A más de dos meses de su publicación, el Decreto Exento 243 del Ministerio de Salud (Minsal) ha dejado de ser una simple noticia para convertirse en el epicentro de una fractura profunda y latente en el sistema sanitario chileno. Lo que en mayo de 2025 comenzó como una disputa por la actualización de una norma técnica, la Norma 150 sobre Criterios de Clasificación Hospitalarios, ha madurado hasta revelar una compleja crisis de poder, autonomía profesional y visiones contrapuestas sobre el futuro de la salud de las mujeres en Chile.
La controversia se encendió con tres cambios específicos que, según el Minsal, buscaban actualizar los criterios de gestión hospitalaria. Sin embargo, para el Colegio de Matrones y Matronas (ColMat) y la Sociedad Chilena de Gestión del Cuidado en Matronería (Sochigema), las modificaciones representan un desmantelamiento de décadas de avances:
La reacción del gremio fue inmediata y contundente. Calificaron la medida como un “grave retroceso para la salud pública” y un “atentado contra la atención integral”, denunciando que fue una decisión unilateral, tomada “sin la participación de las matronas y matrones”. En sus declaraciones, apuntaron a una “actitud de menoscabo permanente” por parte de la administración de la ministra Ximena Aguilera, transformando una disputa administrativa en una denuncia de invisibilización profesional.
Con el paso de las semanas, el debate ha demostrado ser mucho más que una pugna gremial. En el fondo, lo que está en juego es la colisión de dos paradigmas. Por un lado, una visión tecnocrática de la gestión en salud, que busca optimizar recursos y estandarizar procesos, posiblemente bajo la lógica de la eficiencia. Por otro, la defensa de un modelo de cuidado especializado y con enfoque de género, construido históricamente por la matronería chilena, una profesión que, como señalan sus representantes, ha contribuido a los buenos indicadores sanitarios del país.
La controversia expone una pregunta incómoda: ¿es posible modernizar la gestión sin desvalorizar la experiencia y autonomía de profesiones altamente feminizadas? El conflicto de la Norma 150 resuena con debates más amplios sobre el lugar del cuidado en la sociedad. Como apunta la consejera de Comunidad Mujer, Verónica Cabezas, en discusiones sobre otros temas como la educación parvularia, se evidencia una tendencia a asociar los roles de cuidado con lo femenino, lo que a menudo conlleva una menor valoración social y profesional. La lucha de las matronas por mantener sus espacios de especialización puede leerse, entonces, como una resistencia a que su campo de conocimiento sea diluido en estructuras hospitalarias genéricas, dominadas por una lógica que no siempre reconoce las particularidades de la salud sexual y reproductiva.
Este conflicto no ocurre en un vacío. Emerge en un momento en que Chile debate intensamente sobre cómo resolver las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y social. Las cifras son elocuentes: según datos recientes, el desempleo femenino alcanza casi el 10%, y se dispara a un alarmante 25% entre las mujeres jóvenes de 18 a 24 años, como advierte la Fundación Soymáss. Muchas de ellas son jefas de hogar y enfrentan la falta de redes de apoyo y soluciones de cuidado infantil.
En este contexto, la disputa por la Norma 150 adquiere otra dimensión. Mientras actores como Francisca Jünemann de Chilemujeres critican que las reformas laborales recientes no han logrado apoyar el empleo femenino y urgen por avanzar en la ley de sala cuna universal, una medida administrativa como el Decreto 243 es percibida por el gremio de matronas como un paso en la dirección contraria: un debilitamiento de la atención especializada que precisamente necesitan las mujeres, incluidas aquellas más vulnerables.
La discusión sobre la exigencia de receta para anticonceptivos, analizada por la académica Julieta Aránguiz, también se conecta con este panorama. Dicho debate subraya el rol crucial de las matronas en la atención primaria (CESFAM) como garantes de un acceso informado y seguro a la salud reproductiva, un rol que, según el gremio, se ve amenazado por decisiones centralizadas que no consideran su experticia.
Hoy, a principios de agosto de 2025, el Decreto 243 sigue vigente. El Minsal no ha retrocedido y el gremio de matronas mantiene su exigencia de derogarlo y establecer una mesa de trabajo real. El conflicto ha evolucionado de una alerta gremial a un caso de estudio sobre las tensiones estructurales del sistema chileno.
La “batalla por el útero” ha resultado ser una batalla por el reconocimiento, la autonomía y el modelo de salud que el país quiere para las mujeres. Ha obligado a poner sobre la mesa preguntas fundamentales: ¿Quién define las prioridades en salud pública? ¿Cómo se equilibra la eficiencia administrativa con la calidad del cuidado especializado? Y, sobre todo, ¿qué valor le asigna el Estado a las profesiones que históricamente han sostenido el bienestar de las mujeres? El tema, lejos de estar cerrado, ha abierto una conversación tan incómoda como indispensable.