El Tribunal Constitucional zanja la disputa de poderes sobre Dominga: La batalla legal por el proyecto continúa en otra arena

A casi dos meses de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera su veredicto, el eco de su decisión sobre el proyecto minero-portuario Dominga sigue resonando. Lejos de ser un punto final, el fallo del 11 de junio de 2025 actuó como un reordenamiento del tablero, cerrando una vía de conflicto institucional pero dejando la disputa central —la viabilidad del proyecto mismo— en manos de la Corte Suprema. La resolución no solo fue un revés para la estrategia del Ejecutivo, sino que también desnudó las profundas fracturas en el modelo chileno de evaluación ambiental y la creciente colisión entre los poderes del Estado.

La jugada institucional que no prosperó

Para entender la relevancia del fallo, es necesario retroceder. Tras la decisión del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de diciembre de 2024 que revivió el proyecto al declarar "ilegal" el rechazo del Comité de Ministros, el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), optó por una maniobra de alto calibre: presentar una contienda de competencia ante el TC. La tesis del Ejecutivo era que el 1TA se había extralimitado en sus atribuciones, invadiendo facultades exclusivas de la administración al intentar forzar la ejecución de su sentencia.

El abogado del Comité de Ministros, Gonzalo García, argumentó en la audiencia del 30 de mayo que el tribunal ambiental no podía determinar "el contenido de los elementos discrecionales de un acto administrativo". En la vereda opuesta, la abogada Yordana Mehsen, representando al 1TA, advirtió que acoger el requerimiento del Gobierno significaría dejar al país sin un control jurisdiccional efectivo en materia ambiental, abriendo la puerta a una "eventual desviación de poder de la administración".

La respuesta del TC fue contundente y, para muchos, inesperada. En un fallo de 68 páginas, la segunda sala desestimó el requerimiento del Gobierno, argumentando que no se trataba de una verdadera invasión de competencias, sino de un conflicto de carácter procesal que debía ser resuelto por los tribunales ordinarios de justicia. El TC destacó una contradicción clave: mientras el SEA alegaba la incompetencia del 1TA ante el TC, simultáneamente había presentado recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, reconociendo implícitamente la vía judicial ordinaria. El mensaje fue claro: la disputa por Dominga debía seguir su curso en el Poder Judicial, no escalar a una crisis constitucional. La decisión, aunque mayoritaria, no fue unánime; el voto disidente de la ministra y presidenta Nancy Yáñez, quien estuvo por acoger el reclamo del Ejecutivo, evidenció la complejidad del debate interno.

Dominga: Síntoma de una crisis mayor llamada "permisología"

El fallo del TC no ocurrió en un vacío. Se produjo en paralelo a un intenso debate nacional sobre la "permisología", el término acuñado para describir la enredada y extensa red de permisos que, según el sector privado, frena la inversión y el crecimiento. A principios de junio, el Congreso despachaba la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa del gobierno para agilizar trámites mediante herramientas como declaraciones juradas y el silencio administrativo positivo.

Sin embargo, las visiones sobre esta reforma son diametralmente opuestas y reflejan la misma tensión del caso Dominga:

• La perspectiva pro-inversión: Desde centros de pensamiento como Libertad y Desarrollo, se argumenta que la nueva ley es insuficiente. Pilar Hazbun señaló en una columna del 6 de julio que los verdaderos cuellos de botella están en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en la excesiva judicialización de los proyectos. Según sus datos, 187 proyectos aprobados ambientalmente fueron judicializados, comprometiendo más de 51 mil millones de dólares en inversión.

• La perspectiva socioambiental: Por otro lado, voces críticas como la de la experta ambiental Nathalie Joignant advierten que agilizar permisos a costa de rigurosidad técnica es un riesgo. En una carta del 16 de junio, comparó la lógica del "quien calla otorga" del silencio administrativo con desastres como el del edificio Kandinsky en Concón, construido sobre un campo dunar que la justicia tardíamente reconoció como ecosistema frágil. Para esta visión, simplificar no puede significar desproteger.

Casos como el abandono de la concesión de la Ruta G-21 por no obtener su permiso ambiental a tiempo, o el conflicto en Chiloé donde un parque eólico —símbolo de energía limpia— amenaza un ecosistema y una estación de investigación científica, demuestran que la tensión entre desarrollo y conservación es un problema sistémico que una sola ley difícilmente resolverá.

El telón de fondo: la fractura social

Más allá de las disputas en tribunales y el Congreso, el caso Dominga revela una fractura más profunda: la desconexión entre los proyectos de inversión y las comunidades que los reciben. Un estudio de la consultora Gestión Social, publicado el 8 de julio, arrojó una cifra decidoras: un 68% de los impactos percibidos por las comunidades son negativos, con la dimensión ambiental como principal foco de conflicto.

El informe subraya que el 77% de los proyectos en tramitación ambiental se judicializa, y en un 40% de los casos, la causa es una deficiente participación ciudadana. Esta estadística es el núcleo del problema: los conflictos no nacen en los tribunales, sino en los territorios, a raíz de una sensación de imposición y falta de diálogo temprano. Dominga, con su emplazamiento cercano al Archipiélago de Humboldt, un ecosistema de biodiversidad único, es el epítome de este choque.

El veredicto del Tribunal Constitucional, por tanto, no resolvió el futuro de Dominga. Lo que hizo fue devolver el conflicto a su cauce legal, reafirmando que las disputas sobre la legalidad de los actos administrativos ambientales pertenecen a los tribunales especializados y a las cortes superiores. La batalla de fondo sigue abierta, no solo en la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre el proyecto, sino en la sociedad chilena. La pregunta que Dominga deja planteada es si el país será capaz de construir un modelo de desarrollo que genere certezas jurídicas, proteja su patrimonio natural y, fundamentalmente, reconstruya la confianza con sus territorios.