Santiago, 7 de agosto de 2025. Durante los últimos dos meses, el radar noticioso chileno ha captado señales aparentemente inconexas: una paralización de obras en una megaestructura en el sur, la demanda de un supervisor de una cafetería en Santiago y la reacción de la principal central sindical del país ante una tragedia minera. Vistos por separado, son eventos aislados. Analizados en conjunto, revelan una transformación profunda y silenciosa del conflicto laboral en Chile. La clásica imagen de la huelga masiva, con lienzos y petitorios unificados, está dando paso a un escenario fragmentado, donde las disputas se individualizan y las viejas estructuras de poder sindical luchan por encontrar su lugar.
La pregunta ya no es solo cuántos empleos se crean, un debate que acapara la atención de los comandos presidenciales, sino qué tipo de trabajo se está generando y cómo se defienden los derechos en él. La respuesta se encuentra en un recorrido que va desde el poder colectivo de la construcción hasta la soledad del trabajador de servicios y la vulnerabilidad del subcontratado.
A fines de junio, los trabajadores del Puente Chacao, una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país, paralizaron sus faenas. El detonante fue un incidente grave: una embarcación con 20 trabajadores casi volcó por las malas condiciones climáticas y de seguridad. La respuesta fue un manual de acción sindical clásica. Los sindicatos, como Sintrasar, lograron una unidad transversal. "Logramos unirnos todos, con nuestras diferencias", declaró el dirigente Domingo Cifuentes a Radio Bío-Bío. El resultado fue un acuerdo rápido con el MOP y el consorcio, que incluyó el no descuento del día de paro y la creación de mesas de trabajo mensuales.
El conflicto del Chacao representa el modelo de negociación colectiva en su máxima expresión: un grupo homogéneo de trabajadores, concentrados en un espacio físico, con un adversario claro y la capacidad de paralizar una obra de alto impacto. Sin embargo, este episodio, exitoso en su especificidad, se ha convertido más en una excepción que en la regla en el Chile de 2025. La estructura de la economía ha cambiado, y con ella, la naturaleza de sus conflictos.
Un mes después, a fines de julio, el escenario era radicalmente distinto. El Diario Financiero reportó la disputa de un exsupervisor de Starbucks contra la multinacional. No hubo huelga, ni sindicato visible. El conflicto se originó por una práctica conocida en el rubro como "corte de cola": dejar de atender al público minutos antes del cierre oficial para cumplir con las tareas de limpieza y cuadratura de caja, y así respetar el horario de salida. La empresa lo despidió por "incumplimiento grave", argumentando una pérdida de ventas proyectada de más de $800.000 en nueve días. El trabajador, por su parte, lo defendió como una práctica habitual y necesaria para no extender la jornada sin pago.
Este caso es un arquetipo de los nuevos conflictos laborales. La disputa no es por un reajuste salarial o la seguridad de un andamio, sino por la intensidad del trabajo, la presión por metas de venta y la gestión del tiempo en un sector de servicios con alta rotación y baja sindicalización. El campo de batalla no es la calle, sino el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo. La evidencia no es un petitorio, sino las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esta individualización de las disputas es un reflejo de la atomización de la fuerza laboral, donde cada trabajador negocia sus condiciones en solitario, y su único recurso es, a menudo, la vía judicial. La reciente implementación de normativas como la Ley Karin, que regula el acoso laboral, también refuerza esta tendencia hacia la resolución de conflictos a nivel individual.
El 5 de agosto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el estandarte del sindicalismo tradicional, le pidió al Presidente Gabriel Boric acelerar la investigación por un fatal accidente en la mina El Teniente, que involucró a trabajadores subcontratados. Este hecho trágico expuso la falla estructural más profunda del mercado laboral chileno: la externalización.
Mientras la CUT ejerce presión a nivel gubernamental, la realidad en la base es que una parte significativa de los trabajadores, especialmente en sectores clave como la minería, no tiene un vínculo contractual directo con las grandes empresas para las que operan. Esto crea una fuerza laboral de primera y segunda categoría, con diferencias en salarios, beneficios y, crucialmente, en estándares de seguridad. La reacción de la CUT evidencia tanto su vigencia como su principal desafío: ¿cómo representar y proteger eficazmente a una masa de trabajadores que legalmente no pertenecen a las empresas donde arriesgan sus vidas?
Este problema estructural parece ausente del debate político de alto nivel. Mientras los asesores económicos de las candidaturas presidenciales discuten sobre crecimiento y permisología, con diagnósticos tan duros como el de Luis Eduardo Escobar (equipo de Jeannette Jara), quien calificó las cifras de empleo como "un desastre", la conversación rara vez profundiza en la calidad y seguridad de esos empleos, especialmente los subcontratados o los del sector servicios.
El conflicto laboral en Chile no ha desaparecido; se ha vuelto más complejo y multiforme. La huelga en el Puente Chacao fue un eco de un poder sindical que fue, pero que hoy representa solo a una fracción del mundo del trabajo. La demanda del supervisor de Starbucks es el rostro de un presente individualizado y judicializado. Y la tragedia en El Teniente es el recordatorio de que el modelo de desarrollo chileno se sostiene sobre una base de precariedad externalizada.
Entender este nuevo mapa es crucial. La fragmentación del trabajo, que además afecta de manera desproporcionada a las mujeres —cuya tasa de desempleo sigue siendo persistentemente alta—, plantea una pregunta fundamental que el país aún no ha respondido: si la huelga ya no es la herramienta principal y los sindicatos pierden terreno, ¿quién y cómo defenderá al trabajador del siglo XXI? La respuesta definirá no solo el futuro de las relaciones laborales, sino la cohesión social de Chile.