La Sostenibilidad ya no se Declara, se Contabiliza: Cómo la nueva regulación financiera y la fiscalización ambiental obligan a las empresas en Chile a traducir sus promesas verdes en números concretos

La Sostenibilidad ya no se Declara, se Contabiliza: Cómo la nueva regulación financiera y la fiscalización ambiental obligan a las empresas en Chile a traducir sus promesas verdes en números concretos
2025-08-06
Fuentes
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- La era del marketing verde termina: nuevas normas de la CMF exigirán a las empresas reportar sus riesgos de sostenibilidad como impactos financieros a partir de 2027.

- La presión es doble: mientras la Superintendencia del Medio Ambiente intensifica la fiscalización en sectores clave, los inversionistas demandan métricas reales y desconfían de las declaraciones.

- La transición revela una brecha: mientras las grandes empresas avanzan (80% mide su huella de carbono), las pymes quedan rezagadas, dependiendo de apoyos estatales para no quedar fuera.

Durante años, la sostenibilidad fue un concepto flexible en el mundo corporativo chileno, a menudo relegado a memorias anuales con imágenes de bosques y paneles solares. Sin embargo, en los últimos tres meses, una serie de acontecimientos ha marcado un punto de inflexión definitivo: la sostenibilidad ha dejado de ser una declaración de buenas intenciones para convertirse en una exigencia contable y fiscalizable. El péndulo ha oscilado desde el marketing hacia la métrica, y las empresas ahora enfrentan la obligación de demostrar, con números, el impacto real de sus operaciones.

El Martillo Regulatorio: De lo "Extra-Financiero" a la Línea de Fondo

El cambio más estructural proviene de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La adopción de las normas IFRS S1 y S2, que serán obligatorias a partir de abril de 2027, es el eje de esta transformación. Como advertía en julio Gabriel Acuña, líder de sostenibilidad de Deloitte, la información sobre riesgos climáticos o sociales ya no es "extra-financiera"; es esencial para cualquier inversionista prudente. La nueva regulación obliga a las empresas a identificar y cuantificar cómo la crisis hídrica, la transición energética o los cambios demográficos pueden afectar sus flujos de caja y su valor a futuro.

El problema es que, según estimaciones del sector, menos de un quinto de las compañías chilenas está preparada para este nivel de reporte. Sus análisis de materialidad suelen ser genéricos y desconectados del negocio.

Esta presión financiera se complementa con una fiscalización ambiental más estricta. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció en julio un foco especial en el sector energético, motivado por un alza sostenida de denuncias ciudadanas desde 2021. La SMA investiga el impacto de parques eólicos y fotovoltaicos sobre la biodiversidad, demostrando que la transición energética, aunque necesaria, no está exenta de escrutinio. Este doble frente regulatorio —financiero y ambiental— está forzando a las empresas a pasar de la promesa a la prueba.

El Mercado Impaciente y la Sombra del "Greenwashing"

La presión no es solo regulatoria. Los inversionistas y el mercado muestran una creciente impaciencia. Un estudio reciente de SCX Bolsa de Clima de Santiago reveló un avance significativo: un 80% de las grandes empresas del país ya mide su huella de carbono, un salto enorme desde el 33% registrado en 2021. Sin embargo, el mismo informe advierte que este es solo el primer paso. La gestión de metas, los planes de adaptación y la resiliencia siguen siendo áreas incipientes.

Este escenario local contrasta con las tensiones internacionales. A fines de junio, la Comisión Europea retiró su ambiciosa ley contra el greenwashing tras una fuerte presión de grupos empresariales que la consideraron excesivamente costosa y compleja. Este retroceso en Europa sirve como un recordatorio de que la transición hacia la transparencia tiene adversarios poderosos y no es un camino lineal. Para Chile, plantea una disonancia: mientras el país avanza en la regulación, el principal bloque económico del mundo muestra que la resistencia corporativa puede frenar la agenda ambiental.

La Sostenibilidad de Dos Velocidades: Grandes Empresas vs. Pymes

La transición, sin embargo, no es homogénea. Mientras las grandes corporaciones se ven forzadas a adaptarse por la presión de la CMF y los inversionistas, las pequeñas y medianas empresas operan en una realidad distinta. Datos de la Encuesta de Empresas 2024 son elocuentes: mientras entre un 12% y un 15% de la gran industria realiza inversiones en protección ambiental, en las pymes la cifra es apenas superior al 0%.

Reconociendo esta brecha, el gobierno lanzó a principios de agosto el programa "Crece Sostenible" de Sercotec, una iniciativa con una inversión de casi 4.000 millones de pesos para asesorar y financiar la adaptación de 378 pymes. Como explicó la gerenta general de Sercotec, María José Becerra, para una pyme es mucho más difícil adoptar estas prácticas, no solo por la inversión, sino por la falta de conocimiento técnico. Sin este tipo de apoyo estatal, la transición hacia una economía sostenible corre el riesgo de profundizar la desigualdad estructural del tejido empresarial chileno.

El Pulso en la Calle: Entre la Economía Circular y el Conflicto Socioambiental

Lejos de los directorios y las oficinas gubernamentales, la tensión se manifiesta en el día a día. Por un lado, la ciudadanía y emprendedores impulsan cambios desde la base. El debate sobre la industria textil, uno de los mayores contaminantes, ha catalizado iniciativas de economía circular como The Ropantic Show o consultoras como Franca. Estudio, que buscan transformar un modelo de consumo insostenible. Estas acciones, junto a la "Estrategia de Economía Circular para Textiles" del Ministerio del Medio Ambiente, muestran una respuesta cultural y de mercado al impacto visible del fast fashion.

Por otro lado, los conflictos socioambientales persisten. La aprobación final en junio del proyecto Mall Vivo Santiago en Ñuñoa, pese a la fuerte oposición de vecinos y del municipio, evidencia que el marco regulatorio actual aún puede priorizar grandes proyectos de inversión sobre las preocupaciones locales. Este caso funciona como un contrapeso a la narrativa de un avance unilineal, demostrando que las tensiones entre desarrollo económico y protección del entorno siguen muy presentes y sus resultados no siempre se inclinan hacia la sostenibilidad.

El tema, por tanto, no está cerrado. Ha evolucionado hacia una nueva etapa, más compleja y técnica. Las preguntas ya no son si la sostenibilidad importa, sino cómo se medirá, quién pagará la cuenta de la transición y cómo se resolverán las contradicciones inherentes a un modelo que debe ser, al mismo tiempo, económicamente viable y ambientalmente responsable. La respuesta definirá el verdadero rostro de la economía chilena en la próxima década.

El tema ilustra la evolución de un concepto global —la sostenibilidad— desde una palabra de moda en el marketing corporativo hacia un imperativo regulatorio y de mercado con métricas concretas. La historia muestra una clara progresión narrativa, desde el debate conceptual hasta la implementación de estándares, la presión de los fiscalizadores y las acciones para incluir a las pequeñas y medianas empresas. Este proceso, desarrollado a lo largo de varios meses, permite un análisis profundo sobre cómo las presiones externas (inversionistas, reguladores, consumidores) fuerzan un cambio estructural en el comportamiento empresarial, exponiendo la tensión entre la imagen pública y la operación real.