Licencias médicas en la balanza: El fraude destapa una pugna institucional sin tregua
La anatomía de una crisis: del viaje al casino
Lo que en mayo de 2025 estalló como un escándalo de proporciones, hoy, más de dos meses después, se ha consolidado como una de las crisis de probidad más complejas y reveladoras del último tiempo. La saga comenzó con un lapidario informe de la Contraloría General de la República: más de 25.000 funcionarios públicos habían viajado fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. La indignación fue inmediata y transversal.
La reacción en cadena no se hizo esperar. El Gobierno anunció el inicio de miles de sumarios administrativos, mientras instituciones como Codelco y la Universidad de Chile desvincularon a decenas de trabajadores. Sin embargo, la herida era más profunda. A principios de agosto, un nuevo cruce de datos de la Contraloría, esta vez con la Superintendencia de Casinos de Juego, arrojó otra cifra impactante: más de 13.000 funcionarios habían asistido a salas de juego durante sus periodos de reposo. Peor aún, 1.486 de ellos eran reincidentes, figurando tanto en la lista de viajeros como en la de apostadores.
El escándalo dejó de ser una anécdota sobre abusos individuales para convertirse en la evidencia de una falla sistémica. La pregunta que hoy resuena ya no es solo quiénes cometieron el fraude, sino por qué el propio Estado fue incapaz de detectarlo y detenerlo a tiempo.
El choque de poderes: tres visiones para un mismo paciente
La crisis ha puesto a los distintos poderes del Estado en un curso de colisión, cada uno con su propio diagnóstico y receta, evidenciando las tensiones que subyacen en la administración pública chilena.
1. El Ejecutivo: Sanciones como señal, reformas en el tintero
La Moneda ha optado por una estrategia de control de daños y mano dura. La instrucción de investigar a más de 6.600 funcionarios por los viajes fue la primera señal. A esto le siguió la solicitud de renuncia a la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, a mediados de junio, un movimiento interpretado como una forma de asumir la responsabilidad política por la falta de fiscalización. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó el último informe sobre casinos como "impresentable", reforzando la línea de condena pública.
Sin embargo, las acciones del Ejecutivo son vistas con escepticismo por algunos sectores. Michel Figueroa, de Chile Transparente, señaló en una columna de opinión que la "agenda de probidad" del gobierno se ha ido "desvaneciendo", pasando de grandes promesas a menciones marginales en las cuentas públicas. La promulgación en mayo de una ley que endurece las sanciones a médicos emisores de licencias fraudulentas fue calificada por los propios parlamentarios como un primer paso necesario pero insuficiente para atajar el problema de raíz.
2. El Congreso: La lupa sobre un sistema fallido
El Poder Legislativo reaccionó creando una comisión investigadora para fiscalizar el otorgamiento y uso de las licencias. La instancia, que ya ha recibido a la Contralora y a la Suseso, ha puesto su foco no solo en los funcionarios, sino en los organismos fiscalizadores como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y ha anunciado su intención de extender la investigación al sector privado.
Diputados de distintos sectores, como Hernán Palma (Ind.) y Roberto Arroyo (PSC), coinciden en la necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalización y modernizar el Estado. Sin embargo, el Congreso se enfrenta a su propia encrucijada. Existe un consenso amplio sobre la enfermedad del sistema, pero un profundo disenso sobre la cura. Propuestas como modificar el Estatuto Administrativo para eliminar el pago íntegro de remuneraciones a funcionarios con licencia antes de su aprobación —un privilegio que no existe en el sector privado— generan inmediatas divisiones políticas y la resistencia de los gremios.
3. Los Gremios: ¿Defensa de derechos o de privilegios?
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha entrado al debate con una postura defensiva. Su presidente, José Pérez, si bien condena el fraude, ha pedido "cuidar la presunción de inocencia" y no estigmatizar a la totalidad de los funcionarios públicos. La ANEF argumenta que el problema de fondo es el ausentismo laboral, un fenómeno complejo que, a su juicio, debe abordarse con diálogo y mesas de trabajo, no con medidas punitivas que podrían mermar derechos adquiridos.
Esta visión choca frontalmente con la percepción ciudadana y la de parte del espectro político, que ven en el sistema de licencias del sector público un foco de privilegios que facilita el abuso. La defensa de la ANEF plantea una disonancia clave en el debate: ¿se están protegiendo derechos laborales legítimos o se está defendiendo un sistema que, en la práctica, ha demostrado tener graves vulnerabilidades a la corrupción y el despilfarro de recursos fiscales?
Diagnóstico final: un debate abierto y una confianza en juego
A más de 60 días del estallido de la crisis, el tema está lejos de cerrarse. Los sumarios administrativos siguen su curso, la comisión investigadora continúa sus citaciones y una reforma legal de mayor calado sigue siendo una promesa. El debate ha expuesto las fracturas de un Estado que lucha por modernizarse, enfrentando la resistencia de culturas corporativas arraigadas y la desconfianza de una ciudadanía que exige, con razón, mayor probidad y eficiencia.
La crisis de las licencias médicas ha puesto al Estado chileno en el diván. El diagnóstico es claro y compartido: el sistema está enfermo. La gran incógnita que queda por resolver es si sus instituciones tendrán la capacidad y la voluntad política para acordar y administrar una cura efectiva.