El Gobierno se vetó a sí mismo para salvar su ley, y sus diputados la llevaron al Tribunal Constitucional: Anatomía de un bloqueo autoinducido

La Paradoja de la Gobernabilidad

A dos meses de su aprobación en el Congreso, la emblemática Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, diseñada por el Gobierno para agilizar la inversión y reducir la "permisología", se encuentra en un estado de parálisis. La ironía es que su principal obstáculo no es la oposición, sino un grupo de 42 diputados de la propia coalición de gobierno que, en un acto de rebelión interna, llevaron el proyecto al Tribunal Constitucional (TC) a principios de julio. Hoy, a 8 de agosto de 2025, la ley que prometía destrabar la economía está, a su vez, trabada, víctima de las contradicciones de quienes la impulsaron.

Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de una estrategia gubernamental que, al intentar evitar un frente de conflicto, terminó abriendo uno mucho más profundo en sus propias filas.

Crónica de un Autogol: El Veto Bumerán

La historia de este bloqueo comenzó el 11 de junio, cuando el Presidente Gabriel Boric ejecutó una maniobra legislativa inusual: vetó dos artículos de su propio proyecto, que ya había sido aprobado por el Congreso. Las disposiciones eliminadas, el artículo 22 sobre inversiones en humedales y el 33 sobre uso de aguas subterráneas, habían sido impulsadas por el mismo Ejecutivo, pero generaban una fuerte resistencia en el ala más ecologista de su coalición.

La jugada era táctica: al suprimir estos puntos, el Gobierno buscaba blindar la ley de un previsible requerimiento de inconstitucionalidad por parte de la oposición. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió la medida en el Congreso, argumentando que las normas originales podían "comprometer la integridad de los humedales".

La oposición reaccionó con dureza. El diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó al Gobierno de no tener "un compromiso real con la generación de inversión". Desde el mundo académico y los centros de estudio, como Libertad y Desarrollo, se advirtió que el "autoveto" sentaba un mal precedente que "afecta la confianza en la palabra empeñada" y siembra dudas sobre la estabilidad de los criterios de la autoridad.

A pesar de que la comisión de Hacienda de la Cámara rechazó inicialmente el veto, este fue finalmente ratificado por la sala, donde la oposición no contaba con los 2/3 necesarios para anularlo. El Gobierno había ganado la batalla táctica, pero la victoria sería efímera.

El Fuego Amigo que Nadie Vio Venir

Una vez despachada la ley "corregida", ocurrió lo inesperado. El 8 de julio, un grupo de 42 parlamentarios oficialistas, liderados por el diputado socialista Daniel Melo e incluyendo a figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista, presentó un requerimiento ante el TC para impugnar la totalidad del proyecto. La misma herramienta que el Ejecutivo temía de la oposición fue utilizada por sus propios aliados.

Esta acción dejó en evidencia la profunda fractura ideológica dentro de la alianza gobernante, dividida entre un pragmatismo económico impulsado desde Hacienda y una base política reacia a lo que considera concesiones al modelo de mercado. Para la oposición, la crisis fue una oportunidad política. El diputado Felipe Donoso (UDI) apuntó directamente a la entonces candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, cuestionando su capacidad de "conducir a sus huestes".

Consecuencias: Incertidumbre Jurídica y Bloqueo Político

El requerimiento sumió al proyecto en un limbo legal y económico. Abogados expertos advirtieron sobre los riesgos. Joaquín Palma, del estudio Palma, señaló que si el TC acogía la impugnación, la ley quedaría convertida en "una especie de auto sin motor", perdiendo herramientas clave como las declaraciones juradas y el congelamiento regulatorio. Otros, como la abogada Paulina Riquelme de EELAW, sostuvieron que el requerimiento partía de una "premisa equivocada", ya que la ley no debilitaba los controles ambientales sustantivos.

Independientemente del resultado técnico, el daño político y la señal de incertidumbre ya estaban instalados. El episodio se convirtió en un caso de estudio sobre la dificultad de gobernar con una coalición fragmentada y un sistema político propenso al bloqueo. Como advirtió el analista Tomás Jordán en una columna posterior, el modelo aprobado es "bastante enmarañado" y supedita las prioridades de inversión a "las decisiones políticas del Gobierno de turno", en lugar de a una estrategia de Estado a largo plazo.

El futuro de la ley de permisos ahora depende del fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la historia de su tramitación ya ofrece una lección madurada con el tiempo: en el Chile actual, las mayores barreras para el avance no siempre provienen de la trinchera opositora, sino de las complejas e irresolutas tensiones que habitan en el corazón del poder.