El agua ahogó la ideología: La inundación en Texas que forzó al gobierno de Trump a repensar el Estado
Ha pasado un mes desde que las aguas del río Guadalupe, en Texas, se desbordaron con una furia sin precedentes. La conmoción inicial por la tragedia, que dejó un saldo final de más de 130 fallecidos y una comunidad devastada, ha dado paso a una reflexión más profunda y espinosa. Hoy, el foco ya no está solo en los escombros que dejó la corriente, sino en los cimientos de una ideología política que fue puesta a prueba por la catástrofe. La inundación en Texas no solo fue un desastre natural; se convirtió en el escenario donde la doctrina antiestatal del gobierno de Donald Trump colisionó violentamente con la necesidad de una respuesta institucional robusta, forzando un cambio de rumbo que aún genera debate.
Crónica de una tragedia anunciada y una respuesta cuestionada
La madrugada del 4 de julio, lo que debía ser una celebración patria se transformó en una pesadilla. Lluvias torrenciales, equivalentes a un mes de precipitaciones en pocas horas, provocaron una crecida súbita del río. El Campamento Mystic, un retiro cristiano para niñas, fue uno de los puntos más golpeados, con decenas de menores y monitoras arrastradas por la corriente. Mientras los equipos locales y voluntarios iniciaban una búsqueda desesperada, el juez del condado de Kerr, Rob Kelly, admitía una falencia crítica: “No tenemos un sistema de alerta”.
La tragedia humana, con historias como la del padre que salvó a sus vecinos pero no pudo rescatar a sus propias hijas, expuso la vulnerabilidad de la comunidad. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la atención se desvió hacia la respuesta federal. ¿Por qué los equipos de búsqueda y rescate urbanos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tardaron 72 horas en desplegarse en la zona cero?
La respuesta parece encontrarse en un cambio de política implementado por la propia administración Trump. Meses antes del desastre, en línea con su promesa de reducir drásticamente el aparato federal, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había declarado sin rodeos en marzo: “Vamos a eliminar FEMA”. Parte de esta estrategia incluía una nueva directriz: cualquier gasto de la agencia superior a los 100.000 dólares requería su aprobación personal. Este cuello de botella burocrático, según investigaciones periodísticas y cuestionamientos de la oposición demócrata, fue lo que retrasó la movilización de recursos críticos en las primeras horas, las más cruciales para salvar vidas.
El giro discursivo: de la desmantelación al elogio
La catástrofe en un estado profundamente republicano como Texas puso al gobierno en una encrucijada. La ideología que promovía la autosuficiencia estatal y la reducción del gobierno federal chocaba con la imagen de ciudadanos desamparados que clamaban por ayuda.
La visita del presidente Trump a la zona el 11 de julio marcó un punto de inflexión discursivo. Lejos de criticar la burocracia federal, Trump elogió a los rescatistas como “héroes” y extendió la declaración de desastre a más condados, liberando así millonarios fondos federales. La Secretaria Noem, por su parte, matizó sus declaraciones anteriores, afirmando que FEMA no debía ser eliminada, sino “redesplegada de una nueva manera”.
Este giro no detuvo las críticas. Senadores demócratas como Ruben Gallego y Richard Blumenthal solicitaron formalmente una investigación para determinar si los recortes presupuestarios y las nuevas políticas de FEMA afectaron la respuesta a la inundación. “Un sistema de respuesta a desastres que debe esperar la firma de un solo funcionario es inaceptable y está diseñado para fallar”, sentenciaron en una carta pública.
Un debate abierto: ¿Qué Estado para qué catástrofes?
A un mes de los hechos, con la cifra de desaparecidos reducida drásticamente de más de 160 a solo tres gracias a la verificación de datos, la fase de emergencia ha concluido. Pero la discusión de fondo sigue abierta y es más relevante que nunca. La inundación de Texas dejó en evidencia la tensión fundamental entre una visión ideológica del Estado mínimo y la realidad pragmática de las emergencias a gran escala, cada vez más frecuentes en un contexto de cambio climático.
El evento no solo forzó a una administración a dar pie atrás en su retórica, sino que instaló una pregunta incómoda en el debate público estadounidense: ¿Puede una nación permitirse que la preparación y respuesta ante desastres dependan de la ideología política del gobierno de turno? Texas bajo el agua demostró que, cuando la tragedia golpea, la demanda ciudadana no es por menos Estado, sino por un Estado eficaz, presente y, sobre todo, preparado.