La violencia al volante se normaliza: El atropello en Providencia fue el aviso de una epidemia de impunidad en las calles

La anatomía de una tragedia recurrente

Han pasado más de dos meses desde que la esquina de Santa Isabel con Salvador, en Providencia, se convirtió en el escenario de una tragedia que conmocionó a la opinión pública. La noche del 25 de mayo, Eddie Alberto Odgers Briones, de 58 años, en presunto estado de ebriedad, atropelló y causó la muerte a dos trabajadores de una estación de servicio Copec. El hecho, capturado por cámaras y testigos, no fue un simple accidente, sino un acto de violencia vial que, lejos de ser un caso aislado, ha demostrado ser el síntoma de una patología social más profunda y persistente.

La narrativa inicial se centró en la brutalidad del suceso: un conductor que, tras un altercado, arrolló a un bombero y a una vendedora en su intento de fuga, siendo detenido cuadras más allá gracias a la intervención de un taxista. La investigación, a cargo de la SIAT y el OS9 de Carabineros, sigue su curso. Sin embargo, con el paso de las semanas, el caso de Providencia ha dejado de ser una noticia para convertirse en un caso de estudio sobre un problema que no cesa: la conducción irresponsable y sus consecuencias letales.

Un patrón, no una coincidencia: la estela de la impunidad

Lo que ocurrió en Providencia no quedó contenido en esa esquina. Los meses de junio y julio han sido un sombrío recordatorio de que la violencia al volante es un fenómeno sistémico. La cronología de los hechos posteriores dibuja un patrón alarmante:

• 14 de junio, Recoleta: Un carabinero que se dirigía en bicicleta a un procedimiento fue atropellado por un vehículo. Aunque sobrevivió, el incidente subrayó la vulnerabilidad de quienes trabajan en la vía pública.
• 24 de junio, San Pedro de la Paz: Un conductor de taxibús de 70 años, bajo los efectos de la marihuana, atropelló y dejó grave a una joven de 22 años. Pese a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, el tribunal lo dejó en libertad con arraigo nacional y firma mensual. La decisión judicial generó un fuerte debate sobre la efectividad de las sanciones y la percepción de impunidad.
• 18 de julio, Arauco: Un bus que había salido de Curanilahue volcó, dejando un pasajero fallecido y una veintena de heridos. El conductor, de 36 años, dio positivo por consumo de cocaína y registró 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre.
• 1 de agosto, Costanera Norte: Seis jóvenes regresaban de una fiesta en un citycar. La conductora, en manifiesto estado de ebriedad, chocó contra una barrera. Un joven que viajaba en el maletero del vehículo murió en el lugar.

Esta seguidilla de eventos demuestra que el problema trasciende el perfil de un único infractor. Involucra a conductores particulares, del transporte público, de distintas edades y en diferentes regiones del país, pero con un denominador común: un desprecio por la vida propia y ajena, a menudo potenciado por el consumo de alcohol o drogas.

Preguntas que la calle nos obliga a responder

El análisis de estos casos, con la distancia que otorga el tiempo, exige plantear preguntas que van más allá de la crónica roja y apuntan al corazón de nuestra cultura cívica y nuestro sistema legal.

¿Son suficientes las leyes actuales?

La Ley de Tolerancia Cero y la Ley Emilia endurecieron las penas para la conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte o lesiones. Sin embargo, el caso del conductor drogado en San Pedro de la Paz, que quedó en libertad a la espera del juicio, genera una disonancia cognitiva. Si la ley es estricta, ¿por qué las medidas cautelares pueden ser percibidas como laxas? Expertos legales señalan que los jueces deben ponderar antecedentes y la proporcionalidad de la medida, pero para la ciudadanía, estas decisiones pueden enviar una señal de que cometer un delito grave al volante no siempre tiene consecuencias inmediatas y severas.

¿Es solo un problema de fiscalización?

Autoridades como el Seremi de Transportes del Biobío han reconocido los esfuerzos por aumentar los controles, pero también las limitaciones. El hecho de que solo un 25% de las líneas de taxibuses en el Gran Concepción realizara controles a sus conductores en junio es revelador. La fiscalización es una herramienta crucial, pero no puede ser la única. El caso de la Costanera Norte, con seis jóvenes en un auto pequeño y uno en el maletero, evidencia una falla más profunda: la falta de autopercepción del riesgo y la responsabilidad personal, un problema cultural que ninguna ley puede resolver por sí sola.

¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad?

El atropello del bombero en Providencia y los eventos posteriores desnudan una cultura vial precaria. La calle, que para muchos es un lugar de trabajo —bomberos, personal de emergencia, repartidores, fiscalizadores—, se ha vuelto un espacio de alto riesgo. La impaciencia, la agresividad y la normalización de conductas imprudentes se han convertido en la norma para una parte de los conductores. El debate, por tanto, no puede limitarse a pedir más cárcel. Debe abordar la educación vial desde la infancia, la salud mental y las adicciones como problemas de salud pública, y una reflexión colectiva sobre el pacto social que significa compartir el espacio público.

El caso de Eddie Odgers Briones sigue en manos de la justicia, pero la sentencia social ya está dictada: Chile tiene una deuda pendiente con la seguridad en sus calles. El tema no está cerrado; ha evolucionado hacia una conversación incómoda pero necesaria sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo sobre nuestro asfalto.