Hace casi un mes, el 11 de julio de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó que investigaba una posible manipulación en la fecha de un contrato clave para Blanco y Negro S.A., la concesionaria que administra a Colo-Colo. Hoy, con la investigación en pleno desarrollo, el caso ha madurado más allá de la anécdota deportiva para convertirse en un estudio sobre la compleja y, a veces, conflictiva identidad de los clubes de fútbol como actores del mercado de capitales.
El núcleo de la disputa reside en dos documentos. El primero, fechado el 30 de agosto de 2024, era una modificación a un acuerdo entre Blanco y Negro y la productora de eventos DG Medios. Este contrato estipulaba un pago anticipado de $1.638 millones por el arriendo del Estadio Monumental, pero incluía una “condición suspensiva”: el ingreso solo se consolidaba si los once conciertos pactados se realizaban. La auditora BDO objetó este punto, pues la incertidumbre impedía registrar el monto como una ganancia segura en el balance de 2024.
Fue entonces cuando apareció un segundo documento, supuestamente firmado el 4 de septiembre de 2024. Esta nueva versión eliminaba la condición suspensiva, declarando el pago como un “signing bonus” irrevocable y no sujeto a condición alguna. Con este cambio, BDO levantó su objeción y los estados financieros de Blanco y Negro pasaron de mostrar un déficit a reportar utilidades. El problema, según la denuncia que llegó a la CMF, es que este segundo contrato no habría sido firmado en septiembre de 2024, sino en marzo de 2025, justo después de que la auditora expusiera el problema y a pocos días de la fecha límite para presentar los balances.
La controversia no solo expone una presunta irregularidad contable, sino también una profunda fisura en la gobernanza de la sociedad anónima.
Este caso es un síntoma de un fenómeno más amplio: la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas abiertas. Al cotizar en bolsa, Blanco y Negro dejó de ser una entidad gobernada únicamente por la pasión de sus hinchas para someterse a las mismas exigencias de cualquier empresa. Esto implica una tensión estructural: la necesidad de resultados deportivos y financieros inmediatos puede chocar con los rigurosos protocolos de contabilidad, la divulgación de información y la protección de los accionistas minoritarios.
La investigación de la CMF no es un hecho aislado. Se enmarca en una creciente fiscalización sobre industrias no tradicionales que han adoptado estructuras corporativas complejas. El socio de Blanco y Negro en este contrato, DG Medios, es un actor relevante en el competitivo mercado del entretenimiento, un sector que, como demuestran recientes disputas judiciales entre productoras como Bizarro y Swing, también opera bajo una intensa presión comercial y legal.
Al 6 de agosto de 2025, el tema no está cerrado; ha evolucionado hacia una fase de escrutinio regulatorio formal. La CMF continúa recabando antecedentes y su resolución final podría sentar un precedente importante para la industria del fútbol profesional en Chile. Las eventuales sanciones no serían deportivas, sino administrativas y pecuniarias, afectando a la sociedad y a sus directores.
La pregunta que queda en el aire es si la cultura de gestión del fútbol, históricamente más informal y pragmática, ha logrado adaptarse plenamente a las rígidas exigencias de la fe pública del mercado de capitales. Este contrato, más que un simple papel, se ha convertido en el termómetro que mide esa adaptación.