El poder prevalece: Cómo la Casa Blanca ignoró a sus tribunales para imponer un nuevo orden arancelario global

El nuevo escenario: Un orden comercial dictado por decreto

A dos meses de que un fallo judicial histórico pareciera poner freno a la guerra comercial de la administración Trump, el panorama es radicalmente distinto. Desde el 7 de agosto de 2025, un complejo sistema de aranceles unilaterales impuestos por Estados Unidos es una realidad. Lo que comenzó como un enfrentamiento sobre política económica ha revelado ser una profunda crisis sobre el equilibrio de poderes en la principal potencia mundial, donde la voluntad del ejecutivo ha logrado, por ahora, imponerse sobre los contrapesos judiciales. Para Chile y el resto del mundo, la incertidumbre no ha hecho más que empezar.

Pregunta y Respuesta: Desentrañando la cronología del conflicto

¿Cómo se originó el conflicto entre la Casa Blanca y los tribunales?

Todo comenzó el 2 de abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados contra casi todos los socios comerciales de EE.UU., incluido Chile. La justificación fue la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que el déficit comercial y el tráfico de fentanilo constituían una emergencia nacional. Sin embargo, el 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (ITC) declaró ilegal la medida. En un fallo contundente, un panel de tres jueces determinó que el presidente había excedido su autoridad, ya que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso la facultad de regular el comercio. Medios como La Tercera y Cooperativa calificaron la decisión como un "importante revés" para la Casa Blanca, y los mercados globales respiraron aliviados.

Si los tribunales bloquearon los aranceles, ¿por qué siguen vigentes?

La victoria judicial fue efímera. La Casa Blanca reaccionó con una ferocidad que marcó el punto de inflexión. Calificando el fallo de "golpe judicial" y obra de "jueces no electos", la administración apeló de inmediato. En menos de 24 horas, un tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal del bloqueo, a la espera de una revisión más profunda. Esta maniobra legal, aunque procesal, fue estratégicamente decisiva: le dio al poder ejecutivo el tiempo y el espacio para mantener la presión y rediseñar su ofensiva, dejando el fallo del ITC en un limbo práctico.

¿Qué hizo la Casa Blanca para asegurar la imposición de su política?

Con la legalidad de la IEEPA en entredicho, la administración recurrió a un arsenal legal alternativo. La herramienta clave fue la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite al presidente imponer aranceles por motivos de "seguridad nacional", un concepto amplio y más difícil de rebatir en cortes. El 8 de julio, esta estrategia golpeó directamente a Chile: Trump anunció un drástico arancel del 50% a las importaciones de cobre. Esta medida, junto a amenazas de gravámenes de hasta el 200% para farmacéuticas, demostró que la Casa Blanca estaba dispuesta a utilizar cualquier vía legal disponible para cumplir su agenda, haciendo irrelevante el resultado final de la disputa original.

¿Cuál es la situación actual para Chile y el mundo?

El 1 de agosto, la tregua negociadora terminó. Lejos de retroceder, la Casa Blanca formalizó un sistema de aranceles por niveles y, mediante un decreto de última hora, impuso tasas variadas a más de 70 países que no habían alcanzado acuerdos. El resultado es un mapa comercial fragmentado, regido por la discrecionalidad. Para Chile, el impacto es doble: por un lado, está sujeto a los aranceles generales y, por otro, enfrenta el devastador gravamen al cobre, su principal producto de exportación. La economía global, que esperaba estabilidad tras el fallo de mayo, se enfrenta ahora a un nuevo paradigma de incertidumbre y negociaciones bajo presión.

Las voces del debate: Poder ejecutivo vs. Contrapesos institucionales

• La Perspectiva del Ejecutivo: Para la Casa Blanca y sus asesores, como Peter Navarro, la lucha era existencial. "No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", declaró un portavoz. Su narrativa se centró en la defensa de la industria y los trabajadores estadounidenses frente a un orden global que consideran injusto, y en la necesidad de usar "cada palanca del poder ejecutivo" para restaurar la "grandeza estadounidense".

• La Defensa de la Institucionalidad: Para los demandantes, que incluían a una coalición de estados y empresas, y para los jueces del ITC, el caso era una defensa del estado de derecho. Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó: "La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral". Su visión era que los aranceles representaban un daño económico para familias y empresas, y una violación de la separación de poderes.

• La Mirada Internacional y Económica: Actores como China instaron a EE.UU. a cancelar los "aranceles unilaterales injustificados". Analistas de Wall Street, citados por el Diario Financiero, advirtieron que, si bien la administración podría encontrar otras vías legales, la saga "complicará y podría retrasar las negociaciones comerciales", sumiendo a la economía global en una volatilidad prolongada.

Un precedente en movimiento

La batalla legal sobre la IEEPA sigue su curso en los tribunales de apelación. Sin embargo, su desenlace parece cada vez menos relevante para la realidad del comercio mundial. La administración Trump ha demostrado que, ante un obstáculo institucional, su estrategia no es retroceder, sino rodearlo. Se ha sentado un precedente sobre la capacidad del poder ejecutivo para imponer su agenda de política exterior y comercial a pesar de los controles y equilibrios. Las consecuencias de esta reafirmación de poder, tanto para la democracia estadounidense como para la economía global, apenas comienzan a manifestarse.