A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la atención pública se concentra en las encuestas y los debates entre candidatos a La Moneda. Sin embargo, el poder real, la capacidad de gobernar y legislar durante los próximos cuatro años, no se está decidiendo en los foros televisivos, sino en discretas reuniones en las sedes de los partidos. La negociación de las listas parlamentarias, un proceso opaco y crudo que ha madurado durante julio y principios de agosto, ha revelado ser el verdadero campo de batalla donde se está configurando el futuro político de Chile, mucho antes de que se deposite un solo voto.
Lo que está en juego es la gobernabilidad. Como advirtió a principios de agosto el empresario Nicolás Ibáñez, una de las voces influyentes en el financiamiento de la derecha, “la elección presidencial es algo secundario en este momento, lo más importante son las listas parlamentarias”. Su amenaza de no financiar “un circo” de divisiones subraya una realidad incuestionable: sin un Congreso afín, el próximo presidente o presidenta será un general sin ejército.
La dinámica más clara y resuelta se ha dado en la oposición. A mediados de julio, el Partido Republicano, junto al Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, oficializó su pacto “Derecha Unida”, cerrando la puerta a una lista única con Chile Vamos. Esta decisión, lejos de ser un arrebato, es un movimiento estratégico que refleja la autopercepción de poder del republicanismo. Su timonel, Arturo Squella, lo dejó claro al emplazar a Chile Vamos a formar su propia alianza con Demócratas y Amarillos, actuando no como un socio, sino como un polo hegemónico que dicta las condiciones del sector.
La reacción en Chile Vamos ha sido una mezcla de pragmatismo y desesperación. Durante todo julio, sus líderes, como Guillermo Ramírez (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), insistieron públicamente en la necesidad de unidad, advirtiendo sobre el riesgo de que “la izquierda con menos votos saque más diputados”. La negativa republicana los ha forzado a una posición defensiva, buscando pactos por omisión en regiones clave para mitigar el daño electoral. La tensión escaló cuando el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen (RN), calificó a José Antonio Kast como “adversario electoral”, desatando críticas en la UDI, que prefiere enfocar los ataques en la izquierda. Este episodio revela la fractura fundamental: mientras una parte de la derecha ve a la otra como un competidor a vencer en primera vuelta, la otra teme que esa competencia interna les cueste la mayoría parlamentaria que consideran vital.
Si la derecha vive un divorcio, el oficialismo y sus aliados enfrentan un matrimonio forzado y complejo. La victoria de Jeannette Jara (PC) en las primarias de junio impulsó la idea de una lista única desde el Socialismo Democrático hasta el Frente Amplio y la Democracia Cristiana. El objetivo es claro: maximizar la fuerza electoral frente a una derecha dividida. Sin embargo, la implementación ha sido una pesadilla logística y política.
A principios de julio, los nueve partidos sentados a la mesa sumaban más de 400 aspiraciones para solo 183 cupos a la Cámara de Diputados. Esta desproporción ha convertido la negociación en un ejercicio de supervivencia. Para los partidos más pequeños, como el FREVS o Acción Humanista, conseguir cupos competitivos es una cuestión de existencia legal. Para los más grandes, es una demostración de fuerza. El secretario general del PS, Camilo Escalona, lo verbalizó sin rodeos: “Somos un pilar insustituible, así es como nos sentamos en esta negociación”.
En este contexto, el pragmatismo ha llegado a niveles extremos. La Democracia Cristiana, por ejemplo, justificó su apoyo a la candidata comunista a cambio de una promesa de cupos parlamentarios, un movimiento que generó un profundo debate interno sobre la pérdida de identidad del partido. La columnista María José Naudon lo calificó como “un verdadero fraude en la entrega”, donde se transa historia por un “plato de lentejas” electoral.
Las tensiones de las negociaciones se manifiestan en conflictos locales que exponen la crudeza del poder. El caso del diputado Jaime Naranjo es emblemático. Tras renunciar al PS para poder competir por fuera, fue expulsado de la bancada socialista y vetado explícitamente por la directiva de su ex partido para integrar cualquier lista del oficialismo. La razón de fondo: su intención de disputarle el escaño senatorial por el Maule a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. La lealtad de pacto termina donde empieza la disputa por un cupo.
El Frente Amplio, la coalición del Presidente Boric, no ha sido inmune a estas dinámicas. En su cónclave de principios de agosto, se decidió priorizar la candidatura a diputado por el distrito 8 de Gustavo Gatica, figura simbólica del estallido social. Para abrirle espacio, la propia presidenta del partido, Constanza Martínez, tuvo que deponer su aspiración en la misma zona. En Valparaíso, la pugna senatorial se mantiene abierta: aunque una encuesta interna dio la primera opción a Diego Ibáñez, el diputado Jorge Brito se resiste a bajar su precandidatura, manteniendo la tensión hasta el final.
El plazo para la inscripción de candidaturas vence el 18 de agosto. Para entonces, el mapa del poder legislativo para el período 2026-2030 estará en gran medida dibujado. Las listas que se inscriban definirán los límites de lo posible para el próximo gobierno. La gobernabilidad, esa palabra tan anhelada, se está decidiendo ahora, en una compleja trama de vetos, alianzas, ambiciones y renuncias que el ciudadano común apenas percibe, pero cuyas consecuencias afectarán a todos.
2025-08-01