El Fisco paga por el puente Cau Cau: La sentencia final revela que el mayor error no fue técnico, sino contractual
El fin de la historia: una sentencia inesperada
En junio de 2025, más de una década después de que el puente Cau Cau en Valdivia se convirtiera en un emblema de fracaso ingenieril, la Corte Suprema puso el punto final a su saga judicial. La resolución, sin embargo, desafía la narrativa popular: el Estado de Chile fue condenado a pagar a la constructora española Azvi, la misma empresa señalada por instalar los brazos basculantes al revés, una indemnización que supera los $1.500 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares).
Para el ciudadano común, la noticia genera una disonancia inmediata: ¿por qué el Fisco debe compensar a quien ejecutó una obra defectuosa que costó más de $12 mil millones adicionales en reparaciones? La respuesta, contenida en un fallo que ha madurado por meses, revela que la mayor falla del proyecto no estuvo en los planos o en el montaje, sino en la gestión contractual del propio Estado.
La anatomía de una condena: más allá del error técnico
El máximo tribunal no absolvió a Azvi de sus evidentes errores constructivos. Lo que hizo fue aplicar con rigor la ley de contratación pública. La demanda de la empresa, iniciada en 2015 tras la decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de terminar anticipadamente el contrato, se centró en incumplimientos por parte del mandante.
El fallo desglosa la deuda del Fisco:
- $889.277.954 por obras ejecutadas y no pagadas.
- $273.659.557 por gastos generales derivados de 202 días de aumento de plazo que el propio MOP había formalizado.
- $156.910.140 por obras extraordinarias no previstas en el contrato original.
- $27.412.888 por aumentos de obras ya contratadas.
En palabras del abogado Óscar Gajardo Carreño en una carta a la prensa, la justicia no opera bajo la lógica de la indignación, sino de las normas. El tribunal no evaluó la calidad técnica de la obra, sino si el Estado respetó sus compromisos. La conclusión fue negativa. El principio que se impuso fue evitar el "enriquecimiento sin causa": el Fisco no puede desconocer trabajos que se realizaron y de los que tuvo conocimiento, independientemente del resultado final del proyecto.
Dos narrativas en conflicto
El caso Cau Cau deja al descubierto una profunda brecha entre la percepción pública y la realidad judicial.
- La Narrativa Pública y Política: Durante años, el puente fue el chiste nacional, el "puente al revés". Azvi fue el villano indiscutido y el Estado, una víctima de la negligencia de un privado. Esta visión alimentó la indignación y simplificó un problema complejo a una anécdota de incompetencia.
- La Narrativa Judicial y Contractual: La Corte Suprema, en cambio, se enfocó en el contrato, un documento legal que obliga a ambas partes. Al terminar el acuerdo, el MOP activó una serie de obligaciones que no cumplió, como el pago de saldos pendientes. Para el abogado de Azvi, Carlos Cáceres, el fallo "restablece el imperio del derecho", subrayando que ni siquiera el Estado está por sobre la ley que él mismo establece para sus contratos.
Un problema sistémico en las obras públicas
El caso Cau Cau no es un hecho aislado. En los últimos meses, los conflictos entre el MOP y las grandes concesionarias se han vuelto recurrentes, dibujando un patrón de disputas contractuales complejas.
- Hospital Buin-Paine: La concesionaria Sacyr exigió en julio de 2025 una compensación de casi US$19 millones por retrasos debidos a hallazgos arqueológicos. El MOP rechazó la solicitud, argumentando que la empresa conocía ese riesgo y estaba estipulado en el contrato.
- Ruta de la Fruta: En agosto de 2025, la Contraloría detectó "pagos improcedentes" del MOP a la misma Sacyr y ordenó un juicio de cuentas para recuperar fondos públicos por casi $330 millones.
Estos casos, con resultados opuestos para el Fisco, demuestran que el éxito o fracaso en estas disputas depende de la letra chica de los contratos y, crucialmente, de la capacidad de fiscalización y gestión del Estado. Mientras en la Ruta de la Fruta la Contraloría detectó una falla en favor del privado, en el Cau Cau la justicia determinó que la falla fue del propio Fisco en su rol de administrador del contrato.
La lección final del puente que no se olvida
El capítulo judicial del puente Cau Cau está cerrado. La estructura, finalmente operativa desde 2024, ya no es solo un monumento al error de ingeniería, sino también a la negligencia administrativa. La sentencia de la Corte Suprema obliga a una reflexión crítica: el costo final de esta obra no solo incluye el acero, el hormigón y las reparaciones millonarias, sino también una indemnización que nace de la incapacidad del aparato estatal para gestionar sus propios contratos con la rigurosidad que exige el uso de fondos públicos. La deuda que el Fisco no podrá ignorar es una costosa lección sobre la importancia de la fiscalización, la prolijidad administrativa y la rendición de cuentas, una lección que todos los chilenos terminan pagando.