Desde el 1 de agosto de 2025, el consejo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) está completo y en pleno funcionamiento. Este hito marca el inicio de operaciones de una de las instituciones más relevantes de la reciente reforma de pensiones, encargada de administrar el nuevo Seguro Social. Sin embargo, la normalidad de hoy oculta un origen turbulento. Hace dos meses, un nombramiento que duró menos de 24 horas provocó un "chascarro" institucional que, si bien fue resuelto con celeridad, dejó al descubierto las grietas del sistema de designaciones políticas y la delgada línea que separa la competencia técnica de las negociaciones de pasillo.
La historia, que se desarrolló a una velocidad vertiginosa, comenzó el 5 de junio, cuando el Senado ratificó la propuesta del Ejecutivo para nombrar a la economista Soledad Hormazábal como una de las cinco consejeras del FAPP. Su perfil, con reconocida experiencia en materia previsional, parecía idóneo. Pero al día siguiente, el 6 de junio, la noticia explotó: Hormazábal comunicaba al Ministerio de Hacienda su renuncia antes de siquiera ser nombrada oficialmente.
La razón, según informaron medios como Diario Financiero, fue una inhabilidad legal que pasó inadvertida para todos los filtros del gobierno y del Congreso. La ley prohíbe que los consejeros o sus familiares directos participen en la propiedad de una Administradora General de Fondos (AGF). El cónyuge de Hormazábal es cofundador de la AGF SoyFocus, un conflicto de interés insalvable que debió ser detectado mucho antes.
El error forzó al Ejecutivo a una rápida maniobra de control de daños. La silla, que debía simbolizar la solidez técnica de la nueva institucionalidad, quedó vacía, generando una ola de críticas sobre la "desprolijidad" del proceso.
El episodio, aunque breve, permite un análisis desde múltiples ángulos sobre las debilidades sistémicas en la designación de altos cargos públicos.
El 12 de junio, apenas una semana después de la renuncia, el nombre de Rosario Celedón ya sonaba con fuerza. Su oportuna renuncia a un alto cargo en el Banco Central fue la señal definitiva. El 18 de junio, el Gobierno oficializó su nominación, que transitó por el Congreso sin sobresaltos. El 30 de junio fue ratificada en la comisión de Hacienda y el 2 de julio, el pleno del Senado le dio luz verde.
Con su nombramiento, junto a los de Enrique Marshall, Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y Soledad Huerta, el Consejo del FAPP quedó finalmente constituido, listo para iniciar sus funciones el 1 de agosto. La crisis se había cerrado en menos de un mes.
Hoy, con el FAPP en marcha, el incidente de junio parece una anécdota del pasado. Sin embargo, funciona como un recordatorio contundente. La legitimidad de las instituciones autónomas no solo depende de la calidad técnica de sus miembros, sino también de la transparencia y rigurosidad de los procesos que los instalan en el poder.
El nombramiento fallido de Soledad Hormazábal no fue una crisis de Estado, pero sí un síntoma de la persistente tensión entre el mérito y el "cuoteo". El sistema político demostró capacidad para enmendar un error grave con rapidez, pero la pregunta de fondo sigue vigente: ¿se implementarán mecanismos de veto más robustos para evitar que la confianza ciudadana en instituciones clave vuelva a ser puesta a prueba por un error evitable?