La Contraloría redefine los límites del poder en Chile:De fiscalizar licencias a detonar crisis políticas, el organismo se instala como un actor ineludible

A poco más de dos meses de que estallara el escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas en el aparato estatal, la conversación en Chile ha mutado. Lo que comenzó como una auditoría sobre probidad se ha transformado en una reconfiguración de facto del poder institucional. La Contraloría General de la República, bajo el liderazgo de Dorothy Pérez, ha trascendido su rol técnico para convertirse en un actor político central, un “Quinto Poder” que fiscaliza, acusa y, en la práctica, define parte importante de la agenda política nacional, generando tensiones en múltiples frentes.

El catalizador: El "efecto Contraloría" y la caída de las licencias

Todo comenzó a fines de mayo de 2025, cuando el gobierno, a través del ministro de Hacienda Mario Marcel, reconoció la magnitud de los hallazgos de la Contraloría: cerca de 8.000 funcionarios del gobierno central habían realizado viajes al extranjero durante licencias médicas, lo que derivó en más de 6.500 sumarios administrativos. La revelación no solo expuso un fraude masivo, sino que también validó una percepción ciudadana de larga data sobre la falta de control en el sector público. Columnistas como César Barros llegaron a apodar a la contralora como “Dorothy La Grande” por atreverse a abrir una “olla de grillos” que administraciones anteriores habían ignorado.

El impacto fue inmediato y tangible. Para principios de agosto, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reportó una caída histórica en la emisión de licencias médicas en junio, el mes posterior al escándalo. Este “efecto Contraloría”, como lo denominaron los expertos, otorgó a la institución un capital político y una legitimidad pública sin precedentes, que pronto utilizaría en otros ámbitos.

La expansión: De las cuentas a los destinos políticos

Con el impulso ganado, la Contraloría no se detuvo en las licencias. Su foco se amplió hacia el uso de recursos públicos en la política, apuntando directamente a los Gobiernos Regionales (GORE). El caso más emblemático es el del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Un informe del organismo, revelado a inicios de junio, detectó que más de $31 millones destinados a “fortalecimiento institucional” se habrían utilizado para contratar una asesoría de coaching enfocada en su campaña de reelección.

Este documento se convirtió en la piedra angular para una ofensiva de la oposición. Consejeros regionales de Chile Vamos y el Partido Republicano presentaron un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), basándose, como afirmó el abogado de la UDI Máximo Pavez, en que la Contraloría ya había determinado que los fondos se usaron para la campaña. Así, un informe técnico se transformó en la principal prueba en un proceso que podría terminar con la remoción de una autoridad electa, evidenciando el nuevo peso político del organismo fiscalizador.

La contraofensiva: El choque entre probidad y derechos sindicales

La avanzada de la Contraloría, sin embargo, no ha estado exenta de resistencia. Mientras una parte del espectro político aplaudía su rol, otros comenzaron a ver una extralimitación de sus funciones. A mediados de junio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores llevaron el conflicto a un plano internacional, presentando una denuncia contra la contralora Pérez ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La acusación: vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical al instruir a los servicios públicos a realizar descuentos salariales a los funcionarios que participaban en paros. Este movimiento abrió un nuevo frente de batalla, esta vez entre el mandato de velar por la probidad fiscal y la defensa de derechos laborales fundamentales. El fiscalizador se vio a su vez fiscalizado, acusado de usar su poder para coartar la movilización social.

Un equilibrio inestable: El nuevo ajedrez del poder

Esta nueva dinámica ha obligado a todos los actores a recalibrar sus estrategias:

• El Ejecutivo: Se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, debe respaldar la lucha contra la corrupción, pero por otro, las acciones de la Contraloría exponen las debilidades de su propia administración y generan crisis políticas que debe gestionar.
• La Oposición: Ha encontrado en la Contraloría un aliado inesperado y eficaz. Sus informes, dotados de un aura de objetividad técnica, son utilizados como munición para ofensivas políticas, como en el caso Orrego, evitando el desgaste de realizar investigaciones propias.
• Los Gobiernos Regionales y Sindicatos: Se sienten directamente interpelados y, en algunos casos, amenazados. Ven cómo un organismo no electo interviene en su autonomía y en el ejercicio de sus derechos.
• Los Analistas: El debate está abierto. Expertos como la economista Daniela Sugg reconocen el impacto positivo en la contención del gasto, pero advierten que podría ser transitorio sin reformas estructurales. En paralelo, crece la interrogante sobre las implicancias democráticas de que un ente autónomo, sin contrapeso electoral, adquiera tal capacidad para influir en la agenda y desestabilizar a autoridades electas.

El tema de fondo ya no es el fraude de las licencias. Es la emergencia de un poder que, sin estar formalmente consagrado como tal, actúa con una fuerza que ha alterado el equilibrio institucional de Chile. La discusión que se ha instalado, y que probablemente marcará el futuro cercano, ya no es si la Contraloría debe fiscalizar, sino cuáles son los límites de su nuevo e inmenso poder.