Los gobernadores bajo la lupa: La crisis de confianza que redefine la descentralización en Chile

La promesa puesta a prueba

Lo que hace dos meses eran investigaciones puntuales sobre el uso de fondos públicos, hoy, a inicios de agosto de 2025, se ha consolidado como la primera gran crisis de confianza para la figura del gobernador regional. La descentralización, una de las reformas institucionales más significativas de la última década en Chile, se encuentra en el centro de un torbellino político y judicial que trasciende los casos individuales. La reciente "Cumbre de las Regiones" en Biobío, donde los principales candidatos presidenciales utilizaron la crisis como munición electoral, es solo el síntoma más visible de un debate mucho más profundo: ¿está el diseño institucional chileno preparado para una autonomía regional efectiva y proba?

El epicentro metropolitano: el caso Orrego

La atención se ha centrado en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind-ex DC). La controversia escaló a principios de junio, cuando un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación de servicios de coaching por más de $31 millones, en cuyas sesiones se habrían abordado estrategias para su campaña de reelección. A esto se suma su calidad de imputado en la investigación del Caso ProCultura, donde se indagan millonarios traspasos desde el Gobierno Regional (GORE) a la fundación.

La defensa de Orrego ha sido consistente: acusa "aprovechamiento político", principalmente de la oposición, y asegura que no se ha desviado "ningún peso público" a su campaña. El 17 de junio, declaró voluntariamente ante la fiscalía y entregó sus dispositivos electrónicos, buscando demostrar su total colaboración. Sin embargo, la ofensiva en su contra no ha cesado. Los consejeros regionales (cores) del Partido Republicano y la UDI ya reunieron las firmas para solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), argumentando "notable abandono de deberes" y falta de probidad. La revelación de que las compras por trato directo en el GORE se duplicaron durante su gestión ha añadido más combustible a esta ofensiva.

Un patrón que se extiende por las regiones

Reducir la crisis a la figura de Orrego sería un error. El fenómeno muestra una preocupante transversalidad. El 11 de junio, el nuevo gobernador de La Araucanía, René Saffirio, interpuso una querella por presunto fraude al fisco contra su antecesor, Luciano Rivas, por la supuesta utilización de más de $200 millones en asesorías para fines electorales. Este caso se suma a la ya larga investigación del "Papaya Gate" en la Región de Coquimbo, donde la exintendenta Lucía Pinto (UDI) fue formalizada en mayo por un fraude que supera los $9.800 millones.

Aunque Pinto era una autoridad designada y no electa, su caso, junto a los que involucran a gobernadores de distintos sectores políticos, dibuja un panorama de vulnerabilidad sistémica. La pregunta que surge en círculos políticos y académicos es si el problema radica en las personas o en un diseño institucional que aún no cuenta con los mecanismos de control adecuados para la nueva distribución de poder y recursos.

La respuesta institucional: un sistema bajo tensión

La reacción de las instituciones del Estado ha sido tan reveladora como la crisis misma. La Contraloría, bajo el liderazgo de Dorothy Pérez, ha asumido un rol protagónico, no solo destapando las irregularidades, sino también solicitando formalmente al Senado, el 5 de junio, un aumento de sus atribuciones para fiscalizar y sancionar directamente. Esta petición es un reconocimiento implícito de que las herramientas actuales son insuficientes.

Por otro lado, la actuación de la Fiscalía ha sido objeto de críticas. En el caso de Orrego, han surgido cuestionamientos sobre su autonomía, dado que los GORE metropolitanos han financiado programas del Ministerio Público, generando un potencial conflicto de interés. El consejero regional Álvaro Bellolio (UDI) ha sido una de las voces que ha deslizado dudas sobre la imparcialidad del proceso, señalando la "rareza" de que un imputado coordine su propia declaración y entrega de evidencia.

Mientras tanto, los Consejos Regionales (COREs), concebidos como el contrapeso fiscalizador de los gobernadores, se han transformado en arenas de disputa política. En la Región Metropolitana, la mayoría opositora activó una comisión investigadora para indagar la gestión de Orrego, una herramienta que evidencia cómo la fiscalización se entrelaza con la estrategia política.

El debate presidencial: la descentralización como arma electoral

El foro de descentralización en Biobío, el 4 de agosto, fue el escenario donde la crisis alcanzó su máxima politización. José Antonio Kast (Republicano) no dudó en acusar al gobierno de Gabriel Boric de "entregar las regiones a la corrupción". La candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), respondió acusándolo de gobernar a base de "descalificaciones" y defendiendo el proceso de descentralización más allá de los casos puntuales. En una posición más moderada, Evelyn Matthei (UDI) criticó el tono polarizado del debate y recordó que la corrupción es un mal transversal, afirmando que "nadie puede escupir al cielo".

Este intercambio demuestra que la crisis de los gobernadores ha dejado de ser un tema de gestión para convertirse en un eje central de la carrera presidencial. La probidad y el futuro de la descentralización son ahora campos de batalla donde los candidatos definen sus proyectos de país.

Un futuro incierto

La situación está lejos de resolverse. Las investigaciones judiciales y administrativas siguen su curso, y el requerimiento de destitución contra Orrego en el TRICEL marcará un precedente clave para el futuro de los gobernadores. La crisis ha abierto un debate estructural que Chile no puede eludir: ¿cómo fortalecer la autonomía regional sin sacrificar la probidad? ¿Son necesarios más y mejores controles desde el nivel central, o se debe apostar por fortalecer las capacidades de fiscalización locales? Las respuestas que se construyan en los próximos meses no solo sellarán el destino de las autoridades investigadas, sino que definirán la verdadera profundidad y alcance de la descentralización en el país.