La Corte Suprema sella el destino de Llaitul en Concepción: El Estado redefine los límites entre seguridad y derechos culturales en el conflicto mapuche

A casi dos meses de la decisión, el eco del fallo de la Corte Suprema del 23 de junio resuena con claridad. Lo que en su momento pareció una disputa administrativa sobre el lugar de reclusión de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se ha consolidado como un punto de inflexión en la estrategia judicial del Estado frente al conflicto en la Macrozona Sur. La decisión de mantenerlo en el Complejo Penitenciario de Concepción, y no trasladarlo a Temuco, ha levantado un muro jurídico cuyas implicancias van más allá del destino de un solo hombre, redefiniendo el tablero de un conflicto de larga data.

La Tensión de las Narrativas: Un “Mínimo Civilizatorio” versus la Seguridad del Estado

La batalla legal se libró en el terreno de los principios. Por un lado, la defensa de Llaitul, encabezada por el abogado Alberto Espinoza, argumentó que su permanencia en Concepción constituía una vulneración a sus derechos culturales y familiares. Invocando tratados internacionales, calificaron el traslado a un recinto cercano a su comunidad en La Araucanía como un “mínimo civilizatorio” para un werkén (autoridad tradicional) de un pueblo que, según sus palabras, ha sufrido “discriminación y abuso por parte del Estado”. Sostenían que la cárcel de Concepción era culturalmente inadecuada y que su reclusión allí era, en sí misma, una medida punitiva adicional.

En la vereda opuesta, el Estado, a través de Gendarmería, defendió su decisión con argumentos técnicos y de seguridad. La institución sostuvo que la clasificación de Llaitul como un reo de alto perfil delictual, condenado por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, exigía su permanencia en un penal de máxima seguridad, condición que el recinto de Temuco no cumple. Para contrarrestar las acusaciones de vulneración cultural, Gendarmería detalló las medidas implementadas para respetar su cosmovisión, como el acceso a alimentación y vestimenta tradicional, y la autorización para realizar ceremonias ancestrales.

El Veredicto de la Suprema: La Primacía del Sistema Penal

El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema fue categórico. Los magistrados concluyeron que Gendarmería actuó dentro de sus facultades legales y que había adoptado las medidas correspondientes para respetar la cosmovisión del condenado. De manera significativa, el tribunal también acogió el antecedente de que los referentes familiares de Llaitul registrados en Gendarmería tenían domicilio en la misma Región del Biobío, desarticulando así el argumento central de la defensa sobre el desarraigo.

Esta resolución establece un precedente clave: si bien los derechos culturales de los pueblos originarios son reconocidos, estos no priman sobre las normativas de seguridad del sistema penitenciario cuando se trata de internos de alta peligrosidad. En la práctica, el fallo envía un mensaje contundente: la excepcionalidad cultural no será una vía para eludir o modificar las condiciones de reclusión que el Estado determine necesarias para el cumplimiento de una condena, especialmente en casos de alto impacto político y social.

Consecuencias en el Tablero: Una CAM Descabezada y la Ofensiva Continúa

La decisión judicial no ocurrió en un vacío. Se enmarca en una estrategia estatal más amplia y sostenida para desarticular a los grupos armados que operan en la zona. Pocos días después del fallo, el 27 de junio, la Fiscalía avanzó con la formalización de otro vocero de la CAM, Juan Pichún, por un ataque incendiario de 2021. Este hecho, sumado a detenciones de miembros de otras orgánicas como la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), evidencia que la ofensiva judicial apunta a la estructura completa de estos movimientos, no solo a sus líderes más visibles.

Con Llaitul cumpliendo una condena de 23 años y con esta vía legal para presionar al Estado ahora cerrada, la CAM enfrenta un escenario de descabezamiento y una encrucijada estratégica. Para el gobierno y los sectores que abogan por una mayor firmeza, el fallo representa una victoria del Estado de Derecho. Para una parte del mundo mapuche y de organizaciones de derechos humanos, la decisión es vista como una señal de endurecimiento que niega la dimensión política del conflicto, reduciéndolo a un problema de seguridad.

El tema, por tanto, no está cerrado; ha evolucionado. La Corte Suprema ha resuelto una disputa jurídica, pero no el conflicto de fondo. La pregunta que queda abierta es cómo se reconfigurarán las fuerzas en la Macrozona Sur. ¿Conducirá esta derrota judicial a una fragmentación de la resistencia armada o al surgimiento de nuevos liderazgos y tácticas? El tablero ha cambiado, pero la partida continúa.