Durante décadas, las disputas al interior de la élite económica chilena se resolvieron con la discreción de un apretón de manos, en directorios cerrados o salones privados. El "pacto de caballeros" era la norma no escrita que preservaba la cohesión y el hermetismo de los grandes grupos económicos. Sin embargo, una serie de batallas legales que estallaron entre junio y julio de 2025, y que hoy siguen su curso en tribunales, confirman que ese código de silencio se ha roto. Lo que antes eran susurros hoy son querellas por estafa, demandas por herencias millonarias y enfrentamientos directos con el Fisco, revelando no solo grietas personales, sino una profunda transformación en la forma en que se ejerce y se disputa el poder en Chile.
El caso más emblemático de esta nueva dinámica es el que sacude al Grupo Transex, fundado por el fallecido empresario Francisco Posada Copano. En julio, su hija, Pamela Posada Alé, interpuso tres acciones judiciales contra sus hermanos —Francisco, Macarena y José Miguel—, acusándolos de orquestar un "vaciamiento patrimonial" para excluirla de una herencia estimada en 300 millones de dólares.
La demanda, presentada ante juzgados civiles de Santiago, no es solo una disputa por dinero; es la crónica de un quiebre familiar profundo, con episodios de violencia intrafamiliar y un distanciamiento que, según la demandante, se remonta a décadas. Al llevar esta historia a los tribunales, Pamela Posada no solo busca su parte legítima del patrimonio, sino que expone públicamente las disfunciones de una de las familias más poderosas del sector de la construcción y transportes. El conflicto deja de ser un asunto privado para convertirse en un caso de estudio sobre cómo el cambio generacional y las rencillas personales pueden demoler la estructura de poder familiar desde adentro, reemplazando la sucesión planificada por la batalla judicial.
Si el caso Posada ilustra la fractura familiar, la querella interpuesta por Sergio Abumohor contra Álvaro Saieh y sus hijos representa la implosión de las alianzas históricas entre clanes empresariales. A principios de agosto, los abogados de Saieh respondieron a la acción judicial por estafa, calificándola como un intento de un "accionista minoritario específico" de "zanjar antiguas diferencias comerciales".
Esta respuesta es reveladora: al diferenciar a Sergio Abumohor del resto de su familia, con la que afirman mantener una "excelente relación", los representantes de Saieh reconocen implícitamente la existencia de un código de lealtad que, en este caso, se quebró. La acusación de Abumohor, socio en CorpGroup, y la dura respuesta de Saieh, evidencian que la confianza, pilar de los antiguos pactos, ha sido sustituida por la desconfianza y la estrategia legal. Este enfrentamiento entre dos apellidos de peso en el mundo financiero chileno demuestra que ni siquiera las alianzas forjadas durante años son inmunes a la judicialización, en un entorno donde las pérdidas económicas ya no se asumen en silencio.
La transformación no se limita a las relaciones internas de la élite. La forma en que esta se relaciona con el Estado y con otros actores del mercado también ha mutado. Un ejemplo es la ofensiva judicial de Leonidas Vial, quien a fines de junio solicitó a la Corte Suprema la devolución de más de 10.700 millones de pesos pagados como multa en el Caso Cascadas, sanción que fue posteriormente anulada por tribunales. Lejos de buscar un acuerdo discreto, Vial mantiene una prolongada y pública batalla legal contra el Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este caso simboliza la disposición de figuras de alto perfil a desafiar al poder regulatorio en largos y costosos litigios.
En paralelo, disputas netamente comerciales también escalan a la esfera judicial con una nueva agresividad. La acción de SK Rental contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM) por la presunta transferencia irregular de más de 13 mil millones de pesos es un claro ejemplo. SK Rental, como acreedor en el proceso de liquidación de CBM, utiliza herramientas legales como la acción revocatoria concursal para recuperar fondos, demostrando un entorno de negocios menos tolerante, donde las deudas no se perdonan y las irregularidades se persiguen hasta las últimas consecuencias.
Estos casos, vistos en conjunto, no son anécdotas aisladas. Responden a un cambio de paradigma más profundo. La llegada de nuevas generaciones, menos atadas a los códigos de sus antecesores; un marco regulatorio más estricto y un mayor escrutinio por parte de la opinión pública y los medios, han creado un ecosistema donde la opacidad ya no es una opción viable.
La era de los "pactos de caballeros" ha dado paso a una era de transparencia forzada. Si bien este fenómeno puede generar una percepción de inestabilidad, también obliga a los actores económicos a operar bajo nuevas reglas, donde los conflictos se dirimen a la luz pública y bajo el imperio de la ley, no de los acuerdos de pasillo. El silencio de la élite se ha roto, y el ruido de los tribunales es la banda sonora de una nueva configuración del poder económico en Chile, una que todavía está escribiendo sus capítulos decisivos.