El sistema judicial no da abasto:De las presiones en el SML a la rebelión de los defensores, la crisis que la justicia ya no puede ignorar

¿Qué pasa cuando quienes deben impartir justicia ya no pueden más?

Lo que comenzó como una declaración técnica del Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre la entrega de los cuerpos de los mineros fallecidos en El Teniente a principios de agosto, terminó por destapar una olla a presión que llevaba meses acumulando calor. La respuesta de los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) fue inmediata y lapidaria: acusaron al ministro de “absoluto desconocimiento” y de vulnerar “principios éticos”. Este choque público no es una anécdota, sino el síntoma más visible de una crisis estructural que recorre todo el sistema judicial chileno. Dos meses después de que las primeras señales de agotamiento se hicieran evidentes, la pregunta ya no es si el sistema está en crisis, sino si es capaz de seguir funcionando.

La anatomía de un colapso: De la pericia al tribunal

El malestar del SML no es nuevo. Su comunicado del 4 de agosto solo verbalizó lo que otras instituciones han manifestado de distintas formas. A mediados de junio, durante el juicio por el caso de Tomás Bravo, una perito del mismo SML denunció haber recibido “presiones indebidas” del fiscal a cargo para alterar la causa de muerte del menor. Este hecho, calificado de “máxima gravedad” por los querellantes, expuso una fractura interna alarmante: la presión por obtener resultados en casos de alta connotación pública está llevando al límite la ética y los protocolos de organismos que deberían ser auxiliares autónomos de la justicia.

Esta sobrecarga no es exclusiva de los peritos. Durante junio y julio, los abogados del turno de oficio, aquellos que garantizan la defensa a quienes no pueden costearla, protagonizaron una serie de paralizaciones y protestas silenciosas, una “huelga de brazos caídos” que, aunque no oficial, se sintió en los tribunales. Inspirados en movimientos similares en otros países, los defensores chilenos reclaman por condiciones que consideran insostenibles: honorarios irrisorios que no se actualizan en años, una carga de trabajo desbordante y la falta de reconocimiento a su labor, que es un pilar del Estado de Derecho. “Nadie vive solo del turno de oficio, esto es vocación pura”, admiten, pero la vocación no paga las cuentas ni detiene el agotamiento.

El resultado es una sangría de profesionales y un desinterés de las nuevas generaciones por asumir un rol tan fundamental como precario. La justicia gratuita, garantizada en el papel, se sostiene sobre los hombros de un grupo de abogados cada vez más reducido y fatigado.

Las dos justicias: la mediática y la real

Mientras el sistema se agrieta por dentro, la demanda ciudadana por justicia no cesa. Casos de alto impacto como el asesinato de un matrimonio en Graneros, el homicidio de un niño con TEA en Talcahuano o el fraude de las “Cajas de Alimentos” en Tarapacá, todos con avances judiciales entre junio y julio, acaparan la atención mediática y aumentan la presión sobre fiscales y jueces. Sin embargo, detrás de cada formalización o condena, se esconde una maquinaria que opera con recursos insuficientes.

Esta esquizofrenia se hizo patente en otro ámbito: la fiscalización. A principios de junio, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) fue duramente criticada en el Senado por su inacción frente al fraude de las licencias médicas, a pesar de tener convenios para cruzar datos desde hace más de una década. Tuvo que ser un informe de Contraloría el que expusiera la masividad del problema. Este episodio, aunque no es estrictamente judicial, es un espejo de la misma enfermedad: instituciones públicas sobrepasadas, con herramientas que no utilizan por falta de capacidad o voluntad, que reaccionan solo ante el escándalo.

Un debate que ya no se puede postergar

La crisis del sistema judicial ha dejado de ser un murmullo en los pasillos de los tribunales para convertirse en un debate público ineludible. Las consecuencias son visibles: investigaciones que se eternizan, desconfianza en los peritajes, profesionales de la justicia que se sienten abandonados y una ciudadanía que percibe que la promesa de justicia es, en muchos casos, una ilusión.

El conflicto entre el SML y el Ministro Gajardo no es el inicio de la crisis, sino su punto de inflexión. Ha marcado el momento en que los propios actores del sistema han dicho “basta” y han decidido exponer sus carencias públicamente. El tema ya no es si habrá una reforma; la pregunta es si llegará a tiempo para evitar que el “apagón judicial”, del que tanto advirtieron los abogados, se convierta en la nueva normalidad.