El poder municipal en jaque: La querella contra Lavín destapa la caja negra de las asociaciones de municipios

El epicentro del sismo político se ha desplazado

Han pasado más de dos meses desde que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara contra el diputado Joaquín Lavín León, una noticia que en su momento pareció ser un nuevo capítulo en la saga judicial de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Sin embargo, hoy, en agosto de 2025, el foco se ha desplazado. La investigación inicial actuó como una réplica que alertó sobre un sismo de mayor magnitud, cuyo epicentro no está en el Congreso ni en Maipú, sino en el corazón del poder del sector oriente de Santiago y en la figura de su padre, el exalcalde y excandidato presidencial, Joaquín Lavín Infante.

Lo que comenzó como una indagatoria por malversación de fondos parlamentarios ha destapado una caja de pandora mucho más compleja: el funcionamiento opaco de las asociaciones municipales, entidades que, bajo el amparo de la colaboración, parecen haber operado durante años con una autonomía y discrecionalidad que hoy están bajo escrutinio público y judicial.

La AMZO: ¿Bien común o feudo personal?

El punto de inflexión fue el informe de la Contraloría General de la República sobre la gestión de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), que agrupaba a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Presidida en su momento por Joaquín Lavín Infante, la auditoría reveló un patrón de irregularidades que trasciende el error administrativo:

• Viajes y pagos sin justificación: El informe detectó el financiamiento de viajes al extranjero para Lavín y pagos millonarios a funcionarios, incluyendo al exalcalde Francisco de la Maza, por labores cuyos respaldos eran inexistentes o insuficientes.
• Proyectos fallidos: Se cuestionó el destino de más de $1.300 millones para un proyecto de autovía soterrada en Avenida Las Condes que nunca se concretó, transgrediendo, según el ente fiscalizador, los principios de eficiencia en el uso de recursos públicos.

Estas revelaciones han provocado una reacción en cadena. La actual alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, marcó una clara distancia con la administración anterior, declarando que "nadie está por sobre la ley" y admitiendo la falta de claridad sobre las funciones que cumplían ciertos asesores. Su postura evidencia una fractura política y generacional dentro de la derecha, donde el "modelo Lavín" de gestión municipal, antes un estandarte, hoy es un pasivo político.

Un problema transversal: De Lavín a Orrego

Para comprender la magnitud del debate, es fundamental observar que la lupa de la fiscalización no apunta a un solo sector político. Casi en paralelo, la Fiscalía inició diligencias contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (ex-DC), por el presunto uso de fondos públicos para asesorías con fines electorales.

Ambos casos, aunque distintos en sus detalles, convergen en un punto central: la utilización de fondos públicos en zonas grises de la administración, donde los límites entre la gestión institucional y el interés político se vuelven difusos. Esto sugiere que las debilidades no son exclusivas de un partido, sino vulnerabilidades estructurales en la forma en que se ejerce y fiscaliza el poder a nivel local y regional.

Hacia una "Contraloría 3.0": La respuesta institucional

La seguidilla de casos ha intensificado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Desde la academia y el propio ente fiscalizador ha surgido el concepto de una "Contraloría 3.0", una institución con más "dientes y garras", como señaló el académico Neftalí Carabantes en una carta a la prensa.

Las propuestas son concretas: otorgar a la Contraloría la facultad de aplicar sanciones directas, impedir que la renuncia de un funcionario extinga su responsabilidad administrativa y permitirle acceder a información financiera de las entidades que supervisa. Esta discusión legislativa, antes un tema técnico, hoy es una demanda ciudadana por mayor probidad y transparencia.

Un debate abierto sobre el poder local

El caso Lavín ya no es sobre un apellido. Se ha transformado en un debate sobre el diseño del poder municipal en Chile. Las asociaciones, concebidas como herramientas de eficiencia, demostraron ser también un espacio de opacidad. La investigación judicial sigue su curso y determinará las responsabilidades penales individuales. Sin embargo, la consecuencia política ya es visible: el modelo de gestión de los "barones" municipales, basado en la influencia y en una laxa rendición de cuentas, está en crisis. La pregunta que queda abierta es si las instituciones chilenas serán capaces de reformar la arquitectura del poder local para cerrar las puertas que permitieron que estos hechos ocurrieran.