El ajuste técnico que destapó una falla estructural: El Seguro de Invalidez se convierte en el primer examen para la nueva reforma de pensiones
A fines de junio de 2025, lo que parecía un mero trámite legislativo comenzó a adquirir la forma de un problema complejo. El Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley calificado por el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, como “relativamente simple y corto”. Su objetivo: regular el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) desde la administración de las AFP al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), una de las piezas creadas por la recién aprobada reforma de pensiones. Sin embargo, más de 40 días después, la iniciativa que buscaba una tramitación expedita se ha convertido en la primera gran caja de resonancia de las tensiones y grietas subyacentes del nuevo modelo previsional.
El debate ya no es sobre un simple ajuste operativo, sino sobre la sostenibilidad financiera, el diseño de los beneficios y los riesgos que el Estado está asumiendo. La discusión ha expuesto un choque de visiones entre el pragmatismo gubernamental y las advertencias técnicas sobre una posible falla estructural.
La Propuesta del Gobierno: Un Trámite Necesario
La Ley de Reforma de Pensiones, promulgada en marzo, mandató al Ejecutivo a presentar, en un plazo de 90 días, una normativa para integrar el SIS al nuevo Seguro Social Previsional. El proyecto gubernamental cumple estrictamente con ese mandato: traspasa la facultad de licitar el SIS —el seguro colectivo más grande del país, que cubre a más de 7 millones de afiliados— desde las AFP al FAPP. La gestión operativa, como la administración de las comisiones médicas, permanecería en manos de las administradoras de fondos.
La postura del Ejecutivo, defendida por el ministro Marcel, es que el SIS “no tiene problemas de sostenibilidad”. Argumentó que la reciente baja en las primas del seguro y la rigurosidad de las comisiones médicas para calificar una invalidez descartaban la necesidad de cambios profundos. El superintendente de Pensiones (s), Mario Valderrama, reforzó esta línea, afirmando que no existe “evidencia empírica sólida” para aseverar que haya un patrón de fraude o abuso. Para el Gobierno, modificar el mecanismo más allá de lo indispensable era arriesgar el consenso que permitió sacar adelante la reforma principal.
La Contranarrativa: El Riesgo Oculto que se Traspasa
Casi de inmediato, surgieron voces críticas desde el mundo técnico, la industria aseguradora y la Asociación de AFP. El argumento central es que el proyecto no resuelve, sino que traslada un problema de diseño fundamental desde el sistema antiguo al nuevo.
El problema, según un editorial del Diario Financiero y expertas como Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal, radica en la propia naturaleza del SIS. Actualmente, las compañías de seguros no asumen completamente el riesgo de invalidez. En la práctica, pagan los beneficios, pero luego recuperan los costos a través de ajustes trimestrales en la prima que pagan los empleadores, la cual ha fluctuado entre 1,15% y 2,21% en la última década. En definitiva, el riesgo financiero no lo corren las aseguradoras, sino los empleadores.
Los críticos advierten que el proyecto de ley traspasa este mismo riesgo financiero al FAPP. Este nuevo fondo se financiará con una cotización fija del 2,5%, destinada a cubrir tanto el SIS como la compensación a las mujeres por mayor expectativa de vida. Si la siniestralidad del SIS sigue aumentando —como advierten los aseguradores—, podría consumir una porción cada vez mayor de esos recursos, comprometiendo la sostenibilidad del FAPP y su capacidad para cumplir con sus otras obligaciones.
A esto se suma un cuestionamiento al diseño del beneficio: una tasa de reemplazo del 70% del ingreso imponible que, a diferencia del seguro de accidentes del trabajo, no es incompatible con seguir trabajando. Esto, según los críticos, genera incentivos para un “comportamiento oportunista”, un eco del debate sobre el abuso de licencias médicas.
Las Posturas en Tensión: ¿Arreglar Ahora o Después?
La discusión ha cristalizado tres posturas claras, evidenciando la falta de un consenso técnico unánime:
- El Gobierno: Prioriza la implementación. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, fue explícito en el Senado al señalar que el proyecto se ajustó rigurosamente a lo mandatado para no reabrir debates que se dejaron de lado para lograr el acuerdo de la reforma.
- Los que piden reformas estructurales inmediatas: Economistas como Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal, junto a la Asociación de AFP, sostienen que esta es la oportunidad para corregir las fallas de diseño. Paulina Yazigi, presidenta de las AFP, añadió que el traspaso es incompleto, ya que deja a las administradoras con responsabilidades operativas sin un mandato claro de “pleno traspaso”. Proponen, por ejemplo, homologar el beneficio al de la ley de accidentes del trabajo.
- Los que apuestan por el nuevo diseño institucional: Una visión divergente es la del economista Cristóbal Huneeus, excoordinador de la mesa técnica de la reforma. Sostiene que el proyecto es correcto en su simpleza, ya que le entrega al FAPP los incentivos y las herramientas para estudiar a fondo el SIS —cruzando datos que hoy están dispersos— y proponer, con un diagnóstico robusto, los cambios necesarios en el futuro. Para esta visión, es el nuevo organismo, y no una reforma apresurada, quien debe resolver el problema.
Estado Actual: Un Debate Abierto
Lo que comenzó como un proyecto de rápida tramitación está ahora en pausa en la Comisión de Trabajo del Senado, que decidió postergar su votación para escuchar a más actores, incluyendo a la Asociación de Aseguradores. La discusión sobre el SIS ha dejado de ser un anexo técnico de la reforma previsional para convertirse en su primer test de estrés.
El desenlace de este debate no solo definirá el futuro de un seguro clave, sino que sentará un precedente sobre cómo el nuevo sistema de pensiones enfrentará sus contradicciones internas: ¿prevalecerá la urgencia de la implementación o la necesidad de corregir fallas estructurales antes de que generen un daño mayor a la sostenibilidad del modelo? Por ahora, la pregunta sigue abierta.