Chile se desconecta: Las fallas en servicios básicos ya no son crisis, son una condición normal

Chile se desconecta: Las fallas en servicios básicos ya no son crisis, son una condición normal
2025-08-06
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- Los eventos de junio y julio de 2025 (cortes de luz, agua y fallas en transporte) no son hechos aislados, sino síntomas de una fragilidad sistémica en la infraestructura chilena.

- La respuesta de empresas y gobierno sigue un patrón reactivo: promesas previas a las crisis, fallas inevitables durante ellas y procesos de compensación lentos, como el pago en 2025 por cortes de 2024.

- La repetición de estas fallas ha normalizado la interrupción de servicios esenciales, erosionando la confianza pública y cuestionando el modelo de desarrollo y fiscalización del país.

El Ritual del Invierno: Crónica de una Falla Anunciada

Dos meses después de los sistemas frontales que azotaron gran parte de Chile, la rutina parece haber vuelto. Sin embargo, lo que queda no es la normalidad, sino la normalización de la falla. En junio de 2025, el guion se repitió con una precisión casi ensayada. Ante los pronósticos de lluvia y viento, las empresas distribuidoras de electricidad, como Enel y CGE, anunciaron el 9 de junio planes de contingencia, prometiendo multiplicar sus cuadrillas hasta por siete. El Gobierno, a través de su vocera (s) Aisén Etcheverry, advirtió: “la lluvia y el viento no son casos fortuitos” y enfatizó la “obligación que tienen las empresas”.

La realidad, como en inviernos anteriores, fue otra. El 12 de junio, el Metro de Santiago reducía su velocidad, mientras más de 36.000 clientes en las regiones Metropolitana y de Valparaíso se quedaban sin luz. Tres días después, el 15 de junio, la cifra escalaba a más de 180.000 clientes sin suministro en el sur del país, principalmente en Biobío y La Araucanía. El Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, declaraba: “no vamos a normalizar la interrupción de este suministro”.

Sin embargo, los datos sugieren que la normalización ya es un hecho. A fines de julio, otro sistema frontal dejó a casi 15.000 hogares sin electricidad en la Región Metropolitana, y un corte de agua programado por Aguas Andinas afectó a cinco comunas durante 48 horas. La desconexión dejó de ser una emergencia para convertirse en una característica estacional de la vida en Chile.

Más Allá del Temporal: Las Grietas Estructurales

Limitar el análisis a los cortes de luz por mal tiempo sería ignorar el panorama completo. La fragilidad es transversal y estructural. A fines de junio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el inicio de las reparaciones en el Puente Lo Saldes de Vitacura, cinco meses después de detectada la falla en su estructura. El viaducto, que data de los años 70, requerirá una reconstrucción completa en 2026, evidenciando el fin de la vida útil de infraestructura clave sin planes de recambio oportunos.

En la Región del Biobío, una historia similar: el 30 de junio se suspendió por 15 días el servicio del Biotrén para conectar las vías al nuevo puente ferroviario, una obra que reemplaza a la estructura original, construida en 1889. Mientras se celebra la modernización, el hecho subraya la dependencia de infraestructuras centenarias para la conectividad diaria de miles de personas.

La admisión más clara provino del propio sector eléctrico. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, reconoció en junio que, a pesar de las inversiones, “las condiciones estructurales que hacen vulnerable a la distribución eléctrica frente a eventos climáticos extremos siguen presentes”. Esta declaración traslada el problema desde la contingencia del clima a la base del modelo: la infraestructura no está diseñada para la resiliencia que el país requiere.

El Costo de la Desconexión: Compensación Lenta, Confianza Rota

¿Cuál es el costo real para los ciudadanos? Más allá de la comida perdida o los aparatos dañados, la consecuencia más profunda es la erosión de la confianza y una sensación de desamparo. Un caso paradigmático ilustra la velocidad de la justicia para el consumidor: el 8 de julio de 2025, el SERNAC y Enel iniciaron el proceso de compensación para los clientes afectados por los masivos cortes de luz de agosto de 2024.

Casi un año después de los hechos, más de 800.000 hogares comenzaron a recibir compensaciones que, en promedio, alcanzan los $36.000. Este monto, abonado a la boleta, llega tarde y se percibe como insuficiente para reparar la disrupción sufrida. El sistema ofrece una reparación burocrática y diferida que no aborda la raíz del problema ni restaura la confianza en que el servicio no volverá a fallar.

Un Debate Atrapado en el Tiempo

Los eventos de junio y julio no abrieron un nuevo debate; simplemente reactivaron el mismo que emerge con cada crisis. Las interrupciones en el Metro, ya sea por lluvia o por personas en la vía como ocurrió el 7 de julio en la Línea 1, se suman a un ecosistema de servicios que operan bajo una tensión constante, donde la normalidad es frágil.

La situación actual plantea preguntas incómodas que trascienden la gestión de la emergencia: ¿Es el marco regulatorio actual un incentivo suficiente para que las empresas privadas realicen las inversiones a largo plazo que garanticen la resiliencia? ¿O se ha priorizado la eficiencia económica y la rentabilidad por sobre la seguridad y continuidad del suministro?

El tema no está cerrado. Mientras las luces se encienden y el agua vuelve a correr, las grietas estructurales de la república desconectada permanecen. La pregunta no es si volverá a ocurrir, sino cuándo, y si la respuesta del país seguirá siendo el mismo ritual de promesas, fallas y resignación.

El tema conecta una serie de eventos recurrentes que, aunque cubiertos de forma aislada en el ciclo inmediato, adquieren una nueva dimensión al ser analizados en conjunto. La distancia temporal permite trascender la explicación de la emergencia puntual (el sistema frontal) para investigar un patrón de fragilidad sistémica en la infraestructura esencial. La historia ofrece una narrativa completa sobre las consecuencias acumuladas de la falta de inversión y planificación a largo plazo, afectando la vida cotidiana, la confianza pública y la resiliencia del país, lo que genera una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo y la responsabilidad de los actores públicos y privados.