Jueces a Votación en México: El Poder Judicial ya no es un contrapeso

El día después del experimento

Han pasado poco más de dos meses desde que México se embarcó en un experimento político sin parangón a nivel mundial: el 1 de junio de 2025, sus ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir a la totalidad de sus jueces, desde magistrados locales hasta los ministros de la Suprema Corte. Hoy, con el nuevo poder judicial en funciones, el debate ya no es sobre la audacia de la reforma, sino sobre sus consecuencias tangibles. La promesa de purificar un sistema judicial corrupto ha dado paso a una nueva realidad donde la separación de poderes, pilar de cualquier democracia, está en entredicho.

La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, nació de un diagnóstico compartido por gran parte de la población: un sistema de justicia lento, elitista y permeable a la corrupción. La solución propuesta fue radical: que los jueces obtuvieran su legitimidad directamente del voto popular. Sin embargo, el día de la elección, el entusiasmo del gobierno chocó con la realidad de las calles: centros de votación semivacíos, ciudadanos confundidos ante papeletas complejas con cientos de nombres desconocidos y una participación que apenas alcanzó el 13% del padrón electoral.

Para el oficialismo, la cifra fue un “éxito” y un “gran ejercicio democrático”. Para los críticos, fue la crónica de un fracaso anunciado, un reflejo de la improvisación y la falta de interés ciudadano en un proceso que, en la práctica, se percibió más como una maniobra política que como una genuina reforma ciudadana.

Preguntas y Respuestas: Las claves del nuevo escenario judicial

1. ¿Se democratizó la justicia o se politizó?

Este es el nudo gordiano del debate. Los defensores de la reforma, como la candidata y activista Olivia Aguirre Bonilla, argumentaron que era la única forma de romper con un poder judicial “intocable” y controlado por “élites y privilegios”. Sostenían que un juez electo por el pueblo tendría mayor independencia que uno designado por influencias políticas o familiares.

En la vereda opuesta, organizaciones como Defensorxs y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtieron sobre los riesgos evidentes. La elección abrió la puerta a “candidatos de alto riesgo”, incluyendo abogados que defendieron a notorios líderes del narcotráfico, como Silvia Delgado, ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La preocupación fundamental es que los nuevos jueces no respondan a la ley, sino a las maquinarias políticas que los llevaron al poder o, peor aún, a los intereses del crimen organizado capaces de financiar campañas o ejercer presión.

2. ¿Quiénes son los nuevos jueces?

Aunque los resultados finales tardaron en consolidarse, la tendencia fue clara desde el principio: una victoria arrolladora de candidatos afines al partido gobernante, Morena. La oposición, fragmentada, llamó a la abstención, dejando el camino libre. La campaña, que prohibía el financiamiento y la publicidad en medios, favoreció a los postulantes que ya contaban con el respaldo de una estructura política nacional. El resultado es un poder judicial ideológicamente alineado con el Ejecutivo y el Legislativo, algo que no se veía en México desde los tiempos del PRI y su dominio de 71 años.

3. ¿Qué significa esto para el Estado de derecho?

La principal consecuencia es el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Durante el gobierno de López Obrador, fue precisamente la Suprema Corte la que frenó varias de sus reformas más polémicas por considerarlas inconstitucionales. Ese dique de contención ha sido reemplazado por un cuerpo de magistrados que, en gran medida, deben su cargo al mismo proyecto político que ahora deben fiscalizar. Para los mercados e inversionistas, la señal fue de incertidumbre. Para los defensores de los derechos humanos, es una alerta sobre la vulnerabilidad de las minorías y la disidencia frente a un poder casi absoluto.

Un debate abierto con consecuencias a largo plazo

La elección judicial en México no es un evento cerrado. Es el primer capítulo de una nueva etapa cuyo desenlace es incierto. El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que esta transformación traerá una justicia más expedita y honesta para el ciudadano de a pie, que sufre a diario las consecuencias de un 90% de impunidad.

Sin embargo, la pregunta que resuena en el país y en la región es si la cura resultó ser más peligrosa que la enfermedad. ¿Puede una justicia que nace de una elección de baja participación y alta politización ser verdaderamente independiente? México ha puesto a prueba los cimientos de su democracia. Los próximos meses y años dictarán si el experimento fortaleció la soberanía popular o si, por el contrario, pavimentó el camino hacia una concentración de poder que erosiona las libertades que la misma justicia debería proteger.