La cadena de suministro del Estado está rota: Fármacos dañados, útiles tardíos y licitaciones desiertas exponen una crisis de gestión
A mediados de julio, una investigación periodística encendió las alarmas: al menos siete hospitales públicos habían recibido durante el último año cajas de fentanilo con ampollas rotas, un opioide de alta potencia y estricto control. Pero lo que parecía un problema logístico puntual en la distribución de un fármaco crítico es, en realidad, la punta de un iceberg. Durante los últimos meses, una serie de fallas en cadena en distintas reparticiones públicas ha dejado al descubierto una fragilidad estructural en la capacidad de gestión y abastecimiento del Estado chileno, un problema que va desde la entrega de medicamentos hasta los útiles escolares y el diseño de políticas de salud.
El síntoma: el fármaco que no llega
La historia del fentanilo, revelada por CIPER el 17 de julio, es emblemática. Hospitales desde Antofagasta hasta Valparaíso reportaron a la Central de Abastecimiento (Cenabast) la recepción de envíos del laboratorio Biosano con ampollas quebradas, perdiéndose el contenido. Más allá de la pérdida material, el incidente expuso la ausencia de un protocolo unificado y robusto para manejar mermas de sustancias controladas, abriendo una brecha de riesgo en la trazabilidad de un fármaco sensible. Si bien los hospitales activaron reclamos y notas de crédito, la secretaria nacional del Colegio de Químico Farmacéuticos, Pamela Quinteros, advirtió que no existe un procedimiento escrito claro, dejando la actuación al criterio de cada profesional y evidenciando una primera fisura en la cadena.
El patrón: de lápices hexagonales a licitaciones desiertas
Esta fisura, sin embargo, no es exclusiva del sector salud. Un mes antes, en junio, un informe de Contraloría había sido lapidario con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por el retraso masivo en la entrega de útiles escolares en 2024. Para septiembre de ese año, solo el 34% de los kits había sido distribuido. La causa, según reconoció la propia Junaeb, fue una licitación declarada desierta porque el único oferente calificado presentó lápices de colores triangulares en vez de hexagonales, como exigían las bases. Este ejemplo de rigidez burocrática extrema paralizó la entrega de insumos básicos para más de un millón de estudiantes, demostrando que la fragilidad logística es un mal transversal.
El patrón de ineficiencia se repite en el diseño de políticas públicas. A fines de junio, Fonasa debió declarar desierta la licitación para su Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), un pilar de la ley corta de isapres. Ninguna aseguradora presentó una oferta. Expertos y actores de la industria, citados por Diario Financiero, apuntaron a fallas de diseño fundamentales: un arancel poco atractivo, una red de prestadores insuficiente y, sobre todo, un alto riesgo de "selección adversa", donde solo los afiliados de mayor riesgo contratarían el seguro, haciéndolo inviable financieramente. El fracaso no fue por falta de recursos, sino por una planificación estratégica deficiente, un eco de lo que editoriales de La Tercera ya advertían sobre las listas de espera: la gestión, y no solo el presupuesto, es un factor crítico del estancamiento.
La reacción: buscando ayuda para una reforma estructural
Frente a la evidencia acumulada, el sistema ha comenzado a reaccionar. A principios de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) anunció un acuerdo de colaboración con Cenabast para fortalecer la adquisición de medicamentos e insumos a través de los fondos rotatorios del organismo internacional. Esta alianza es un reconocimiento implícito de las debilidades internas y una búsqueda activa de experiencia externa para modernizar y hacer más eficientes los mecanismos de compra pública. La medida apunta a mejorar la disponibilidad y accesibilidad de productos de alta calidad, atacando directamente el tipo de problemas que originaron el incidente del fentanilo.
¿Errores aislados o crisis de gobernanza?
El tema ha madurado. La llegada de fentanilo dañado, la entrega tardía de cuadernos y el fracaso de una política de salud no son, vistos en conjunto, hechos aislados. Son síntomas de una enfermedad crónica en la administración pública: una maquinaria logística y de adquisiciones que se muestra frágil, lenta y, en ocasiones, incapaz de cumplir su función más básica. La discusión pública, superada la inmediatez de cada noticia, ya no se centra en quién cometió el último error, sino en una pregunta más profunda y estructural.
El debate sigue abierto. La colaboración con la OPS es un primer paso, pero las fallas en Junaeb y Fonasa sugieren que el problema es cultural y sistémico. La pregunta que queda para ciudadanos, académicos y futuros gobiernos es si bastará con ajustes parciales o si es necesaria una reforma integral de la gestión y logística del Estado para reparar una cadena de suministro de la que dependen la salud, la educación y, en última instancia, la confianza de millones de chilenos.