El Estado se audita a sí mismo: La fuga de un sicario acelera la reforma forzosa de la justicia y la seguridad

El detonante: un error, múltiples fracturas

A principios de julio de 2025, la liberación de un sicario desde una cárcel de Santiago no fue un simple fallo administrativo. Fue un test de estrés que el sistema no superó. El evento expuso una cadena de vulnerabilidades que van desde la identificación de un imputado hasta la comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería, culminando en una fuga internacional. Hoy, un mes después, las ondas de choque de ese error están forzando un debate que Chile había pospuesto: la modernización real de sus instituciones de seguridad y justicia frente a un crimen organizado que opera sin las trabas burocráticas del Estado.

Escenario 1: El Shock Institucional (Corto Plazo: 0-6 meses)

La suspensión de la jueza a cargo es solo la primera ficha en caer. Lo que se proyecta en el corto plazo es una ola de auditorías internas y sumarios cruzados entre el Poder Judicial, Gendarmería y el Ministerio Público. Cada institución buscará delimitar su responsabilidad, lo que podría derivar en una defensa corporativa en lugar de una solución colaborativa.

La presión política, catalizada por voces como la de Evelyn Matthei pidiendo convocar al COSENA, obligará al gobierno a actuar. Es altamente probable la creación de una comisión de expertos para la modernización de la gestión judicial y penitenciaria. El factor de incertidumbre clave es si las conclusiones de esta comisión se traducirán en cambios legislativos rápidos o si quedarán atrapadas en el ciclo electoral. La confianza pública en el sistema judicial, ya erosionada, enfrentará su punto más bajo.

Escenario 2: La Carrera Tecnológica y Procedimental (Mediano Plazo: 6-24 meses)

El diagnóstico es claro: los sistemas son vulnerables. La respuesta más probable será una inversión forzosa en tecnología. Se acelerarán proyectos para implementar plataformas de comunicación unificadas y seguras entre las distintas agencias del Estado. Podemos esperar el anuncio de sistemas con trazabilidad tipo blockchain o con validación biométrica para cada orden judicial crítica.

La identidad se volverá central. Se impulsarán sistemas de registro biométrico obligatorio para todos los imputados extranjeros, conectados a bases de datos internacionales como las de Interpol. Esto abrirá un debate secundario: el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Organizaciones de la sociedad civil alertarán sobre los riesgos de un estado de vigilancia, pero el argumento de la seguridad nacional probablemente dominará la discusión pública.

Escenario 3: Hacia un Nuevo Contrato de Seguridad (Largo Plazo: 2-5 años)

El impacto más profundo será cultural y político. El concepto de "Estado fallido", articulado por el gobernador de Arica, dejará de ser una hipérbole para instalarse como una preocupación legítima en el debate público. Este caso otorga una validación sin precedentes a las posturas que exigen un endurecimiento de la política de seguridad y control migratorio.

Se abrirá la puerta a discutir medidas antes consideradas extremas, como reformas constitucionales para reforzar las facultades de las fuerzas de seguridad y limitar ciertas garantías procesales en casos de crimen organizado. El riesgo es que la respuesta a una falla sistémica sea una restricción permanente de libertades. La oportunidad, en cambio, reside en que este shock obligue a una colaboración real entre instituciones que históricamente han funcionado como islas, creando un sistema de justicia más resiliente y eficaz.

En síntesis, la fuga de un hombre hizo más por la modernización del aparato de seguridad chileno que años de diagnósticos. La pregunta que definirá la próxima década es si esta transformación resultará en un Estado más seguro y eficiente o en uno más controlador y desconfiado. Las decisiones que se tomen en los próximos 12 meses determinarán el camino.