El sistema se enfermó: La crisis de las licencias médicas como punto de quiebre del pacto social chileno

El síntoma de una fractura más profunda

Lo que comenzó en mayo de 2025 con un informe de Contraloría sobre 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica, ha dejado de ser una anécdota de corrupción. Se convirtió en el síntoma visible de una enfermedad sistémica. El goteo incesante de casos —desde alcaldes y fiscales hasta familiares de altas autoridades y médicos que se auto-otorgan licencias— no revela una suma de faltas individuales. Expone la fractura de un pilar fundamental del contrato social chileno: el sistema de seguridad social.

El abuso no es la causa, sino la consecuencia de un diseño obsoleto, incentivos mal calibrados y una fiscalización superada. La pregunta ya no es cuántos más caerán, sino qué modelo de bienestar y qué tipo de pacto cívico surgirá de estas ruinas. La evolución de esta crisis se proyecta en tres fases clave.

Fase 1: La Purga (2025-2026)

Estamos en medio de la primera fase: la de la sanción y la reacción. La indignación pública y la presión mediática han forzado a las instituciones a actuar. Empresas estatales como BancoEstado y Codelco han despedido a decenas de trabajadores. El Ministerio de Salud inició sumarios a casi 2.000 funcionarios. El poder judicial y el Ministerio Público investigan a los suyos.

Políticamente, la respuesta es transversal. Desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio, todos los sectores se han visto salpicados, lo que ha generado un consenso superficial en torno a la necesidad de castigar. Proyectos de ley que proponen la destitución inmediata como sanción avanzan en el Congreso. El objetivo es claro: mostrar una señal de autoridad y restaurar un mínimo de orden.

Pero esta fase tiene límites. La capacidad del aparato estatal para procesar miles de sumarios y causas judiciales es una gran incertidumbre. Como admitió el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, los procesos son lentos y deben garantizar la legítima defensa. Esto podría generar un cuello de botella, transformando la promesa de justicia rápida en una percepción de impunidad prolongada. La purga, aunque necesaria, no resuelve el problema de fondo.

Fase 2: El Rediseño (2026-2028)

Una vez que el ruido de los sumarios disminuya, la conversación se moverá hacia el núcleo del problema: el diseño del sistema. El diagnóstico, como señaló el economista Claudio Sapelli, es antiguo. Un sistema que en el sector público cubre el 100% del sueldo sin topes y con fiscalización débil, crea una tentación demasiado grande.

Aquí comenzará la verdadera batalla política. El gobierno y el Congreso deberán enfrentar la tarea de rediseñar los incentivos. Las propuestas que ya se barajan incluyen:

• Modificar la remuneración: Reducir gradualmente el pago de la licencia a medida que se alarga el reposo, para desincentivar los permisos prolongados.
• Eliminar la carencia: Pagar los primeros tres días de licencia (que hoy no se cubren en permisos cortos) para evitar que se soliciten más días de los necesarios.
• Tecnificar la fiscalización: Implementar sistemas automáticos, como la suspensión de la facultad de emitir licencias a médicos que están con reposo, una medida que la Suseso ya instruyó.

El principal obstáculo será la resistencia de los gremios del sector público, que enmarcarán cualquier cambio como un retroceso en los derechos laborales. La discusión pondrá a prueba la capacidad del sistema político para alcanzar acuerdos en materias estructurales y de alto costo político. El fracaso de la licitación de Fonasa para seguros complementarios es una señal de advertencia: el sector privado no participará en un sistema donde el riesgo es impredecible y la confianza es nula. La viabilidad de cualquier reforma dependerá de construir un modelo que sea a la vez justo para los trabajadores y sostenible para el Estado.

Fase 3: El Nuevo Pacto Social (2028 en adelante)

El resultado del rediseño definirá el futuro del contrato social. Se perfilan dos escenarios principales.

Escenario 1: El Arreglo Tecno-Controlado. Se logra un acuerdo político para una reforma parcial. El nuevo sistema será tecnológicamente más robusto, con fiscalización digital, biometría y cruce de datos en tiempo real. El abuso flagrante se reducirá. Sin embargo, la confianza no se recuperará del todo. La relación entre el ciudadano y el Estado se volverá más transaccional y vigilada, basada en la presunción de la deshonestidad. El pacto social se sostiene no por convicción cívica, sino por la eficacia del control. Es un futuro funcional, pero frágil y con un bajo capital social.

Escenario 2: La Fractura Normalizada. La polarización y la presión de grupos de interés impiden una reforma profunda. Solo se implementan parches cosméticos. El abuso se vuelve más sofisticado, adaptándose a las nuevas y débiles regulaciones. El cinismo se instala como norma cultural: la idea de que "todos lo hacen" se consolida. La desconfianza se extiende a otras áreas del Estado, erosionando la legitimidad de las instituciones y la disposición a pagar impuestos. El contrato social no se rompe, se disuelve lentamente en una cultura de anomia y sálvese quien pueda.

La trayectoria más plausible es un híbrido de ambos escenarios. Habrá una reforma técnica, pero será insuficiente para reconstruir la confianza perdida. La crisis de las licencias médicas dejará una cicatriz duradera. Demostró que el problema de Chile no es solo la desigualdad o la falta de recursos, sino una profunda crisis de confianza que corroe los cimientos de la vida en común. La enfermedad del sistema de licencias es, en realidad, la fiebre de un cuerpo social que ha perdido la fe en sus propias reglas.