Han pasado poco más de dos meses desde que la Fiscalía Regional de Valparaíso presentara una acusación que sacudió los cimientos de la región: una solicitud de más de 900 años de cárcel para 19 miembros del "Tren del Mar", una violenta célula criminal vinculada al Tren de Aragua. Hoy, con el proceso judicial en marcha y la ciudad observando en silencio, la pregunta ya no es solo si se hará justicia, sino qué revela este caso sobre las profundas fracturas de Valparaíso y si su resolución marcará un verdadero punto de inflexión.
¿Qué fue exactamente el "Tren del Mar" y por qué su caída es tan significativa?
El "Tren del Mar" no era una banda común. Era una organización criminal estructurada que operaba principalmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache. Su desarticulación, iniciada con un megaoperativo en agosto de 2024, culminó en la acusación presentada en junio de 2025. El Ministerio Público, a través de su Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), los acusa de un catálogo de delitos que aterrorizaron a la zona: asociación criminal, tráfico de drogas y armas, secuestro, homicidio calificado y lavado de activos.
La investigación es monumental, con más de mil pruebas, 150 testigos y 26 peritos. La mayoría de los 19 imputados —de nacionalidad venezolana, chilena y cubana— permanecen en prisión preventiva. Para su líder, la fiscalía pide cerca de 100 años de presidio efectivo. La significancia del caso radica en ser uno de los golpes más contundentes al crimen organizado transnacional en Chile, demostrando la capacidad del Estado para investigar y perseguir estructuras complejas. Las audiencias, realizadas de forma remota para proteger a jueces y fiscales, son un testimonio de la peligrosidad de la banda y de la adaptación del sistema judicial a nuevas realidades.
¿Cómo se conecta la actividad de esta banda con la crisis que vive Valparaíso?
El "Tren del Mar" no operaba en un vacío. Su ascenso está intrínsecamente ligado a la progresiva degradación del espacio público y la crisis económica y social de Valparaíso. Mientras la banda imponía su ley mediante la violencia y la extorsión, la ciudad debatía problemas que, en apariencia, eran distintos pero que en la práctica crearon un ecosistema propicio para el crimen.
Un ejemplo claro es la controversia por la nueva ordenanza de comercio ambulante, discutida en junio. Mientras el municipio buscaba regularizar una actividad que es el sustento de muchas familias vulnerables, el comercio establecido advertía sobre la competencia desleal y la falta de fiscalización. Este desorden en el uso de los espacios públicos, como señaló en su momento un editorial de La Tercera, puede generar focos de inseguridad y clientelismo, terreno fértil para que bandas como el "Tren del Mar" se infiltren, cobren "protección" o utilicen fachadas para el microtráfico.
Paralelamente, la sensación de abandono se profundizaba. La carta del arquitecto Carlos Maillet, también en junio, alertaba sobre el riesgo de que Valparaíso perdiera su condición de Patrimonio de la Humanidad debido al deterioro de su infraestructura, la falta de mantenimiento de sus ascensores y la incapacidad institucional para proteger su valor histórico. El operativo municipal para retirar kioskos abandonados, denunciados por vecinos como focos de “inseguridad, suciedad e incivilidades”, fue una reacción a este clamor ciudadano. El "Tren del Mar" prosperó en esta Valparaíso herida, donde la ausencia de un orden claro y la desesperanza económica facilitaron su expansión.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y es suficiente?
La respuesta ha sido multifacética, aunque centrada en lo punitivo. El frente judicial es, sin duda, el más visible y exitoso. La megacausa es una demostración de fuerza institucional. El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, la calificó como un “duro golpe al narcotráfico”, una visión compartida por autoridades locales que ven en el juicio una señal de que la impunidad no será tolerada.
En el ámbito político-administrativo, un movimiento reciente indica que el gobierno reconoce la necesidad de una estrategia más allá de los tribunales. El 5 de agosto, se nombró a Alejandra Romero Carvajal como nueva Seremi de Seguridad Pública para la región. Su perfil no es casual: es trabajadora social con un magíster en Inteligencia Estratégica y experiencia en prevención del delito y ciberseguridad. Su nombramiento sugiere un enfoque que busca complementar la persecución penal con políticas de prevención y análisis estratégico.
Sin embargo, la pregunta sobre la suficiencia de estas medidas sigue abierta. Para los comerciantes formales, la caída de la banda es un alivio, pero no resuelve la crisis económica ni la competencia informal. Para los residentes, la disminución del miedo es tangible, pero la recuperación del tejido social y urbano de Valparaíso requiere inversiones, planificación y una visión a largo plazo que un juicio, por exitoso que sea, no puede proveer por sí solo.
¿Qué sigue ahora? ¿Está el tema cerrado?
El caso del "Tren del Mar" está lejos de cerrarse. La etapa de preparación del juicio oral, que se estima durará meses, apenas comienza. Pero más allá de la sentencia, el tema ha evolucionado. La desarticulación de la banda no fue un punto final, sino el inicio de un debate más profundo sobre el futuro de Valparaíso.
La narrativa ha pasado de ser una crónica roja a un diagnóstico social. El juicio ha puesto un espejo frente a la ciudad, obligándola a confrontar sus vulnerabilidades. La caída del "Tren del Mar" es una victoria crucial, pero la verdadera batalla por Valparaíso se librará en la capacidad de sus instituciones y su comunidad para reconstruir un espacio público seguro, un comercio justo y un patrimonio vivo. El fin de este tren criminal es solo la primera estación en un largo viaje hacia la recuperación.