Licencias Médicas: Radiografía de una Crisis de Confianza que Sacude los Cimientos del Estado

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A más de dos meses de que la Contraloría General de la República publicara un informe que sacudió la administración pública, el eco de sus hallazgos aún resuena. Lo que comenzó como una cifra alarmante —más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024— ha madurado hasta convertirse en una radiografía descarnada de una cultura de irregularidades y una profunda crisis de confianza. El paso del tiempo ha permitido que las consecuencias se hagan visibles, revelando no solo faltas individuales, sino grietas sistémicas que atraviesan desde ministerios y empresas estatales hasta los organismos encargados de fiscalizar.

Desarrollo Analítico: De la Cifra al Sistema

El informe de Contraloría fue el catalizador, pero la historia que se ha desenvuelto desde entonces es mucho más compleja. La controversia adquirió rostro y nombre rápidamente, escalando hasta las más altas esferas del poder. Casos como el sumario a la hija del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por una presunta licencia irregular para su padre, o la renuncia de Fiona Bonati, cuñada del Presidente Gabriel Boric, a su cargo en la Segegob tras viajar al extranjero durante una extensión de su postnatal, instalaron el debate directamente en el corazón del poder político. Más allá de las defensas que apuntaban a la ignorancia de la norma y no al dolo, el impacto en la fe pública fue inmediato y severo.

Sin embargo, el análisis profundo revela que el problema es más endémico que anecdótico. Instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra emergieron como epicentros del ausentismo, con tasas que alcanzan el 17% y 14,9% respectivamente, muy por sobre el promedio del 9,2% del sector público. Dentro de la JUNJI, se destaparon casos que evidencian una disfunción cultural, como el de un jefe que, tras denunciar a una subalterna por viajar a Brasil con licencia psiquiátrica, terminó siendo destituido por acoso laboral, mientras la funcionaria fue sobreseída. Este tipo de situaciones sugiere un sistema con incentivos perversos, donde denunciar la falta puede ser más riesgoso que cometerla.

Las consecuencias no se limitaron a sumarios administrativos. Empresas estatales como BancoEstado, Codelco y Metro respondieron con despidos masivos, aplicando la causal de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Solo en BancoEstado, 91 trabajadores fueron desvinculados, una medida drástica que subraya el impacto económico y operacional del ausentismo fraudulento.

Perspectivas Contrastadas: Un Debate Multifactorial

La reacción ha sido transversal, pero con matices significativos. Desde el Gobierno y la Contraloría, la postura ha sido de tolerancia cero, impulsando investigaciones y respaldando sanciones. En la vereda política, la oposición en Chile Vamos ha capitalizado la crisis para proponer reformas legislativas que endurecen las sanciones, como establecer la destitución como causal directa por el mal uso de licencias.

Por otro lado, los gremios de funcionarios, como los de la JUNJI, sin negar la existencia de abusos, han aportado un contexto necesario. Señalan que detrás del ausentismo hay también factores estructurales: una fuerza laboral mayoritariamente femenina que enfrenta dobles cargas de cuidado, problemas de salud mental agudizados tras la pandemia y condiciones de agobio laboral por falta de personal. Esta perspectiva advierte contra una narrativa puramente punitiva, invitando a analizar las condiciones laborales que pueden fomentar estas prácticas.

La visión más inquietante provino de los propios organismos fiscalizadores. Un informe de Contraloría sobre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) reveló fallas alarmantes, como la existencia de más de 5.000 cuentas de usuarios activas correspondientes a personas fallecidas y demoras injustificadas en sancionar a médicos. A esto se sumó el hallazgo de la COMPIN, que detectó a 1.470 profesionales de la salud que emitieron más de 30.000 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo vigente. Estos hechos no solo exponen una cadena de fraude que incluye a emisores y beneficiarios, sino que demuestran la incapacidad o negligencia de las instituciones diseñadas para prevenirlo.

Contexto y Estado Actual: Una Reforma Pendiente

La crisis de las licencias médicas no es un fenómeno nuevo, pero este episodio ha expuesto su magnitud y profundidad como nunca antes. Es el resultado de años de fiscalización laxa, una cultura donde la licencia se percibe a veces como un derecho adquirido más que como una prescripción médica, y la existencia de verdaderas redes dedicadas a su emisión fraudulenta.

Actualmente, el tema sigue en plena evolución. Los sumarios administrativos continúan su curso en cientos de reparticiones públicas. Se han iniciado investigaciones penales, como la que involucra a una fiscal en Puerto Varas, llevando el problema al propio Ministerio Público. En el Congreso, se debaten leyes para fortalecer la probidad y agilizar las sanciones.

La pregunta que queda abierta es si estas medidas lograrán catalizar un cambio cultural duradero en la ética del servicio público o si serán solo una respuesta coyuntural. La reconstrucción de la confianza ciudadana no dependerá únicamente de sancionar a los infractores, sino de una reforma profunda a los organismos de control y de un diálogo honesto sobre las condiciones laborales que subyacen a esta crisis sistémica.