La Justicia Llama a la Puerta del Congreso: El desafuero del diputado Calisto destapa la tensión entre inmunidad parlamentaria y probidad
A más de un mes de que la Fiscalía Regional de Aysén solicitara levantar la inmunidad del diputado Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas) y a solo un día de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogiera dicha petición, el caso ha escalado hasta la Corte Suprema. Lo que comenzó como una investigación por presunto fraude al Fisco en el extremo sur del país, es hoy el más reciente capítulo de un debate nacional que pone en tensión dos pilares de la República: la autonomía del poder político y su necesaria rendición de cuentas ante la justicia.
El Origen: Una Denuncia en Aysén
El 27 de junio de 2025, el Ministerio Público, con el respaldo de una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), formalizó su intención de investigar al diputado Calisto. La acusación, que según la defensa del parlamentario se originó en una denuncia anónima de hace más de cinco años, apunta a la contratación de su asesora, Carla Graf. La tesis de la fiscalía es que se habrían utilizado asignaciones parlamentarias para pagar servicios que no fueron debidamente acreditados, configurando un presunto delito de fraude al Fisco.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique, en su fallo del 4 de agosto, consideró que los antecedentes presentados por la fiscalía eran mérito suficiente para dar luz verde al desafuero. Esta figura no implica una condena, sino que es un requisito procesal indispensable para que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación contra un parlamentario en ejercicio y solicitar medidas cautelares, suspendiendo temporalmente su inmunidad.
La Defensa: Entre la Legalidad y la Legitimidad
Inmediatamente después de conocerse el fallo, el diputado Calisto anunció que apelará ante la Corte Suprema. Su defensa se centra en un argumento clave: la existencia de informes que, según él, validan el trabajo de su asesora. “Nos llama profundamente la atención que no se haya considerado (...) el informe del Consejo de Asignaciones, donde refleja que la asesora entregó todos los informes correspondientes”, declaró el legislador. Calisto sostiene que estos reportes fueron auditados por un ente autónomo del Congreso, lo que a su juicio acredita la legalidad de los contratos.
Con esta estrategia, el parlamentario busca no solo revertir la decisión judicial, sino también defender la legitimidad de su gestión. Al apelar a la máxima instancia judicial, se declara “absolutamente tranquilo y convencido” de su defensa, esperando que “el criterio sea distinto”. Mientras la Suprema no se pronuncie, Calisto mantiene su cargo y sus funciones parlamentarias.
El Eco en el Congreso: Un Problema Transversal
El caso Calisto no ocurre en el vacío. Durante el actual período legislativo, el Congreso ha visto cómo varios de sus miembros, de un amplio espectro político, han enfrentado procesos de desafuero. Nombres como Catalina Pérez (ex-FA), Mauricio Ojeda (ex-Republicano), Francisco Pulgar (Independiente) y María Luisa Cordero (Independiente pro-RN) han pasado por el mismo banquillo, investigados por delitos que van desde el fraude al Fisco en el "Caso Convenios" hasta injurias graves.
Esta seguidilla de casos ha instalado una percepción de crisis de probidad que golpea la confianza ciudadana en una de las instituciones clave de la democracia. Consciente de ello, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), afirmó a fines de junio que ante estas situaciones “no habrá defensas corporativas”, en un intento por separar la responsabilidad institucional de las conductas individuales. Sin embargo, la repetición de estos episodios obliga a una reflexión más profunda sobre los mecanismos de control y la cultura política interna del parlamento.
Inmunidad vs. Impunidad: El Debate de Fondo
El fuero parlamentario, definido por la Biblioteca del Congreso Nacional como un “beneficio de índole puramente procesal” para evitar la alteración de la composición de las cámaras mediante acciones judiciales sin fundamento, se encuentra en el centro de la controversia. Concebido como un escudo para proteger la función legislativa de presiones indebidas, hoy es percibido por una parte de la ciudadanía como un privilegio que puede derivar en impunidad.
El proceso contra el diputado Calisto, independientemente de su resultado final en la Corte Suprema, ya ha cumplido una función: forzar una vez más la discusión sobre los límites y la pertinencia de esta figura en el Chile actual. La pregunta que resuena más allá de los tribunales es si las herramientas diseñadas para proteger la democracia no están, paradójicamente, debilitando la confianza pública en quienes la ejercen. El desenlace de este caso sentará un nuevo precedente en la delicada balanza entre poder, justicia y la exigencia de una probidad a toda prueba.