El dinero en política tiene nuevo fiscalizador: Cómo el Servel se convirtió en el árbitro inesperado de la carrera presidencial
La Batalla Silenciosa que Define la Elección
Santiago, 7 de agosto de 2025. Las primarias del 29 de junio ya son parte del anecdotario político. Los nombres de los vencedores y vencidos han sido analizados hasta el cansancio. Sin embargo, a poco más de 40 días de esa contienda, la verdadera batalla que está definiendo el terreno para la elección presidencial de noviembre no se libra en las encuestas ni en los discursos, sino en los silenciosos pasillos del Servicio Electoral (Servel). Una serie de resoluciones implacables, que han rechazado millonarios reembolsos de campañas pasadas, ha transformado al organismo fiscalizador en el protagonista más temido y respetado del ciclo electoral, obligando a todo el espectro político a reescribir sus manuales sobre cómo financiar una campaña en Chile.
El epicentro de este terremoto se encuentra en la fiscalización de las elecciones de gobernadores de 2024, cuyas cuentas finales se resolvieron a mediados de este año. Los resultados han sido lapidarios y han encendido todas las alarmas en los comandos.
Los Casos que Marcaron el Precedente
Dos casos, revelados en profundidad por reportajes de CIPER, ejemplifican el nuevo estándar del Servel:
- El revés de Macarena Santelices (Partido Republicano): La excandidata a gobernadora metropolitana y exvocera de José Antonio Kast vio cómo el Servel rechazó la totalidad de su rendición de gastos, que ascendía a $740 millones. La investigación del organismo detectó "inconsistencias y omisiones graves". Entre ellas, una factura por $160 millones de la empresa The 975 SpA, propiedad de un socio del cónyuge de la candidata, que fue anulada ante el SII, impidiendo acreditar el gasto. Además, se objetó que su administrador electoral, quien donó su trabajo por $900 mil, facturara a través de su propio estudio jurídico recién creado la suma de $52 millones. La defensa de la candidatura apeló ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), argumentando que la sanción era desproporcionada y generaba un "impacto económico devastador".
- La caída de Rodrigo Logan (Independiente): El excandidato a gobernador metropolitano sufrió un destino similar. El Servel rechazó su solicitud de reembolso por $416 millones a la empresa Ingemerc SpA, de propiedad de un excandidato del PDG con quien Logan tenía cercanía. La razón principal fue la falta de acreditación de los servicios. Ante los fiscalizadores, el dueño de la empresa admitió haber tercerizado gran parte de las labores en "30 o 40 proveedores" que nunca fueron identificados en la rendición, haciendo imposible la trazabilidad del dinero público. El Servel no solo cuestionó la falta de experiencia de la empresa en campañas de esa envergadura, sino que derivó los antecedentes por "eventual indicio de hechos con implicancias penales".
El Origen del Cambio: Ley, Escándalos y Nuevas Reglas
Este endurecimiento del Servel no es arbitrario. Responde a un cambio normativo y a la necesidad de cerrar las grietas expuestas por escándalos pasados, como el emblemático "caso Karina Oliva", donde se investigó la presunta inflación de gastos para obtener mayores reembolsos fiscales.
La clave está en la Resolución N° G200 del Servel, implementada para el ciclo electoral de 2024. Esta introdujo dos cambios fundamentales:
- Rendición anticipada: Los candidatos deben declarar sus gastos antes del día de la elección, evitando que los resultados influyan en la presentación de facturas para maximizar el reembolso.
- Límites y acreditación: Se fijaron topes a los honorarios de los administradores electorales y, crucialmente, se estableció que si más del 20% de los gastos de una campaña no pueden ser acreditados, la cuenta completa será rechazada.
El Choque de Visiones: ¿Rigor Democrático o Asfixia Política?
La nueva postura del Servel ha generado un debate con múltiples aristas, donde la línea entre la transparencia necesaria y la rigidez burocrática se vuelve difusa.
- La postura del Servel: Para el organismo, la misión es clara: garantizar que cada peso de dinero público sea utilizado de manera transparente y en gastos reales de campaña. Su actuar es una aplicación estricta de la Ley 19.884 para restaurar la confianza pública. La trazabilidad no es negociable.
- La queja de los partidos: Desde las candidaturas afectadas y sus partidos, la visión es otra. Acusan que las nuevas reglas son excesivamente complejas y que el Servel actúa con un criterio "severo y riguroso". Argumentan que el rechazo total de una cuenta por una observación puntual es una sanción desproporcionada que genera deudas millonarias y una profunda incertidumbre jurídica, afectando la capacidad de competir electoralmente.
- La crítica externa: Figuras como Franco Parisi han aprovechado esta coyuntura para cuestionar el sistema en su totalidad, calificando el gasto en primarias —que cifró en "27 mil millones"— como un despilfarro de "plata de la gente". Esta visión resuena con un sector de la ciudadanía escéptico del financiamiento de la política.
El Futuro: Una Campaña Bajo Lupa
Mientras el TRICEL delibera sobre las apelaciones, el mensaje para las campañas presidenciales y parlamentarias en curso es inequívoco: el juego cambió. La inscripción de pactos, como el de "Derecha Unida" a días de que venza el plazo, es solo la fachada de una preocupación más profunda que recorre los comandos: cómo financiar la campaña sin caer en las garras del nuevo Servel.
El guardián del dinero electoral ha demostrado tener dientes y estar dispuesto a usarlos. La primera gran batalla de la elección de 2025 no es por los votos, sino por las boletas, las facturas y los informes de gasto. Ganar la presidencia ahora también significa poder demostrar, peso por peso, cómo se financió el camino a La Moneda.