Santiago, 8 de agosto de 2025. Hace unos meses, los titulares sobre los casos Factop y Primus Capital saturaban el debate público. Hoy, con los ecos de la crisis judicial aún resonando —como la detención y reingreso a prisión preventiva de Francisco Coeymans en julio—, es posible analizar con distancia las consecuencias estructurales de aquel sismo. Más allá de los fraudes, lo que ocurrió fue un violento reacomodo del poder económico. ¿Qué cambió realmente en el mapa financiero de Chile? A continuación, desglosamos el nuevo escenario en un formato de preguntas y respuestas.
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1. ¿Fue la caída de las "factotechs" solo un caso de corrupción o algo más profundo?
Fue el colapso de un modelo. Las investigaciones que se profundizaron durante junio y julio de 2025 sobre Factop y Primus Capital revelaron más que esquemas de facturas falsas; expusieron la fragilidad de un ecosistema financiero paralelo, de alto riesgo y baja regulación, que había crecido a la sombra de la banca tradicional. La caída de sus principales operadores no fue un evento contenido. Actuó como un catalizador que forzó una reconfiguración de la propiedad y la estrategia en múltiples sectores.
El caso más emblemático es el de Grupo Patio. Los correos electrónicos revelados en junio en el marco de la investigación mostraron cómo la familia Jalaff, implicada en el escándalo, se vio forzada a vender su participación. La crisis no abrió el juego a nuevos actores, sino que lo consolidó. Fueron sus socios ya existentes, como los grupos liderados por Eduardo Elberg y las hermanas Luksic, quienes adquirieron el control, afianzando su poder en uno de los conglomerados inmobiliarios más importantes del país. La operación, valorizada por Econsult, demostró cómo la inestabilidad de unos se convirtió en la oportunidad de fortalecimiento para otros.
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2. Si el poder se concentró, ¿qué pasó con el resto de los capitales?
Buscaron nuevos horizontes, en una mezcla de estrategia de crecimiento y diversificación de riesgo. Mientras los grandes grupos se fortalecían internamente, una notable ola de internacionalización se aceleró entre gestoras de fondos y empresas chilenas.
No todas las aventuras internacionales han sido exitosas. El Grupo Sartor, afectado por la intervención de su propia administradora de fondos, informó este mes la venta de su negocio en Uruguay, un repliegue que evidencia los riesgos de una expansión sin una base local sólida.
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3. ¿Cómo reaccionó el sistema para evitar que algo así vuelva a ocurrir?
Con un endurecimiento normativo y una sofisticación del mercado legal. El Estado, a través de ChileCompra, anunció en julio un hito en transparencia: la identificación de más de 148.000 beneficiarios finales en las compras públicas. Esta medida, impulsada directamente por los escándalos de corrupción, busca desmantelar las complejas mallas societarias que permitían ocultar conflictos de interés.
Paralelamente, el mercado de servicios legales se ha reconfigurado. En junio se observó un notable movimiento de talentos: ex abogados de estudios de primer nivel como Carey fundaron boutiques especializadas en tributación, mientras que el exjefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional se unió a un estudio privado. Este fenómeno, conocido como "puerta giratoria", refleja la creciente demanda de expertise para navegar un entorno regulatorio más complejo y litigioso.
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4. ¿Está el tema cerrado?
No. El mapa del poder financiero en Chile ha sido redibujado. Hoy está más concentrado en la cima, es más internacional en sus operaciones y opera bajo un escrutinio regulatorio más estricto. El sismo silencioso no solo derribó a los actores más arriesgados, sino que fortaleció las estructuras de los más poderosos y empujó a otros a buscar refugio en el extranjero. La narrativa de los últimos meses no es solo sobre un fraude; es sobre la transformación silenciosa de la economía chilena, cuyas nuevas fallas geológicas apenas comenzamos a comprender.