El veredicto del 2 de julio contra Sean "Diddy" Combs no fue un punto final. Fue el comienzo de una nueva fase. La absolución de los cargos más graves —tráfico sexual y crimen organizado— y la condena por delitos menores de transporte para la prostitución, crearon una ambigüedad perfecta. Para sus defensores, fue una victoria contra una fiscalía excesiva. Para sus acusadoras y organizaciones de víctimas, fue otra prueba de que el sistema de justicia no alcanza a los verdaderamente poderosos.
Pero este resultado mixto solo preparó el terreno para la verdadera disputa, que ya no se libra en los tribunales, sino en el ámbito del poder ejecutivo. El futuro de este caso no depende de apelaciones o sentencias. Depende de una sola decisión: un posible indulto del presidente Donald Trump.
Inmediatamente después del veredicto, el caso entró en un limbo. Combs evitó la cadena perpetua, pero enfrenta hasta 20 años de prisión. Sus abogados, sintiendo el impulso, pasaron a la ofensiva. Solicitaron la anulación del juicio, argumentando que la Ley Mann —una ley de 1910 contra la trata— fue mal aplicada. Sostienen que su cliente no era un proxeneta, sino un participante en un estilo de vida de swingers, y que los pagos eran por participar en actos de voyeurismo, no por prostitución.
Esta estrategia legal busca redefinir los hechos y ganar tiempo. Mientras tanto, la opinión pública permanece dividida. Unos ven a un hombre que, aunque absuelto de lo peor, fue condenado por facilitar la prostitución. Otros ven a una celebridad que fue exonerada de las acusaciones más mediáticas y ahora es víctima de tecnicismos legales. Esta polarización es el entorno ideal para una intervención política.
El factor decisivo es la declaración de Donald Trump de mayo, cuando afirmó que "analizaría los hechos" para un posible indulto a Combs. Esta no fue una declaración casual. Fue una señal. Un indulto presidencial es ahora un escenario altamente probable.
Las razones para hacerlo son puramente políticas y estratégicas:
Si el indulto ocurre, el juicio de ocho semanas, los testimonios de las víctimas y la deliberación del jurado quedarán reducidos a una nota a pie de página. El veredicto legal será borrado por un decreto político.
Un indulto a Sean Combs no terminaría con el caso; establecería una nueva normalidad con consecuencias a largo plazo.
El futuro previsible es uno en el que el debate ya no es sobre la culpabilidad o inocencia de Combs. El debate es sobre los límites del poder. El veredicto del jurado fue solo el primer borrador de la historia. La versión final, la que quedará registrada, probablemente será escrita con la tinta de un bolígrafo presidencial.