Este 8 de agosto de 2025, un tribunal arbitral puso cifras a uno de los fraudes corporativos más resonantes de la historia reciente de Chile. La gigante china Joyvio, dueña de Australis Seafoods, logró que se reconociera un sobreprecio en la compra de la salmonera al empresario chileno Isidoro Quiroga, obligando a este último a devolver US$217 millones más intereses. La cifra surge de la diferencia entre los US$920 millones pagados en 2019 y los US$692 millones que, según el laudo, realmente valía la compañía.
Sin embargo, la sentencia está lejos de ser un cierre. Al desestimar la existencia de dolo (intención de engañar) por parte de los vendedores, el fallo deja un manto de ambigüedad que alimenta las batallas legales que siguen. Para Joyvio, es la confirmación de que fueron víctimas de una irregularidad masiva; para la defensa de Quiroga, es la prueba de que no hubo un plan para defraudar. La disputa, que maduró por meses en el silencio de los tribunales, hoy se convierte en un caso de estudio sobre los límites de la ética empresarial, la responsabilidad regulatoria y la confianza en la inversión extranjera.
El núcleo del conflicto es la sobreproducción sistemática de salmones. Durante años, Australis superó los límites de biomasa autorizados en sus concesiones, una práctica que infló artificialmente sus ganancias y, por ende, su valor de venta. Dos meses después de la compra, con la nueva administración china ya instalada, la realidad comenzó a emerger, desencadenando una ofensiva legal sin precedentes.
La perspectiva de Joyvio: La empresa china, representada por el abogado Jorge Bofill, sostiene que fue engañada deliberadamente. Argumentan que la información clave sobre la sobreproducción y sus riesgos fue ocultada durante el proceso de due diligence. “Ya sabemos quién es la víctima y quién es el victimario”, declaró Bofill tras conocer el fallo, subrayando que la sentencia reivindica su posición. Aunque celebran la restitución económica, insisten en que esto “no tiene que ver solo con dinero, sino también con reputación”. La ausencia del dolo en el fallo civil no detendrá su ofensiva en la arena penal, donde buscan probar la estafa y la administración desleal, asegurando tener nuevas pruebas que no fueron consideradas en el arbitraje.
La perspectiva de Quiroga: La defensa del empresario chileno ha construido una narrativa opuesta. Sostienen que la sobreproducción era una práctica extendida y tácitamente tolerada en la industria, y que el problema real fue un “cambio de criterio” por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que endureció su fiscalización después de la venta. El laudo arbitral les dio un punto al validar parcialmente este argumento. Para ellos, Joyvio realizó una mala gestión post-compra y ahora busca culpar a los antiguos dueños. Planean recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones para anular la orden de pago, manteniendo su postura de inocencia.
El caso Australis trasciende la disputa entre dos conglomerados. Sus ondas expansivas golpean tres pilares fundamentales del modelo chileno:
El laudo arbitral ha puesto un precio al engaño, pero no ha resuelto la narrativa. La disputa se traslada ahora con más fuerza a la Fiscalía, donde se determinará si las acciones de los exejecutivos de Australis constituyen un delito penal. Mientras tanto, el fallo actúa como un espejo que refleja las tensiones no resueltas de la élite económica chilena y su modelo de desarrollo. La historia del ocaso del salmón dorado no ha terminado; solo ha entrado en una nueva y decisiva etapa.