista y el debate que evoluciona
El efecto más visible de la reforma ha sido la tensión al interior de la alianza de gobierno. El respaldo del Socialismo Democrático (PS y PPD) a una iniciativa rechazada por Apruebo Dignidad (FA y PC) ha sido calificado por dirigentes como Tomás Hirsch (Acción Humanista) como un acto que “dinamita la coalición de Gobierno” y hace “virtualmente imposible una lista única” para las próximas elecciones, un objetivo clave del Presidente Gabriel Boric.
Lejos de cerrar el debate, la reforma lo ha profundizado. El gobierno, a través del ministro del Interior Álvaro Elizalde, presentó un proyecto complementario para endurecer los requisitos para formar nuevos partidos, buscando terminar con lo que denominó una “industria de constitución de partidos” que solo persigue financiamiento público. Más recientemente, el propio Elizalde se abrió a reponer las “órdenes de partido”, un mecanismo que permitiría a las directivas instruir el voto de sus parlamentarios, una idea que hasta hace poco era un tabú.
Sin embargo, el análisis más crítico apunta a una paradoja. El académico Tomás Jordán ha advertido que, si bien el umbral reducirá el número de partidos, podría aumentar la polarización. Al eliminar a colectividades de centro, el sistema político quedaría dominado por los polos, como Republicanos, el PC, el FA y la UDI, haciendo aún más difícil la construcción de consensos.
Un futuro incierto en la Cámara
La reforma no es un capítulo cerrado. Su próximo trámite en la Cámara de Diputados se anticipa complejo y de resultado incierto, dado el alto número de parlamentarios de partidos que se verían directamente afectados. Lo que comenzó como una solución técnica para la fragmentación se ha transformado en una discusión fundamental sobre el modelo de democracia que Chile desea: una con menos voces pero potencialmente más eficiente, o una más diversa pero con mayores dificultades para gobernar. La respuesta definirá el mapa del poder político para la próxima década.