Justicia desestima fraude en caso Sierra Bella: La batalla por la responsabilidad política de Irací Hassler se traslada al Tribunal Electoral

El veredicto que no trajo paz

A más de 60 días de que la justicia comenzara a cerrar el capítulo penal del caso Sierra Bella, el silencio en los tribunales contrasta con el ruido que persiste en la arena política. En mayo de 2025, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación por presunto fraude al fisco contra la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Un mes después, el plazo para que los querellantes —principalmente diputados del Partido Republicano— solicitaran reabrir la causa expiró sin que presentaran acción alguna. Para efectos legales, el caso que dominó la agenda durante dos años por la fallida compra de una clínica a un precio cuestionado, está terminado.

Sin embargo, el fantasma de Sierra Bella no se ha desvanecido. Ha mutado. La discusión ya no gira en torno a un posible delito, sino que se ha reubicado en el Segundo Tribunal Electoral (TER), donde los mismos actores que guardaron silencio en la causa penal ahora buscan la inhabilidad de Hassler para ejercer cargos públicos por cinco años. La historia de la clínica que nunca fue se ha convertido en un caso de estudio sobre la delgada línea que separa la responsabilidad política, la judicialización de la política y el uso instrumental de los escándalos.

Crónica de una caída: del sueño de la clínica al banquillo

Para entender la disputa actual, es necesario rebobinar. A principios de 2023, la administración de Irací Hassler (PC) anunció con entusiasmo la compra de la ex clínica Sierra Bella por más de $8.200 millones de pesos. El objetivo era ambicioso: crear la “primera clínica municipal” de Santiago. Pero el sueño se truncó abruptamente. Un informe de la Contraloría General de la República objetó la compra, calificando el precio de “injustificado”, al constatar que el inmueble había sido adquirido por la sociedad vendedora por una fracción de ese valor meses antes.

El dictamen del ente fiscalizador fue el detonante. Lo que era un proyecto emblemático se transformó en un escándalo de proporciones. La oposición política no tardó en actuar, presentando querellas que dieron inicio a una investigación penal que se extendió por dos años, debilitando la gestión de Hassler y convirtiéndose en un flanco permanente que, según analistas, contribuyó a su derrota en las elecciones municipales.

Los actores y sus silencios elocuentes

El desenlace judicial de mayo de 2025 fue, para muchos, un anticlímax. La Fiscalía argumentó que “no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”. La defensa de Hassler, liderada por el abogado Miguel Schürmann, celebró el resultado como una vindicación y apuntó a la inacción de los querellantes: “pese a que varios querellantes políticos han opinado públicamente (...), lo cierto es que en el proceso no hicieron nada”. Este silencio procesal contrasta con la intensidad de sus acusaciones mediáticas, generando una pregunta incómoda: ¿fue una admisión de la debilidad del caso o una estrategia para trasladar el conflicto a un terreno más favorable a sus intereses?

La respuesta parece estar en el TER. La nueva acusación ya no es de fraude, sino de “notable abandono de deberes”. El objetivo no es una sanción penal, sino una política: impedir la eventual candidatura de Hassler al Congreso. La exalcaldesa ha calificado esta acción como “un hito más en la persecución” y un intento por obstaculizar su futuro político. Mientras tanto, el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, utiliza el caso como un ejemplo de la “poca prioridad que tenía la exalcaldesa en materia de seguridad” y gestión, manteniendo viva la narrativa de la negligencia.

El eco de la historia: cuando la probidad se pone a prueba

El caso Sierra Bella no es un hecho aislado en la historia de la gestión municipal y la fiscalización en Chile. Evoca otros episodios donde los límites de la legalidad y la conveniencia en el uso de fondos públicos han sido puestos a prueba. Un ejemplo paradigmático es el caso de un terreno en Vitacura a fines de los 90, donde la Contraloría de la época, a diferencia de la actual, optó por no invalidar permisos de edificación visiblemente irregulares para evitar una posible indemnización al privado, validando un negocio inmobiliario millonario. La comparación es reveladora: muestra una Contraloría, hoy bajo el mando de Dorothy Pérez, con un rol fiscalizador más asertivo, capaz de detener un mal negocio para el Fisco.

No obstante, la pregunta de fondo persiste: ¿es suficiente con evitar el perjuicio económico? El cierre de la causa Sierra Bella sin responsables penales deja una sensación de ambigüedad. La Contraloría cumplió su rol preventivo, pero el sistema judicial no encontró mérito para sancionar. Esto abre un debate sobre si las herramientas actuales son adecuadas para dirimir la responsabilidad política cuando no se configura un delito, o si, por el contrario, se está forzando a los tribunales electorales a resolver disputas que pertenecen a la esfera de la deliberación democrática y el juicio de las urnas.

El caso, por tanto, sigue abierto. No en los juzgados de garantía, sino en el debate público. La narrativa ya no es sobre una clínica, sino sobre la salud de las instituciones, la legitimidad de sus actores y los verdaderos costos de un escándalo que, aunque judicialmente cerrado, se niega a morir.