El Directorio Bajo la Lupa: La sanción por interlocking a Hernán Büchi fuerza un debate sobre las reglas no escritas de la élite empresarial

Preguntas y Respuestas: Desentrañando el Caso Büchi y sus Consecuencias

A dos meses de la histórica sanción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el caso que involucra a Hernán Büchi, Banco de Chile y Consorcio Financiero ha transitado desde el titular inmediato hacia un debate de fondo sobre la gobernanza corporativa en Chile. La multa de casi 5.000 millones de pesos por la práctica de interlocking horizontal —la participación simultánea de un director en empresas competidoras— dejó de ser el centro de la noticia. Hoy, la verdadera discusión radica en las preguntas que el fallo dejó flotando en las salas de directorio de todo el país.

1. ¿Qué ocurrió exactamente y por qué es relevante ahora?

El 6 de junio de 2025, el TDLC culminó un proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2021, sentenciando al Banco de Chile (del grupo Luksic) y a Consorcio Financiero a pagar multas de $3.300 y $1.650 millones respectivamente. La razón: Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda y figura emblemática del modelo económico chileno, se desempeñaba como director en ambas entidades, consideradas competidoras directas en el mercado financiero y de seguros.

La relevancia actual no reside en la sanción económica, que el Banco de Chile ya anunció que apelará ante la Corte Suprema, sino en el mensaje sistémico que la FNE ha consolidado. A fines de junio, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, fue enfático en su cuenta pública: la prohibición del interlocking "debe ser cumplida de manera estricta". Este no es un caso aislado; se suma a otras acciones, como la sanción previa a Juan Hurtado Vicuña por un rol similar en Consorcio y LarrainVial, demostrando una estrategia regulatoria sostenida para desmantelar redes de influencia que, hasta ahora, operaban en una zona gris.

2. ¿Cuáles son las dos visiones del poder que chocaron en este caso?

El fallo expuso una colisión entre dos lógicas de gobernanza.

Por un lado, la lógica del regulador, que interpreta el interlocking como una infracción per se. Para la FNE, no es necesario demostrar que hubo un acuerdo colusorio o un daño efectivo a la competencia. La sola existencia del vínculo a través de un director relevante crea un riesgo inaceptable de intercambio de información sensible y de coordinación tácita. Es una visión preventiva, que busca proteger la estructura del mercado antes de que el daño ocurra.

Por otro lado, la lógica corporativa tradicional, reflejada en la defensa del Banco de Chile, que argumenta no haber cometido infracción alguna. Esta postura sugiere una interpretación donde la práctica solo sería reprochable si se demuestra una conducta anticompetitiva concreta. Esta visión se alinea con una cultura empresarial donde la presencia de directores experimentados en múltiples mesas era vista como un activo que aportaba visión y redes, más que como un riesgo para la libre competencia. El académico Alfredo Enrione, del ESE Business School, lo describe como la diferencia entre el "mapa formal" de la organización y el "mapa real" de influencias. La ley de interlocking es un intento directo de regular ese mapa invisible.

3. ¿Cómo se interpretó el caso desde una perspectiva política y social?

La figura de Hernán Büchi, por su rol histórico como ministro durante la dictadura y posterior candidato presidencial de la UDI, politizó inevitablemente el debate. Medios como Cambio21 enmarcaron la noticia no solo como una falta a la libre competencia, sino como una multa a un "exministro de la dictadura", conectando el caso con una narrativa más amplia sobre la responsabilidad y los privilegios de la élite.

Para los críticos de la concentración económica, el caso Büchi no es una anécdota técnica, sino la confirmación de que las cúpulas empresariales han operado por décadas con un conjunto de reglas no escritas, donde los vínculos personales y las redes de poder prevalecen sobre las normativas formales. La sanción, desde esta óptica, representa un esfuerzo del Estado por imponer su autoridad en un terreno tradicionalmente autorregulado por sus propios actores.

4. ¿Qué ha cambiado en los directorios chilenos desde junio?

Si bien el resultado final del caso depende de la Corte Suprema, el efecto disuasivo ya es palpable. La acción de la FNE, que utilizó herramientas tecnológicas para detectar estos vínculos, ha enviado una señal clara: la vigilancia es activa y permanente. Los directorios y sus asesores legales se han visto forzados a realizar una revisión exhaustiva de sus composiciones y de las participaciones cruzadas de sus miembros, no solo en competidores directos, sino en toda la cadena de valor.

La conversación sobre la "independencia" de un director ha adquirido una nueva dimensión. Ya no se trata solo de lazos de propiedad, sino de la capacidad de un individuo para actuar sin conflictos de interés, incluso potenciales. Como señala Enrione en sus análisis, el desafío para los directores externos es navegar culturas corporativas complejas; el interlocking añade una capa de prohibición legal a esas dinámicas informales.

5. ¿Está el tema cerrado o qué sigue ahora?

El tema está lejos de estar cerrado. Legalmente, la apelación ante la Corte Suprema definirá la jurisprudencia final. Pero el debate de fondo ya ha evolucionado. La discusión pública ha pasado de la sorpresa por la multa a un análisis más profundo sobre ética, transparencia y los límites del poder en el Chile corporativo.

La sanción a Büchi y al grupo Luksic no fue el fin de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre los reguladores y las élites económicas. Ha forzado a las empresas a preguntarse si sus prácticas, aunque históricamente aceptadas, resisten el escrutinio de una institucionalidad de libre competencia más vigilante y empoderada. La silla que Büchi ocupaba simultáneamente en dos competidores es hoy un símbolo de un modelo de gobernanza que está siendo obligado a transformarse.