A principios de julio de 2025, el gobierno ingresó al Senado el nombre de Marcelo Carvallo Ceroni para integrar el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). A primera vista, un trámite institucional más. Sin embargo, este acto administrativo fue el capítulo final de una batalla política de más de dos años que no enfrentó al gobierno con la oposición, sino con sus propios aliados. La nominación de Carvallo, militante socialista, no fue una muestra de unidad, sino la constatación de una cesión de poder del Presidente Gabriel Boric ante la presión de uno de los partidos clave de su coalición.
El asiento en el Servel, que formalmente dejó vacante Alfredo Joignant en febrero de 2023, se convirtió en el símbolo de la fragilidad de la autoridad presidencial y del poder real que hoy reside en las bancadas parlamentarias y las directivas de los partidos.
La historia de este conflicto se remonta a la intención original de La Moneda de reequilibrar la balanza de poder dentro del Servel. Tradicionalmente, los cinco puestos del Consejo Directivo han respondido a un "cuoteo" entre las principales fuerzas políticas. Con la salida de Joignant, vinculado históricamente al PS, el Presidente Boric vio la oportunidad de nombrar a una figura de su propio sector, el Frente Amplio. La elegida fue la abogada Antonia Rivas.
La jugada era audaz y buscaba reflejar el cambio de ciclo político. Si el Socialismo Democrático ya contaba con representación a través de Pamela Figueroa (PPD) y María Cristina Escudero (cercana a la DC), parecía lógico que el Frente Amplio, el partido del Presidente, ocupara el cupo disponible. Sin embargo, el cálculo subestimó la resistencia de sus socios.
La respuesta del Partido Socialista fue inmediata y contundente. La bancada de senadores socialistas, la más numerosa del oficialismo, advirtió pública y privadamente que no daría sus votos para ratificar a Rivas. La nominación requería un quórum de dos tercios (33 senadores), haciendo matemáticamente inviable cualquier nombramiento sin el apoyo de todo el oficialismo.
El PS defendió el cupo como un derecho adquirido, una pieza clave en el ajedrez institucional que no estaban dispuestos a ceder. La tensión escaló durante meses, dejando al gobierno en una encrucijada: insistir en su candidata y arriesgar una humillante derrota en el Senado, o ceder y evidenciar su debilidad. Este pulso se dio en un contexto ya complejo para la coalición, marcado por las disputas internas que se agudizaron durante las primarias presidenciales de junio, donde la candidata comunista Jeannette Jara se impuso sorpresivamente, dejando heridas en el Socialismo Democrático y el Frente Amplio.
Finalmente, en abril de 2025, La Moneda retiró la nominación de Antonia Rivas. El gobierno había perdido la pugna. El asiento en el Servel seguiría siendo socialista.
¿Por qué un solo cargo en una institución autónoma generó tal nivel de conflicto? La respuesta radica en la creciente importancia estratégica del Servel. En un escenario de polarización y desconfianza, el organismo que regula y fiscaliza los procesos electorales se ha vuelto un espacio de poder codiciado. Su capacidad para interpretar normativas, fiscalizar el financiamiento y validar candidaturas es crucial, como lo demostraron las recientes quejas del candidato independiente Harold Mayne-Nicholls por cambios sorpresivos en las reglas de patrocinio.
La batalla por el cupo de Joignant no fue por un simple puesto de trabajo; fue una lucha por influencia y control en el corazón del sistema democrático, justo antes de un intenso ciclo electoral presidencial y parlamentario. El episodio demostró que, para los partidos, asegurar su presencia en organismos autónomos es tan importante como ganar elecciones.
Con la nominación de Marcelo Carvallo, el puesto en el Servel está formalmente cubierto. Sin embargo, la narrativa que se consolidó es la de un gobierno con poder limitado, cuya agenda depende de constantes y desgastantes negociaciones con sus propios socios. El "cuoteo" político, una práctica largamente criticada, demostró ser más fuerte que la voluntad presidencial.
Este evento no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia mayor de fragmentación del poder, donde la lealtad de las coaliciones es frágil y los intereses partidistas a menudo priman sobre el proyecto colectivo. A meses de una elección presidencial, la pregunta que queda abierta no es quién ocupará un asiento en el Servel, sino cómo se puede gobernar un país cuando la autoridad del Ejecutivo está permanentemente en disputa dentro de su propia casa.