Hoy, 5 de agosto de 2025, el Puente Lo Saldes —una arteria vital que conecta Vitacura, Providencia y Lo Barnechea— inicia un cierre total de 18 días. Este evento no es una sorpresa, sino el clímax de una crisis que se ha gestado durante casi seis meses, exponiendo las grietas no solo en el hormigón de una estructura de más de 70 años, sino también en la coordinación política y la capacidad de respuesta del Estado frente al colapso de su infraestructura crítica.
¿Cuándo y cómo comenzó todo?
El 13 de febrero de 2025, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ordenó el cierre parcial del puente tras detectar un desprendimiento en su losa y una falla en una viga exterior. La medida era de emergencia. En ese momento, las proyecciones iniciales del MOP sugerían que las reparaciones tomarían cerca de un mes. La realidad fue drásticamente diferente.
¿Qué pasó durante los meses de espera?
Marzo, abril y mayo transcurrieron sin un cronograma claro. Mientras el MOP realizaba análisis técnicos, miles de ciudadanos enfrentaban un colapso vial diario. La congestión en rutas alternativas como Avenida Andrés Bello y la rotonda Pérez Zujovic se volvió la norma, duplicando los tiempos de traslado. La frustración ciudadana escaló en redes sociales, con quejas sobre la inacción y el cobro normal de peajes por parte de Costanera Norte pese al servicio deficiente. Los municipios afectados, como Las Condes, intentaron mitigar el impacto ajustando semáforos, pero los resultados fueron insuficientes para contener los “tacos” monumentales.
¿Cómo reaccionaron las autoridades políticas?
La demora transformó un problema técnico en un conflicto político. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), fue de las primeras en exigir claridad. Sin embargo, la voz más resonante fue la del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quien a fines de junio instó públicamente al MOP a “ponerse las pilas”. Bellolio subrayó que, si bien los municipios no tenían la facultad para reparar el puente, sí sufrían las consecuencias directas, advirtiendo sobre el efecto acumulativo con otras obras en la zona, como la construcción del futuro teleférico.
¿Cuándo llegó la solución?
La presión política y mediática pareció surtir efecto. El 11 de julio, casi cinco meses después de la falla inicial, el subsecretario de Obras Púbicas, Danilo Núñez, anunció finalmente un plan concreto: las obras de reparación comenzarían el 14 de julio, tendrían una duración total de nueve semanas y un costo cercano a las 20.000 UF. El plan incluía el cierre total del viaducto a partir del 5 de agosto, lo que obligó a modificar el trazado de cinco recorridos del sistema Red de Movilidad (409, 411, 502, 542 y 546e), trasladando el impacto también a los usuarios del transporte público.
El caso del Puente Lo Saldes no es un hecho aislado, sino un síntoma de debates más profundos sobre el modelo de desarrollo urbano en Chile.
El Puente Lo Saldes está, finalmente, en reparación. El cronograma de nueve semanas está en curso y se espera que la estructura recupere su plena capacidad en septiembre. Sin embargo, la historia de estos seis meses deja un debate abierto. El episodio ha servido como un costoso recordatorio de que la resiliencia de una ciudad no solo depende de la solidez de sus puentes, sino de la agilidad de sus instituciones, la visión de su planificación a largo plazo y su capacidad para actuar antes de que las grietas se hagan insostenibles.