La educación pública sigue en paro, aunque las aulas tengan clases: El conflicto docente de junio mutó en una batalla legal y política sobre el futuro del sistema
La Calma Aparente de Agosto
Han pasado dos meses desde que el paro nacional de 48 horas convocado por el Colegio de Profesores vació parcialmente las aulas del país los días 4 y 5 de junio. Hoy, con los estudiantes de vuelta en sus pupitres, una calma aparente se ha instalado. Sin embargo, bajo la superficie, el conflicto no solo no se ha resuelto, sino que ha mutado. La movilización, que comenzó como una presión por demandas laborales y críticas a la implementación de la Nueva Educación Pública (NEP), se ha transformado en una compleja batalla legal y una pugna política de alta intensidad que cuestiona los cimientos del nuevo sistema educativo.
El Origen: Un Petitorio que Desbordó la Negociación
El llamado a paro del Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, se fundamentó en una "agenda corta" que, según el gremio, el gobierno no había atendido con la celeridad necesaria. Las demandas iban desde el fin de la precarización contractual y la reducción del agobio laboral, hasta soluciones para los problemas estructurales de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el corazón de la reforma que busca desmunicipalizar la educación.
Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo lamentó la movilización, asegurando que se estaba en pleno diálogo. "No todo se resuelve con un paro", afirmó a Radio Bío Bío el 1 de junio, subrayando el perjuicio para el aprendizaje de los estudiantes. Para el gremio, sin embargo, las respuestas eran "insuficientes". Como señaló Mario Aguilar, era urgente avanzar en los puntos de la agenda, advirtiendo que la movilización podría escalar a indefinida.
Esta tensión no era nueva. A fines de mayo, alcaldes de oposición como Mario Desbordes (Santiago) y Sebastián Sichel (Ñuñoa), que inicialmente se resistían a traspasar sus colegios a los SLEP, terminaron cediendo, en parte, por conflictos locales con los propios docentes. Según un reporte de La Tercera del 27 de mayo, ambos ediles argumentaron que la "nula disposición de los dirigentes" hacía inviable mantener la administración municipal. Mientras tanto, otras comunas como las del SLEP Manquehue (Las Condes, Vitacura, entre otras) y Colina, que logró postergar su traspaso según informó Publimetro el 16 de junio, continúan resistiendo la reforma, evidenciando la fractura y la implementación desigual del sistema.
El Catalizador: La Contraloría Entra en Escena
El punto de inflexión ocurrió el 5 de junio, en plena jornada de paro. La Contraloría General de la Repúbica (CGR), encabezada por Dorothy Pérez, ofició a los SLEP para que informaran detalladamente sobre los descuentos salariales a los docentes que adhirieron a la paralización. El organismo recordó que, según su propia jurisprudencia, la ausencia por un paro irregular implica el no pago del tiempo no trabajado para resguardar los fondos públicos y la continuidad del servicio.
La reacción del Colegio de Profesores fue inmediata y contundente. Mario Aguilar calificó la acción como una "cacería de brujas" y un "castigo". "Suena como a una suerte de colusión política", declaró Aguilar, vinculando el oficio de la CGR con las posteriores declaraciones de parlamentarios de la UDI que exigían al gobierno aplicar los descuentos. La acusación fue calificada como "improcedente y malintencionada" por diputados de oposición, quienes defendieron la autonomía y el deber fiscalizador del ente contralor, como consignó La Tercera el 6 de junio. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, escaló la disputa días después, calificando las acusaciones de Aguilar de "gran irresponsabilidad" y culpándolo del "desastre de la educación chilena".
La Disputa Actual: De la Marcha a los Tribunales
Dos meses después, el eco de la disputa resuena en los tribunales y en los balances de sueldo. A principios de julio, el Colegio de Profesores denunció "descuentos arbitrarios" y desproporcionados, incluso a docentes con licencia médica, y presentó requerimientos ante la propia Contraloría y anunció acciones judiciales. Argumentan que la existencia de planes de recuperación de clases, práctica habitual tras las huelgas, debería invalidar los descuentos.
El conflicto ha dejado al descubierto las profundas grietas y percepciones encontradas sobre la reforma educativa. Un estudio de la Universidad Diego Portales, publicado por La Tercera el 14 de julio, reveló que mientras un 50% de los directores de establecimientos públicos ve la NEP como un "cambio paradigmático", un 23% la considera un mero "cambio administrativo" sin efectos pedagógicos. La mayoría (70%) siente que la reforma está en una fase inicial y reporta un aumento de la carga administrativa, aunque también valora un mayor apoyo técnico-pedagógico.
Un Debate Abierto Sobre el Futuro
El paro de junio de 2025 no fue un evento aislado, sino el síntoma más visible de una transición conflictiva. Expuso la tensión entre un gremio que se siente precarizado y poco escuchado, un gobierno que intenta gestionar una de las reformas más complejas de las últimas décadas, una oposición que fiscaliza con dureza y un órgano autónomo como la Contraloría cuyo actuar, aunque apegado a la norma, fue percibido como una declaración política.
Las críticas a la representatividad del liderazgo docente, como las planteadas en una carta en La Tercera por Juan Francisco Galli de Pivotes, y los llamados a una educación enfocada en los desafíos del siglo XXI, se suman a un debate que ya no es solo sobre condiciones laborales. La pregunta que queda abierta, y que definirá el futuro de miles de estudiantes, es si el modelo de Nueva Educación Pública, tal como está diseñado e implementado, es capaz de superar sus propias grietas o si, por el contrario, estas se seguirán profundizando con cada nuevo conflicto.