El INBA no tiene quién lo dirija: Crónica de un liceo atrapado entre la violencia, el abandono y la disputa política

El epicentro de la crisis: un liceo a la deriva

Hoy es 5 de agosto de 2025. Han pasado casi dos meses desde que un bus del sistema Red fue incendiado en las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA). La columna de humo se disipó, pero la crisis que destapó no ha hecho más que profundizarse. Lejos de encontrar soluciones, el emblemático liceo de Santiago se encuentra hoy en un estado de parálisis institucional, con una comunidad fracturada, un liderazgo cuestionado y un futuro incierto. La narrativa ya no es sobre los "overoles blancos", sino sobre el colapso de un proyecto educativo y la incapacidad de las autoridades para ofrecer algo más que respuestas punitivas.

La caída de una rectora y el ascenso de la controversia

El 2 de julio, a pocas semanas del incendio del bus, la Municipalidad de Santiago, liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN), solicitó la renuncia de la rectora del INBA, María Alejandra Benavides. La razón oficial fue una mala evaluación de su convenio de desempeño, obteniendo un 56% de aprobación frente al 71% requerido. El informe municipal apuntaba a una "conducción débil" y "debilidades persistentes en la planificación estratégica".

Sin embargo, esta evaluación no puede desvincularse del contexto. Benavides había gestionado el liceo tras la peor tragedia de su historia: la explosión en un baño en octubre de 2024 que dejó a 35 estudiantes con quemaduras. Rodrigo Roco, director de Educación Municipal durante la gestión anterior, defiende los avances de Benavides, asegurando que bajo su mandato los hechos de violencia habían disminuido drásticamente en comparación con 2022 y que indicadores como la asistencia crítica mejoraron notablemente. "Pasamos de un INBA donde uno de cada cuatro estudiantes estaba en total riesgo de deserción, a uno donde esa cifra disminuyó a uno de cada 18", afirmó Roco.

En su reemplazo, Desbordes nombró como interino a Gonzalo Saavedra, exalumno y exrector del establecimiento. Su llegada fue todo menos conciliadora. En su primera reunión con los docentes, declaró: "Yo no traigo ningún plan. Ustedes tienen que hacer lo que saben hacer". Poco después, se filtró un audio privado donde se refería a estudiantes del espectro autista como "huevones con TEA", y el Centro de Estudiantes (CEE INBA) exigió su destitución. Las cifras de la propia Dirección de Educación Municipal (DEM) muestran que los incidentes violentos, que habían bajado a tres antes de la tragedia de 2024, se han multiplicado durante el primer semestre de 2025 bajo la dirección de Saavedra.

El trauma no resuelto: las heridas de 2024

Para entender la fragilidad actual del INBA, es ineludible volver a la mañana del 23 de octubre de 2024. Los testimonios de 72 testigos, recogidos en la investigación de Carabineros, reconstruyen una escena dantesca: múltiples explosiones, alumnos "envueltos en llamas", profesores usando mesas de ping-pong como camillas improvisadas y un portón cerrado que dificultó la evacuación. "La escena fue espantosa, algunos salían encendidos en llamas, pedían ayuda y corrían en diferentes direcciones", relató el entonces subdirector Hugo Fuentes.

Esa herida sigue abierta. La comunidad educativa —estudiantes, apoderados y funcionarios— opera desde el trauma. Cualquier respuesta a la crisis actual que no considere esta dimensión emocional y la necesidad de reparación parece destinada al fracaso. Sin embargo, el debate público se ha movido en otra dirección.

La respuesta política: ¿mano dura o sordera institucional?

La reacción del alcalde Desbordes se ha centrado en una estrategia de "ley y orden". Tras la quema del bus, anunció querellas contra los responsables, a quienes calificó de "delincuentes", y propuso implementar sistemas de control biométrico en los accesos. Esta visión se ha replicado en otras comunas. Hoy mismo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, atribuyó incidentes en el Liceo 7 a una "coordinación política de grupos anárquicos vinculados a la izquierda", anunciando también querellas y la aplicación de la ley Aula Segura.

Esta narrativa, que enmarca la violencia escolar como un problema puramente delictual y de infiltración política, choca con la visión de otros actores. El Colegio de Profesores rechazó las acusaciones de Sichel, calificándolas de "abusivas, irresponsables y totalmente infundadas", y denunció que los docentes enfrentan estas crisis en un "contexto estructural de desprotección institucional".

Desde la comunidad del INBA, la percepción es de abandono. "Uno espera que quien llegue, después de lo que vivimos, venga con un plan claro para recomponer el proyecto educativo. Pero eso no lo vemos", señaló Joselyn Espinoza, apoderada de segundo medio. Las soluciones propuestas por Saavedra, como reducir las horas de clase o implementar un sistema mixto presencial/online, han sido recibidas con escepticismo por la Seremi de Educación.

Un espejo de la educación pública

El INBA es hoy un microcosmos de los dilemas que enfrenta la educación pública en Chile. Un estudio del Centro de Liderazgo Educativo de la UDD ya advertía en junio sobre la alta tasa de deserción de directores en la educación pública, cuestionando si es atractivo liderar un colegio en estas condiciones. La crisis del INBA sugiere que no lo es.

El liceo está atrapado en un fuego cruzado. Por un lado, la violencia de grupos minoritarios. Por otro, una respuesta política que prioriza el control por sobre la pedagogía. En el medio, una comunidad educativa agotada y sin un proyecto claro al que aferrarse. El debate sobre si la solución es más seguridad, un nuevo liderazgo o un cambio sistémico sigue abierto. Mientras tanto, el prestigio de uno de los pilares de la educación pública chilena se consume, no por las llamas de una molotov, sino por el lento fuego del abandono institucional y la polarización política.